¿Qué pacto para qué educación?

El 29 de diciembre de 2013 entró en vigor, con el rechazo unánime de toda la Comunidad Educativa, la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Dicha ley se aprobó con los únicos votos a favor del Partido Popular, aún a sabiendas de que su reforma educativa nacía ya con fecha de caducidad. El 13 de junio de ese mismo año todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, UPyD y parte del Grupo Mixto firmaron, junto con los principales sindicatos y representantes del alumnado y las familias, el compromiso de su derogación.

Con el nuevo escenario parlamentario surgido de las elecciones del 20 de diciembre, que viene a cristalizar la aspiración de cambio político de buena parte de la sociedad, los partidos del régimen y su recambio se han apresurado a invocar el recurrente “Pacto Educativo”. Sorprende, en primer lugar, que habiendo tenido cuatro años en el Gobierno para escuchar a la Comunidad Educativa y al resto de fuerzas políticas, el Partido Popular apele ahora a la necesidad de alcanzar un pacto nacional por la educación. Es legítimo plantear la necesidad de alcanzar un acuerdo que dote de estabilidad al sistema educativo español, especialmente después de que este haya vivido siete reformas en 38 años de democracia, dos de las cuales ni siquiera llegaron a aplicarse. Sin embargo, alcanzar un gran acuerdo sin contar con la participación de los y las profesionales de la educación, sin las familias, y sin el propio alumnado es la única forma de fracasar antes de empezar a redactar la nueva ley, y en eso el Partido Popular debería haber aprendido.

Nos encontramos ahora, por la irresponsabilidad de un Gobierno aún en funciones, ante la necesidad de reabrir el proceso de diálogo que le fue negado a la Comunidad Educativa. Toca ahora asumir la responsabilidad de elaborar de manera participada una nueva Ley que derogue la LOMCE antes de que ésta acabe de implantarse. El proceso de implantación de la Ley Wert ha supuesto para el alumnado, las familias y el profesorado una gran incertidumbre e inseguridad, pero sobre todo desconfianza en unos gobernantes que no han estado a la altura de lo que la sociedad les demandaba.

Es urgente derogar la LOMCE, pero no sólo porque se haya aprobado de espaldas a la Comunidad Educativa y con su clara oposición. Urge derogar esta ley por su contenido, y también por la agenda oculta que plantea. Esta ley exige al alumnado volver a demostrar que ha aprendido para obtener el título, segrega al alumnado en función de sus resultados académicos, denosta las enseñanzas artísticas y humanísticas, acaba con la gestión democrática de los centros escolares y en resumen, sirve para generar mano de obra precaria y acabar con el carácter compensador de las desigualdades que debe tener la educación.

En cuanto a su agenda oculta, esta ley recuerda poderosamente al ataque de George W. Bush a la enseñanza pública en Estados Unidos. Un recorte obsceno de la financiación a la escuela pública e implemento de sistemas de evaluación estandarizada. Reconvertir la evaluación al alumnado en una evaluación de las propias escuelas permite generar un ranking de centros en función de sus resultados académicos, en el que las escuelas públicas con menos recursos obtienen peores resultados. Esto justifica después su cierre y el traspaso de financiación hacia centros privados con “mejores resultados”.

Alguien podría pensar que en nuestro país avanzamos también en esa dirección cuando, desde el año 2009, se inició una reducción de la inversión en educación por parte de todas las administraciones educativas. En el período 2009-2015, el propio Ministerio estima que el conjunto de las administraciones educativas han dejado de invertir 36.623,3 millones de euros en partidas destinadas a Educación, situando la inversión pública en niveles previos al año 2007. Mientras ocurría esto, el aumento de las transferencias a la educación privada se incrementó en un 25%, sólo en el periodo 2013-2015.

Tras el cambio político producido el 20 de diciembre el debate sobre el modelo educativo vuelve a estar abierto. Para pensar el futuro hace falta conocer el pasado, y el pasado liderado por el Partido Popular está plagado de recortes e inequidad.

Replantear el modelo educativo pasa necesariamente por abordar cuestiones fundamentales como la participación de la comunidad educativa en las decisiones que les afectan e importan, la financiación del sistema, el modelo de gestión de los centros, el derecho al acceso a la educación superior y la garantía del derecho a la educación desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida. Si tuviéramos que elegir un referente en materia educativa, nosotras preferiríamos parecernos a Finlandia antes que a Estados Unidos. Y es que lo que no se dice sobre el modelo educativo finés es que más del 90% de la enseñanza es pública. Cuando se le pregunta a los responsables del Ministerio de Educación en dicho país sobre la libertad de elección de centro, contestan que elegir centro no tiene ningún sentido, porque todos los centros públicos son de excelente calidad, y la gente sólo tiene que preocuparse por inscribir a su hijo o hija en el centro más próximo a su domicilio.

Si tuviéramos que resumir en una frase cuál es nuestra  prioridad en materia de educación, sería que cualquier persona pueda recibir una educación individualizada y de calidad que le permita desarrollar al máximo todas sus capacidades, independientemente de si reside en un barrio humilde o en una urbanización de clase alta. Y eso pasa por blindar la inversión en educación, por garantizar la igualdad de oportunidades desde la etapa 0-3 años, por revertir los recortes y las subidas de tasas universitarias, pero sobre todo, por escuchar y hacer partícipe a la Comunidad Educativa de las decisiones que determinan su futuro.

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*Ione Belarra es Diputada de Podemos por Navarra y Portavoz Adjunta de Educación

Irene Montero es Diputada de Podemos y Portavoz de la Comisión de Educación

Adrián Bustos es Psicopedagogo y Asesor para la Comisión de Educación