Sánchez rompe, no España, sino al independentismo

España se rompe otra vez. O no. Depende. Si uno escucha a los predicadores de la catástrofe, el país ha saltado en pedazos varias veces. Con la primera ley de Memoria Histórica, con la negociación entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, con la reforma del Estatut de Catalunya, con los indultos a los líderes del procés y, ahora, con la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición. Siempre, con gobiernos socialistas, claro. 

Pero si nos detenemos en los hechos, y no en la retórica inflamada, la única vez que esta España nuestra ha estado en riesgo de ruptura fue en 2017 con un Gobierno del PP, cuando el expresident de la Generalitat Carlos Puigdemont declaró la independencia de Catalunya después del referéndum ilegal del 1-0, el Ejecutivo de Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución y las calles se llenaron de barricadas. 

Todos los demás son eslóganes, declaraciones de alto voltaje y una nueva vuelta de tuerca a la estrategia de confrontación y división entre Catalunya y España que desde hace más de una década practica la derecha del PP y que, dicho sea de paso, le ha convertido en una fuerza política residual en aquella comunidad. Pese a ello, Feijóo ha decidido transitar por la misma senda que Pablo Casado y antes Mariano Rajoy.

Se puede estar de acuerdo o no en la oportunidad y en las formas con las que Pedro Sánchez ha presentado ante la opinión pública su intención de reformar el Código Penal para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. Se puede incluso sostener que se trata de una reforma sugerida por sus socios de ERC, aunque el propio Sánchez la haya comprometido públicamente media docena de veces. Y se puede también discrepar con que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados se castigue con condenas de entre tres y cinco años de cárcel, penas similares a las que reciben quienes incendien montes o dañen vías férreas. Pero de ahí a acusar al presidente del Gobierno de “traidor” o “conspirador contra el ordenamiento jurídico” hay una delgada línea que la derecha política y mediática ha cruzado en las últimas 48 horas para dibujar a un Sánchez antipatriota, en manos de los separatistas y dispuesto a romper España para permanecer unos meses más en La Moncloa.

Que España sigue intacta por todos sus puntos cardinales es un hecho tan inopinable como que lo que hoy está completamente resquebrajado es el independentismo. Basta echar un vistazo a los datos del llamado CIS catalán para comprobar que si algo ha logrado la arriesgada apuesta por el diálogo desplegada por el Gobierno de coalición, indultos incluidos, ha sido agrietar poco a poco la política de bloques entre independentistas y no independentistas, que una mayoría de catalanes haya pasado ya la página de los acontecimientos de 2017 y que la suma de ERC, Junts y la CUP haya caído a 57 escaños, 17 menos de los que hoy tiene en el Parlament.

Hoy, salvo en las filas de la derecha y la ultraderecha, nadie duda de que la unidad estratégica del independentismo, vector dominante de la política catalana desde las elecciones de 2012, se rompió definitivamente tras la salida de Junts del Govern y que la apuesta de ERC por el pragmatismo le ha apartado también de la vía unilateral. Ni la Catalunya de hoy es la de 2017 ni los republicanos de Junqueras están por la labor de transitar por el mismo camino que llevó a prisión a varios de sus líderes.

Tanto el Gobierno de España como el de la Generalitat han optado por la vía del diálogo y la llamada “desjudicialización de la política” que empezó con los indultos. Ahora, el siguiente paso es aliviar las penas impuestas por el Supremo en el juicio del procés y facilitar así el regreso de los líderes independentistas huidos al extranjero, que no es lo mismo que ahorrarles una condena porque todos ellos serán juzgados.

Los nueve condenados a prisión fueron indultados solo de la pena de cárcel pero aún cumplen la de inhabilitación para ejercer cargo público, por lo que la rebaja de penas que prevé la reforma anticipará su vuelta a la política activa. Por ejemplo, Oriol Junqueras, que fue inhabilitado hasta julio de 2031, podría presentarse en 2025 a las elecciones autonómicas catalanas. Más complejo es el caso de los prófugos, el expresident Carles Puigdemont y los exconsllers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. Los tres primeros están procesados por sedición, malversación y desobediencia mientras que el cuarto, solo lo está por malversación y desobediencia. Así que en el hipotético caso de que regresaran a España y fueran condenados en un juicio, con la aplicación del nuevo delito de “desórdenes públicos agravados”, se les recortaría el castigo penal, pero no necesariamente les evitaría la cárcel.

Más despejado tiene el camino Marta Rovira, secretaria general de ERC que, procesada por sedición pero no por malversación, está huida en Suiza. La pena máxima de cárcel para ella sería de entre tres y cinco años, muy inferior a la que recibió Oriol Junqueras, condenado a 13 años, aunque fue indultado a los tres y medio.

Que la decisión de Sánchez es arriesgada incluso para sus propios intereses electorales nadie lo duda, ya que en el PSOE no todos sus dirigentes entienden que la política de mano tendida sea la más acertada con quienes quisieron romper España. Ahí están las declaraciones de los barones castellano manchego, Emiliano García-Page o el aragonés, Javier Lambán, censurando la decisión, pero también las de quienes como el extremeño Guillermo Fernández Vara, que no es menos socialista ni menos español que los dos anteriores, ha dicho lo siguiente: “No me gusta nada de lo que le guste al independentismo. Dicho esto, hace 5 años con el actual Código Penal, al gobierno del PP le hicieron dos referéndums de independencia y una DUI. España se rompía. Hoy, con otro gobierno, lo que se ha roto es el independentismo  y el procés”. 

En La Moncloa, como Vara, son conscientes de que la decisión tiene “muchas dificultades dentro y fuera del PSOE”, pero también que se trata de una “apuesta de país” en aras de la convivencia “que habrá que defender con pasión y convicción” en un contexto en el que también habrá que recordar “de dónde venimos y dónde estamos”. Entre 2017 y 2022 no solo hay cinco años de tránsito, sino también un largo recorrido por la desinflamación política y “una apuesta de país” que busca “la concordia y la convivencia”, como lo fueron la negociación con ETA para lograr el fin del terrorismo, la redacción del Estatut de Catalunya y la concesión de los indultos.

El último paso para la normalización

“Se trata del último paso político que el Gobierno de Sánchez dará sobre el asunto catalán. Sabemos que habrá mucha gente a la que le costará hacer la digestión de esta reforma, pero también que se trata de una decisión que había que adoptar pensando no sólo en la reconciliación del país sino también en la modernización de un delito tipificado hace 200 años, que en Europa no tiene igual y que hasta la derecha judicial nos había conminado a reformar”, defiende un ministro. En efecto, tras las críticas que hoy aparecen en “fuentes de Supremo” se esconde el presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que, según fuentes gubernamentales, no en pocas ocasiones se había mostrado partidario de la reforma.

El caso es que, con ERC en la presidencia del Govern y con Junts a punto de la desintegración, “se ha abierto una oportunidad que antes no existía”, aseguran en el Gobierno, desde donde recuerdan que cuando Sánchez decía que no había mayoría en el Congreso para sacar adelante la reforma no se refería a los votos del PP, sino a los de los republicanos, que siempre apostaron por la amnistía, y no por la reforma del Código Penal. Tan cierto es esto como que cuando Sánchez decidió conceder los indultos, hubo quien en el Gobierno pensó que se estaba ante un punto y aparte y no seguido en el camino de la llamada desjudicialización del conflicto. “Quien no arriesga y no apuesta, no conseguirá avanzar en la normalización de la vida política, que es lo que persigue esta decisión”, sentencian desde el gabinete presidencial.

La hiperventilada reacción de la derecha política y mediática demuestra, en todo caso, que en el marco nacional a Sánchez y a sus correligionarios les harán falta muchas más explicaciones y mucha más pedagogía que la que el presidente hizo en una entrevista en prime time con La Sexta para anunciar la polémica decisión. Y en el marco catalán, queda claro que el pragmatismo de ERC se ha impuesto a la inflamación y el unilateralismo de los de Puigdemont, que no se han mostrado entusiasmados con la reforma y cuya única posibilidad de supervivencia política, a juicio de varios interlocutores del independentismo, pasaría por un gobierno VOX-PP y la vuelta a la confrontación. No en vano, en el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el 58% de los catalanes piden una vía negociada para resolver el conflicto político frente a un pírrico 11% que apuesta por la independencia unilateral.

Alguien tenía que ponerle el cascabel al gato catalán. Ha sido Sánchez, que en su día pidió el voto para algo distinto de lo que hizo el PP, que fue dejar pudrir el conflicto catalán y dejar la solución en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y de los jueces. Lo que se intenta es una reconciliación no sólo con los condenados, sino con esos dos millones de personas que, con o sin declaraciones de independencia, se desconectaron de España hace muchos años.

La apuesta no está exenta de matices y tampoco de riesgos. ¿El resultado? Cuestión de tiempo.