Solidaridad europea para proteger el Estado del bienestar: respuesta a la COVID-19

Del análisis de las acciones políticas y consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus, se hace evidente que la situación recuerda a la crisis de 2008. Esta crisis, siendo en su génesis de salud, acabará sin lugar a dudas, como ya lo está haciendo, en una crisis económica y social. Pero si no queremos repetir los errores de entonces, urge poner en marcha los cambios estructurales necesarios para blindar los derechos sociales y servicios públicos universales que protejan el bien común y distribuir la carga de su financiación allá donde se concentra el poder económico.

Rescates sin condicionalidad para los Estados y con condicionalidad para las grandes empresas y fortunas

La condicionalidad macroeconómica no es aceptable en los rescates que vayan a ser necesarios para estabilizar la economía en esta crisis, pues los Estados ya habían hecho sus deberes de disciplina presupuestaria y consolidación fiscal. Los gobiernos tienen además que poder utilizar los recursos de los préstamos para corregir los desequilibrios sociales principales: asistir a las personas que pierdan sus empleos; ayudar a autónomos con subsidios y con inversión para reconstruir su actividad; fortalecer los servicios públicos y sociales; asegurarse en fin, de que en lugar de que crezca la pobreza, salgamos de esta crisis habiendo fortalecido no solamente la economía sino la justicia social.

Las condiciones hay que ponerlas a la financiación a la que accedan las grandes empresas: prohibición de recompra de acciones, de pago de dividendos, de reparto de bonos a los ejecutivos a las empresas que accedan a las ayudas, además de exigirles la implementación de un paquete de medidas para asegurar la democracia en el lugar de trabajo.

Cualquier paquete de medidas, tendrá que incluir el aumento de impuestos a las grandes fortunas y corporaciones, así como acuerdos a nivel europeo para cercar a los defraudadores de impuestos a nivel transnacional y erradicar los paraísos fiscales, sobre todo dentro de las fronteras europeas, que curiosamente, algunos son los mismos que en el Consejo Europeo se oponen a las medidas de solidaridad como la mutualización de la deuda o el Plan Marshall reclamado por el gobierno español.

Otra gobernanza es posible: el Semestre social y sostenible

Desde que se instauró en 2010, los socialistas en el Parlamento Europeo criticamos el Semestre europeo como mecanismo de propagación de las políticas de austeridad a todos los países y en todas las áreas, sobre todo las de índole social. Pedimos la creación de una tabla de indicadores sociales para prever el impacto social de las medidas de ajuste macroeconómico. Esto nos sirvió para hacer ver que las políticas de austeridad eran insostenibles socialmente y que las recomendaciones específicas por país tenían que incluir sugerencias de intervención en lo social para aliviar la pobreza y mejorar la calidad del empleo.

Del desequilibrio economicista y las terribles consecuencias sociales nació nuestra reivindicación del Pilar Social Europeo, como contrapeso a la absoluta primacía de la Unión Económica y Monetaria sobre todos los demás objetivos recogidos en los tratados de la UE, y nuestra demanda de que sus principios se integraran en la tabla de indicadores sociales del Semestre. Finalmente, durante la última campaña electoral europea, desde el grupo socialista solicitamos que el Semestre se convirtiera en el Semestre Sostenible, de forma que su principal cometido fuera la coordinación de las políticas económicas y sociales nacionales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, la eficacia del Semestre nunca será la misma en la parte social si no se establece para los objetivos del Pilar Social y los ODS la misma obligatoriedad que se da al equilibrio presupuestario y la reducción de deuda pública. Por esto, seguimos defendiendo que se acuerde un Pacto de Desarrollo Sostenible y Progreso Social que sirva como equilibrio frente al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y que establezca esta obligatoriedad para los objetivos sociales.

Frente a la disciplina, más flexibilidad, protección y recaudación

La aprobación de un Pacto de estas características, dejaría en evidencia la necesidad de sustituir el Pacto de disciplina presupuestaria por otro en el que se equilibren la necesidad de tener unas cuentas públicas saneadas con la obligación de proteger el Estado de bienestar y la calidad de la vida de los ciudadanos.

La flexibilidad es necesaria, pero significa endeudamiento público. Lo que fortalecerse son las fuentes de financiación para hacer frente a ese endeudamiento, equilibrando las cuentas por las vías de la recaudación. Hay que recordar dónde se concentra esa riqueza que no paga impuestos: según estimaciones recogidas por el FMI en 2016, hay hasta 36 billones de euros en paraísos fiscales (15% del PIB para la Europa continental); según el BCE, los fondos de inversión en la UE controlan unos de 13 billones de euros (10 veces el PIB de España), siendo el total de los activos de las entidades financieras no bancarias 42.3 billones de euros; las inversiones fantasmas se cifran en unos 15 billones (el PIB de China más Alemania), siendo Holanda y Luxemburgo el destino del 50% de la inversión fantasma mundial.

Test de estrés de los sistemas sociales

Para fortalecer el sistema bancario tras la crisis financiera, se instauraban en 2011 los stress test del BCE. Sin embargo, son los sistemas de protección social los que sufren ahora una situación real de estrés y presión sin parangón en la UE que conocemos los españoles. De momento, se están salvando a costa de inyecciones de ingentes cantidades de dinero público, prestado éste por entidades financieras y por compras de deuda del BCE.

Es pues esencial instaurar los tests de estrés para los sistemas de protección social, comprobar su resiliencia en condiciones de crisis de diferentes tipos y analizar las debilidades de los servicios públicos y sociales esenciales, ver si están suficientemente dotados a nivel presupuestario y de medios, qué niveles de empobrecimiento son capaces de compensar en caso de dificultades económicas, desempleo, etc. Haría pues falta una Autoridad Europea de Protección de los Sistemas sociales (AEPSS), con un fondo propio que pueda rescatar a esos sistemas sociales en caso de shock o crisis y venga a complementar las necesidades puntuales que surjan. Estos tests no se habrán de limitar solamente a revisar y fortalecer en su caso las prestaciones sociales, sino a robustecer el conjunto de los servicios públicos en todos los sistemas de bienestar y reforzar el Estado protector y garante, como el mejor instrumento para salvaguardar a la ciudadanía ante situaciones de verdadera crisis, como la que estamos sufriendo.

En conclusión: ante la situación de shock social y económico que estamos viviendo, todos los grupos sociales, incluidos los menos afectados en teoría, y todas las empresas, incluidas las más grandes, están reclamando la intervención del Estado. Sin embargo, el Estado, pauperizado y adelgazado por las políticas de austeridad, ha sido limitado legal y financieramente para intervenir en muchas áreas. Lo mismo ocurre a nivel europeo, donde las competencias en materia social son casi inexistentes. Si realmente existe este consenso sobre el intervencionismo estatal y europeo en tiempos de crisis, tendremos entonces que aprovechar el momento y revisar esas limitaciones, analizando cuáles de ellas son en realidad frenos y obstáculos a la labor protectora del Estado democrático, que tanto se está demandando, y qué mecanismos son necesarios para que la Unión Europea sea también ese paraguas protector de las condiciones de vida de los ciudadanos.