Reforma fiscal: mucho depende de Biden

Tras los empleos, los impuestos: después del jaleo por la reforma laboral, llega la reforma fiscal. La propuesta del grupo de sabios encargada por la ministra Montero, al fin hecha pública, muestra que es hora de dejar de mirarnos el ombligo. El mundo está en un momento crítico para dar un giro fundamental hacia una fiscalidad justa, que abarca desde la economía digital al medioambiente, pasando por las grandes fortunas o el patrimonio. La reforma llega muy condicionada por una serie de decisiones de ámbito europeo y global que determinarán si tras la pandemia prevalece o no un modelo para revertir la desigualdad a gran escala. Nuestra modernización tributaria - incluidos patrimonio, empresas, IRPF, IVA, impuestos verdes y digitales - no puede abordarse ya como algo “nacional”. Esta no es una batallita más entre socialistas, podemitas, peperos, voxeros o nacionalistas. Es parte de una batalla total - política, ideológica, técnica - donde a España se le plantean distintas opciones de política europea, de política exterior e incluso de geopolítica.

Hay que empezar mirando al EEUU de Biden. En poco mas de un año, se ha pasado de liderar una “revolución” fiscal, dentro y fuera del país, al estupor de un bloqueo en el Senado. Biden pretendía revertir de manera fulminante la regresiva reforma fiscal de Trump de 2017. Quería imponer el “pay your fair share” (paga lo que te corresponde) a las corporaciones, los 700 super-ricos, o los grandes patrimonios, para financiar la deuda generada por los planes sociales y medioambientales, y de paso reconstruir la clase media. Sin embargo, eso no ha prosperado: la batería inicial de reformas impositivas se ha ido descafeinando, hasta quedar arrinconada dentro de la famosa Build Back Better de los 1.75 billones de dólares. Fatalmente, la ley ha quedado varada en el Senado, y con ella su parte tributaria. No solo los Republicanos están aplicando un cruel filibusterismo; también hay desacuerdos entre los Demócratas - para unos es técnicamente confusa; para otros, solo beneficiará a las rentas altas de Estados ricos como California. En el frente internacional, las cosas están algo mejor. Biden logró (aunque a la baja) un gran acuerdo global sobre tributación de las multinacionales en el G20 de Roma, en línea con los pilares OCDE I (reparto de beneficios), y II (tributación mínima del 15%). Pero también aquí queda lo peor: la previsible trifulca por su ratificación en el Senado, y más por razones tácticas de los Republicanos que por desacuerdos de fondo. Dentro y fuera de EEUU, se extiende un sentimiento de decepción e impotencia. Posiblemente nada se va a mover hasta después las mid-term de noviembre. ¿Fin de la “revolución fiscal”? 

Lógicamente, Europa y regiones como América Latina están mirando de reojo a ver qué pasa en EEUU antes de dar grandes pasos adelante con las reformas fiscales, domésticas y en el ámbito OCDE. Ningún gobierno (ya lo han dicho polacos o húngaros) quiere quedarse en desventaja competitiva ni pagar un alto coste político. Muchos en Europa y las Américas ya están dejando caer que la “revolución fiscal” tampoco toca ahora. Unos (aprovechando que el Pisuerga pasa por Ucrania) prefieren agitar el fantasma de la inflación, y nos apremian a recortar gastos para reducir la deuda. Otros machacan con la “pre-distribución”: centrémonos mejor en igualdad de oportunidades y no tanto en los impuestos. ¡Como si éstos no fueran complementarios!. En realidad, ambos posicionamientos no están teniendo en cuenta la realidad de unos sistemas fiscales profundamente injustos y disfuncionales. 

Idealmente, EEUU y Europa deberían mover ficha conjuntamente. Pero mientras se despejan incógnitas como EEUU o la guerra de Ucrania, hay varios aspectos en los que el gobierno español debería poner las luces largas, en nuestro propio interés y en el del resto

Primero, la UE queda como la referencia inmediata que va a determinar el margen de acción español. Afortunadamente, la Comisión Europea lanzó en diciembre la revisión de su marco fiscal y la “canasta de recursos propios” para amortizar los 800.000 millones de euros del EU Next Generation. Para España hay varios frentes abiertos que resultan estratégicos. Este año (y seguramente después), al gobierno le tocará gestionar la implementación de ese marco, si quiere llegar a la presidencia de la UE en la segunda mitad de 2023 con buenas credenciales. Para empezar, está la Directiva para la implementación del acuerdo de tributación mínima del 15%. Según el Observatorio Fiscal de la UE, podría llegar a aportar a las arcas europeas 83.000 millones de euros adicionales, de los cuales España ingresaría 5.200 millones (un 18% de la recaudación actual). Igualmente clave es dar un acelerón a las nuevas fuentes de ingresos medioambientales, entre ellos el refuerzo del mercado de emisiones, o el ajuste en frontera de CO2. 

Segundo, España debería promover en la UE importantes ajustes para una implementación más equilibrada del pacto de tributación internacional, especialmente en relación a los países de renta media latinoamericanos, muy vulnerables y dependientes de la inversión extranjera. En esto, la urgencia fiscal de América Latina es mucha, porque, a diferencia de EEUU y de la UE, la región no dispone de instrumentos propios monetarios (no hay Reserva Federal-dólar, o BCE-euro), ni fiscales (no puede generar sus Fondos de recuperación). La recaudación media sigue estancada en menos del 23% del PIB (once puntos por debajo de la OCDE) mientras la deuda se ha disparado. Incluso debemos ir más allá: extender esos ajustes a los países pobres. Hay muchas ideas sobre la mesa: distribuir y re-invertir adecuadamente los 150.000 millones de dólares que se van a liberar. O recaudar más, extendiendo la tributación a servicios y multinacionales digitales de tamaño medio. O dificultar las posibles tentaciones de dumping fiscal al que invita el mínimo del 15%. Los próximos debates del G20 en Indonesia, la OCDE, el FMI, Naciones Unidas, o incluso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), podrían generar masa crítica si cuentan con respaldo europeo. La UE tiene que concretar con América Latina cómo elevar a prioridad conjunta el pacto fiscal y social. Y el gobierno español podría impulsar dichos ajustes en la próxima Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo.

Tercero, el acuerdo sobre tributación de multinacionales tiene que acompasarse del desmantelamiento progresivo del eje transatlántico de la elusión y la evasión fiscal: el circuito que conecta fortunas y paraísos fiscales de América Latina, Caribe, Europa y estados fideicomisos como Delaware o Dakota del Sur. No puede haber revolución fiscal mientras EEUU ocupa el quinto puesto del ranking mundial de ocultación, Países Bajos y Luxemburgo hacen de paraísos fiscales, y los países europeos dejan escapar anualmente decenas de miles de millones de euros. También es hora de acabar con el realismo mágico fiscal latinoamericano: no puede ser que la región - Brasil, Colombia, México a la cabeza - desvíe 40 mil millones de dólares a estructuras offshore (Tax Justice). O que se evaporen del fisco latinoamericano 325 mil millones de dólares, el 6% de su PIB (CEPAL).

Finalmente, deberíamos reivindicar el argumento democrático: devolver la confianza a las clases medias en los valores y las instituciones de nuestras democracias, hoy de rodillas bajo los miles de papeles de Pandora o de Panamá. Al final, el mayor obstáculo para la revolución fiscal no es técnico, sino el coste político interno; por eso los gobiernos necesitan el apoyo inequívoco de la ciudadanía. Parlamentos y sociedad civil de España, Europa y las Américas deberían darse prisa, mientras aún hay momentum fiscal, para exigir valentía a nuestros gobiernos y tejer grandes redes de solidaridad. Se llame revolución, reforma o transición, si no es ahora, puede que ya no sea nunca.

director de Política Exterior de la Fundación Alternativas