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No solo desescalar el confinamiento sino también prepararse para el otoño

El invierno será cálido después del otoño más seco del siglo XXI

Alberto Infante Campos / Daniel López-Acuña / José Martínez Olmos

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Empezamos a observar ya los efectos positivos del confinamiento: la disminución del incremento de las cifras de nuevos casos, ingresos hospitalarios y número de fallecidos, lo cual nos acerca al objetivo deseado de conseguir un crecimiento cercano a 0 en todos estos indicadores, unos antes que otros.

Está claro que, en lo inmediato, debemos continuar enfrentando la emergencia sanitaria, detectando precozmente los nuevos casos, vigilando su evolución, rastreando a sus contactos, atendiendo cuanto antes a los pacientes que lo necesiten, asegurando el aislamiento domiciliario o en hoteles medicalizados para quienes sean transmisores positivos, pero no tengan síntomas o estos sean leves, protegiendo de esa manera a las personas de su entorno.

Como hemos señalado anteriormente, para lograrlo, habrá que reforzar la capacidad de actuación de los profesionales de los servicios de salud pública y de atención primaria, aumentando sus capacidades de intervención en el control de la pandemia.

También sigue siendo necesario fortalecer los mecanismos de protección de los profesionales sanitarios, de quienes cuidan a la población vulnerable y de quienes forman parte de servicios esenciales, o han reiniciado la actividad laboral.

Y seguirá siendo imprescindible el cumplimiento del confinamiento obligatorio y del resto de medidas de protección individual, incluido un uso cada vez más generalizado de las mascarillas en ambientes públicos cerrados, sobre todo si se convive con personas de riesgo.

Aunque disminuyan sustancialmente las cifras de nuevos casos, de personas ingresadas y de fallecidos; aunque en muchos momentos y en determinados territorios estas cifras sean 0 o casi 0; aunque aumentemos sustancialmente el número de pruebas y aislemos precozmente a los positivos y tratemos rápidamente a los casos leves, incluso aunque se encuentren tratamientos que mejoren el pronóstico de los casos más graves, el virus seguirá circulando y puede rebrotar. Es lo que nos están demostrando las recientes experiencias de China, Corea, Singapur y Japón.

Por eso hemos insistido en que debe ser un proceso paulatino y gradual: por etapas, por grupos y por territorios, a partir del momento en el que estemos en un índice de contagio lo suficientemente bajo, lo más cercano posible a 0, y el resto de los elementos de seguridad sanitaria antes mencionados hayan sido reforzados.

En todo caso, los servicios de salud, además de seguir atendiendo las necesidades de los pacientes de COVID-19 y de ir recuperando la actividad programada en consultas y revisiones, en pruebas diagnósticas y en actividad quirúrgica, deberán sacar las lecciones derivadas del periodo de sobrecarga asistencial que empezamos a dejar atrás.

Y la primera es que, de cara al otoño, los servicios de salud pública y los dispositivos de atención primaria de los servicios regionales de salud deberán ser capacitados y reforzados. No hay excusas. La experiencia de países que se anticiparon a la aparición de los casos graves y detectaron los casos asintomáticos y leves en el domicilio o en las consultas de atención primaria (y los notificaron y trataron pronto), así lo demuestra.

La segunda es seguir trabajando intensamente con las residencias de mayores y personas discapacitadas para tenerlas a punto cara al otoño. Todo parece indicar que una parte sustancial de la mortalidad por COVID-19 en España se ha producido en personas que vivían, o contrajeron la enfermedad, en esas instituciones. Queda por conocer el alcance real de dicha mortalidad y las circunstancias en que se ha producido. El Gobierno ha pedido un informe a las Comunidades Autónomas, y se ha comprometido a analizar los resultados y comunicarlos a la opinión pública. No se puede seguir en la situación que tenemos.

La tercera es que en los hospitales deberá mantenerse una capacidad instalada suficiente para hacer frente a un eventual y súbito incremento de casos. Esa capacidad suplementaria deberá estar disponible hasta que se cuente con una vacuna eficaz y accesible, y habrá de estar atendida por personal especialmente entrenado y bien equipado. Lo ideal sería que se elaboren planes de contingencia para que organizasen como unidades diferenciadas con flujos completamente separados de los que siguen los pacientes de otras patologías.

La cuarta es que debería elaborar una estimación razonable de necesidades de recursos humanos para reforzar el Sistema Nacional de Salud, cuyos profesionales han estado (y siguen estando) sometidos a un desgaste enorme. Ello debería incluir también al Ministerio de Sanidad y al Instituto de Salud Carlos III, cuyos cuerpos técnicos se han visto disminuidos en los últimos años y deberán reforzar sus efectivos. Debería asimismo considerarse el crear la Agencia Estatal de Salud Pública contemplada en la Ley de Salud Pública de 2011.

La quinta es que los mecanismos de incorporación de la red asistencial privada a la red sanitaria pública deberán seguir activados (o se deberán poder activar rápidamente) en cuanto se considere necesario, incluidos los laboratorios capaces de procesar las pruebas necesarias.

La sexta es que la capacidad de producción y distribución de EPIs, respiradores, pruebas diagnósticas y otros elementos requeridos se debe seguir incrementando sustancialmente de forma que se puedan constituir reservas estratégicas de estos materiales y/o contar con líneas de producción especiales, llegado el caso.

La séptima es que habrá que asumir cambios en las conductas que incorporen un cierto grado de protección individual y de limitación de los contactos sociales (y en ocasiones también de la movilidad) durante varios meses. Cambios y limitaciones que podrán variar en función de la evolución de la pandemia en el conjunto de España (o en determinados territorios), de las actividades de que se trate (industrias, comercios, espectáculos, concentraciones deportivas o de otro tipo, viajes, etcétera) y, también, de las características de las personas (niños, escolares, distintos tipos de trabajadores, personas mayores, etcétera). El catálogo de situaciones será amplio como también el de ejemplos de los países de nuestro entorno. Un factor muy importante es la capacidad de las personas y los grupos afectados para comprender y aceptar esas limitaciones y los cambios que puedan ir surgiendo, así como la factibilidad de, llegado el caso, hacerlas cumplir. Todo ello requerirá sin duda, una paciente, amplia y bien articulada pedagogía social. En este apartado el reto es formidable. La fatiga acumulada tras varias semanas de confinamiento estricto no puede ser subestimada en ningún caso.

Recobrar una “nueva normalidad” tomará meses y no hay un camino establecido de antemano. Lo mejor para empezar a recorrerlo sería que el mapa del territorio y la brújula que nos guíe la construyamos entre todos (Gobierno, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, sociedades científicas, organizaciones profesionales, agentes sociales, organizaciones no gubernamentales). Sensibles a las demandas expresadas por tal o cual colectivo, pero sin perder de vista al conjunto.

Se trata de un proceso inédito, con riesgos e incertidumbres, que tiene implicaciones no solo sanitarias sino también, y simultáneamente, económicas, sociales, psicológicas, jurídicas, culturales… Las decisiones que se tomen tendrán ventajas e inconvenientes que deberán sopesarse con gran cuidado. Habrá zonas grises, intereses encontrados, tensiones. Sin embargo, al final, en caso de duda, deberá prevalecer el interés general sobre cualquier interés particular, la protección de la salud frente a otras consideraciones.

En base a orientaciones proporcionadas por el Gobierno, procede la elaboración de planes específicos de desescalada para cada Comunidad Autónoma, que involucren a los distintos actores en cada territorio, en los que se contemplen las peculiaridades de la pandemia en cada escenario. Deberían ser finalmente debatidos en la Conferencia de Presidentes, ya que ello podría ser una estrategia razonable. De este modo se disminuirían los riesgos, se acotarían las incertidumbres y se aumentaría la confianza.

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