Un argumentario para Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

40

Tras la sedición, llega la malversación. ¡Y en qué momento! La izquierda política se las prometía felices tras el éxito de la masiva manifestación contra el deterioro de la sanidad pública madrileña y la primera gran protesta contra el Gobierno de Ayuso, pero ha llegado Oriol Junqueras a aguarles la fiesta. ERC, como la prueba del algodón, nunca engaña. Lo había puesto sobre la mesa de negociación desde el primer minuto. En las conversaciones con el Gobierno y en sus declaradas intenciones ante la prensa desde hace semanas. Si no había amnistía, que era la petición de máximos de los republicanos y que jamás aceptaría el Gobierno, al menos que las reformas que se acordaran en el marco penal tuvieran “los mismos efectos” que el perdón general.

Quien no sabía cómo ni en qué momento afrontar esta nueva exigencia de sus aliados parlamentarios era el Gobierno que, en aras de la desinflamación, la concordia y una arriesgada “apuesta de país”, parecía dispuesto a estudiarlo todo. Estaba hablado y más que hablado, por más que en La Moncloa se esfuercen ahora en decir que su propuesta “es la que es” -sustituir la sedición por el delito de desórdenes públicos agravados- y que, durante la tramitación parlamentaria, los grupos son libres de presentar las enmiendas que quieran y que, luego, la mayoría parlamentaria decidirá.

Es cierto que en entrevista dominical con La Vanguardia, Pedro Sánchez daba una primera pista sobre su disposición a reformar, después de la sedición, el delito de malversación por el que también han sido acusados o ya condenados algunos líderes del procés. “La propuesta de los dos grupos que sustentan al Gobierno [PSOE y Unidas Podemos] es cambiar el delito de sedición y homologarlo a Europa. Ahora viene la tramitación parlamentaria. Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación”, afirmaba el presidente cuando le preguntaron respecto a la malversación.

Horas después, en la versión digital del Periódico de Catalunya, Oriol Junqueras era más explícito: “Se verá durante el trámite parlamentario y esperemos que se permita adecuar también este delito, ya que la malversación que se nos imputa es una malversación por pensamiento, solo pensada. Y los delitos por pensamiento son delitos que deberían haber desaparecido según la Filosofía del Derecho, desde el siglo XVIII”. El líder de los republicanos añadía que la hipótesis de que su partido pactara los presupuestos de la Generalitat para 2023 dependía del “nivel exacto del compromiso de los socialistas, también en cuanto a la reforma del delito de malversación”.

Y, por si alguien aún tenía dudas, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, lo aclaraba este mismo lunes por la mañana: “Ahora toca abrir otra batalla en el ámbito de la utilización perversa de la malversación”. 

En el Gobierno, desde donde el pasado viernes sostenían que la reforma de la sedición era “un punto final” en la estrategia por la normalización y desjudicialización del conflicto catalán, evitan ser demasiado explícitos sobre el asunto porque saben que la reforma de este último delito, además de obligar a la revisión de decenas de sentencias por parte del Supremo, puede parecer exactamente lo que es: una reforma a medida de las necesidades independentistas, si bien puede beneficiar además a varios condenados por corrupción tanto de la Gürtel como de los ERE de Andalucía.

Sánchez asumió el coste político tras la concesión de los indultos convencido, como muchos progresistas, de que no se podía hacer política en Catalunya ni transitar por la senda del diálogo y la normalización mientras los líderes del independentismo permanecieran en la cárcel. “Lo útil en el pasado fue el castigo y lo útil hoy es el perdón”, declaró tras la aprobación de la medida de gracia que benefició a nueve independentistas después de haber permanecido 44 meses en prisión. El tiempo ha demostrado que nadie hoy, salvo la derecha más inflamada y reaccionaria, habla ya de traición ni de ruptura de España y que la medida de gracia ha sido ampliamente aceptada entre la ciudadanía.

Con matices, con muchas reservas y una buena dosis de pedagogía social, incluso se podía entender la reforma de la sedición en el marco de la equiparación con los estándares europeos para armonizar la legislación española a la de otros países. Igualmente era explicable que el delito de sedición había quedado obsoleto y era necesario adecuarlo a la realidad histórica actual, obviamente muy distinta a la del tiempo en que fue concebido en 1822. Esto, además de que hay doctrina suficiente sobre la falta de claridad, contenido y alcance del tipo delictivo de la sedición. 

Presentar ahora como imprescindible e inaplazable la revisión de la malversación no solo hará más difícil la persecución contra la corrupción sino que le proporciona al PP de Alberto Núñez Feijóo, que no pasa por sus mejores momentos, el argumentario perfecto sobre una cirugía penal hecha a medida de los aliados parlamentarios del Gobierno que, además, no conocían siquiera sus socios de coalición de Unidas Podemos, por mucho que diga el portavoz de los Comuns, Jaume Asens, que ni ha hecho de puente, como sostiene, entre ERC y el PSOE “ni ha pintado nunca nada en esto”, aclaran los republicanos.

Feijóo ya tiene la munición que necesitaba para la semana y, además le llega en el momento justo para desviar la atención sobre la marabunta de la Sanidad madrileña, las “ayusadas” de cada semana y su cuestionada capacidad de liderazgo. 

P.D. Y, por si fuera poco, en medio de esta tormenta, a alguna mente privilegiada se le ocurre que la ministra de Industria, Reyes Maroto, anuncie oficialmente su candidatura al Ayuntamiento de la capital. En el socialismo madrileño no se cansan de acertar. Así les va.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats