El aborto: el latido ultra del PP

La misma semana en la que Borja Sémper aterrizaba de nuevo en el PP con el objetivo de conducirlo a la moderación y al centro, el Gobierno de Castilla y León, dirigido por su partido, presentó un protocolo intimidatorio contra el libre ejercicio del derecho al aborto. García-Gallardo, de Vox, anunció en la misma comparecencia que de embarazos no sabe mucho pero, a pesar de este desconocimiento, se les había ocurrido un nuevo protocolo al respecto dirigido también a las mujeres que quieran abortar, y que supone la posibilidad de escuchar el latido del corazón del feto, recibir asistencia psicológica específica y acceder a una ecografía 4D. El objetivo, según García-Gallardo, es que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo tomen decisiones de forma “mucho más consciente”. Porque ya se sabe que las mujeres casi nunca sabemos lo que queremos ni si vamos o venimos y alguien tiene que venir a supervisar y, a ser posible, dirigir, los aspectos más importantes de nuestra vida, aunque haya una ley que nos ampare.

El PP, que en ese momento se encontraba en el marco ganador de la sedición, no fue consciente del desplazamiento del relato a la esquina más derecha hasta el viernes, cuando el consejero de Sanidad de Castilla y León, de su partido, reconoció los hechos, explicando que no se obligará a los facultativos a plantear estas opciones a las mujeres, y que solamente será una instrucción en la que se les inste a hacerlo. En medio de un asunto que parecía rozar la ilegalidad y la coacción y para darle más coherencia, el consejero admitió, también en directo, que en Segovia y en Ávila no existe aún la tecnología que permite realizar las ecografías 4D, ni para las que quieren abortar a las 8 semanas ni para las que quieren ver al hijo que van a tener en la 32. 

El dislate ha sido tremendo. Además de expulsar al PP del centro que tanto se tarda en encontrar y retratar a sus únicos socios posibles, vuelve a colocar el aborto en la agenda pública. En términos electorales, como se ha demostrado en EEUU, conduce a las mujeres a las urnas para impedir que se vulnere un derecho fundamental por el que todas, en cualquier país del mundo, hemos luchado y seguimos defendiendo. En términos humanos, hay que recordar algunos datos de la OMS. La tasa de abortos es prácticamente idéntica en los países que lo prohíben y en los que lo permiten, los abortos clandestinos son la tercera causa de muerte materna en el mundo y la criminalización de la interrupción del embarazo provoca no solo mortalidad y problemas de salud física y mental en las mujeres, también que muchos sanitarios no sepan a qué atenerse por temor a las consecuencias legales, dificultando su relación con las pacientes. 

Cuando la mujer acude a interrumpir su embarazo ya ha tomado una decisión, y esa decisión, aunque lo duden las derechas, es importante, consciente e informada. En España es legal interrumpir el embarazo libremente y sin causa hasta la semana 14, pero casi todos los abortos tienen lugar antes de la semana 9. Después de la semana 12, casi ninguna mujer aborta a menos que haya riesgo para su salud o la del feto. Estos datos son públicos, como también lo es y ha recordado el propio titular de Sanidad de la Junta de Castilla y León que una ecografía nunca se hace antes de la semana 24 de embarazo porque el feto es prácticamente irreconocible. 

La obligación de los gobiernos y las instituciones es garantizar el libre ejercicio de los derechos que todos tenemos. Si solo afectan a las mujeres, tendremos que recordar, de nuevo, que en España no necesitamos la supervisión ni el permiso de nadie para ejercerlos. Que, aunque a algunos les cueste creerlo, las mujeres sabemos lo que hacemos.