Nadie estará a salvo a menos que todos lo estemos

Estos días, si uno lee la prensa, parece que vamos dejando atrás la pandemia. Los ritmos de vacunación en los países ricos cada vez van más rápido-entre el 20 y el 60% de la población ya ha sido vacunada- y las estimaciones proyectan que estaremos todos inmunizados el 8 de enero de 2022.

Pero esta realidad es completamente distinta en los países de renta media y baja donde el virus seguirá arrasando. Mientras en los países ricos el ritmo es bueno: a razón de 4,6 millones de dosis diarias; en 76 países del mundo, como Chad o Tanzania, ni siquiera el personal sanitario que está en primera línea ha sido vacunado. En el continente africano las tasas de vacunación completas son inferiores al 0,2%. En los países más pobres la administración de la vacuna avanza con cuentagotas: 63.000 dosis por día, lo que significa que tardarán 57 años en librarse del virus. 

Es obsceno e inaceptable. Son cifras demoledoras que muestran cómo miles de millones de personas están condenadas a vivir bajo el riesgo sanitario del virus y sus consecuencias económicas. A lo largo del último año, la pandemia nos ha hecho retroceder más de una década en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, y se han incrementado en más de 200 millones el número de personas en situación de pobreza. Si no actuamos ahora, con determinación y contundencia, veremos cómo esta doble crisis se alarga inexorablemente entre los países y comunidades más pobres del planeta.

En febrero, los líderes de G7 ya se reunieron sin llegar a acuerdos concretos para responder a la pandemia. Este fin de semana, una nueva cita, esta vez en Cornualles. Entre las dos fechas: 4 meses y un millón de personas más fallecidas a causa del COVID. 

Una vez más los líderes del G7 han demostrado no estar a la altura de las circunstancias. Frente a la mayor emergencia sanitaria en el último siglo, fracaso monumental de una cumbre que se cierra con compromisos etéreos y decisiones que demuestran mayor preocupación por proteger los monopolios y los intereses de las grandes farmacéuticas, que por proteger a las personas. Por supuesto, el anuncio de la donación de 1.000 millones de dosis es bienvenido, aunque llegan tarde y son insuficientes, ya que la cifra está muy lejos de los 11.000 millones necesarias para derrotar al virus. La Declaración de Carbis Bay para prevenir futuras pandemias también es bienvenida, aunque yo hubiera preferido compromisos firmes para acabar con la pandemia actual en lugar de promesas de futuro. 

Estas promesas y donaciones del G7 enmascaran un fracaso estrepitoso en lo más importante: acordar acciones urgentes para terminar con esta pandemia y resolver los problemas fundamentales que impiden que las vacunas sean accesibles para la gran mayoría de la humanidad. Si de verdad queremos prepararnos contra la próxima pandemia, lo que necesitamos es una red de fabricantes de vacunas administrada y financiada con fondos públicos en todo el mundo, no condicionada por las limitaciones de la propiedad intelectual. 

La protección de las patentes cuesta vidas humanas. La falta de inversión en los mecanismos COVAX de la Organización Mundial de la Salud cuesta vidas. El egoísmo y la falta de constancia de los gobiernos ricos y del G7 para poner en marcha los mecanismos que garanticen un acceso justo a las vacunas cuestan vidas: ocho vidas cada minuto que pasa.

La vacunación no puede ser objeto de mercadeo y de negociación, donde las grandes farmacéuticas controlan la producción, la distribución y el acceso. Las vacunas deben ser consideradas un bien público global. Los niveles de producción actuales distan mucho de los 12.000 millones de dosis necesarias–hasta la fecha apenas 2.000 millones de fabricadas- y aunque la suspensión temporal de las patentes, los diagnósticos y los tratamientos no son condiciones suficientes, son piezas críticas y necesarias de la solución. 

Necesitamos una hoja de ruta clara, financiada por las naciones ricas, para acelerar e incrementar la vacunación en todo el mundo, construida sobre una red global descentralizada de productores que comparta conocimientos y tecnología permitiendo precios más asequibles y una asignación justa de las dosis para todas las personas. Una hoja de ruta que responda de forma específica a conseguir la inmunización en los países más pobres y con recursos escasos para proteger a sus habitantes, ampliando las dotaciones financieras para COVAX, garantizando acceso sin coste y ampliando las inversiones para reducir la precariedad de sus sistemas de salud.

La ciudadanía lo tiene claro, pero los gobiernos no responden y siguen sin estar a la altura del desafío. Más de 2,7 millones personas han firmado la petición del movimiento PeoplesVaccine y un 70% de la población en los países del G7 afirma que quiere que sus gobiernos hagan lo correcto: apoyar la liberación las patentes para que las empresas compartan sus conocimientos y tecnología. El momento es ahora. Nadie estará salvo a menos que todo el mundo lo esté.