La ciudad de Madrid, al día siguiente del último desahucio
Por fin se habla de ello. Del drama humano de los desahucios causados por la venta de viviendas de promoción pública a fondos buitre que está diariamente en las cabeceras de los medios de comunicación. Se han tenido que superar con creces las cotas de dolor y humillación de los afectados, de inmoralidad y violencia económica de los fondos y de vergüenza y desprestigio de las administraciones públicas para que el tema, además de titulares de prensa, ocupe el papel primordial que le corresponde en los debates parlamentarios, en los plenos de los ayuntamientos… y en los programas políticos, para las próximas elecciones municipales y regionales.
En agosto de 2013, cuando aún no era un tema de preocupación y en plenas vacaciones, dimos en este periódico el primer toque de atención sobre lo que se venía encima. Desde entonces la empresa autonómica –Instituto de la Vivienda (IVIMA)– y la municipal –Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)– de Madrid han encabezado la indignidad nacional de malvender viviendas públicas, lo que el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid definió como “operaciones habituales para hacer rodar el stock”, con un escandaloso dumping de entre el 30 y el 40% bajo el precio de mercado.
El Programa de Estabilidad Presupuestaria y Financiera presentado por el Ministerio de Economía y Hacienda obligó a comunidades autónomas y a ayuntamientos a cuadrar las cuentas. Y claro, no es fácil desprenderse de organismos públicos innecesarios, segundos canales de televisión aún más innecesarios, equipamientos públicos infrautilizados, autopistas radiales aún más infrautilizadas o puestos sin contenido pero magníficamente remunerados, en los que colocar a miembros del partido. Sí lo es en cambio vender edificios de vivienda pública.
Era lo que estaba más a mano, lo más rápido. La decisión dependía de una única empresa (IVIMA, EMVS…) y el trasnochado y obsoleto “carácter social” bajo el que se fundaron en las primeras legislaturas democráticas no presentaba dificultad para su puesta al día. Así, sin complejos ideológicos, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid pusieron en marcha operaciones de venta de activos con los que ajustar sus propios balances.
El que viviera gente en ellos era un problema menor. Si se ha sido capaz de sortear las manifestaciones y las mareas que domingo tras domingo martilleaban a la ciudadanía con los despidos de médicos y profesores y con los destrozos de los sistemas públicos de sanidad y educación que afectan a gran parte de la población, ¿cómo no se iba a poder torear de salón este asunto que afectaba a sólo unos pocos miles de desgraciados? Además irían cayendo por goteo, siempre lejos de las zonas prime, como diría Chico Buarque: “sin entorpecer la vida de la ciudad”. Recientemente la alcaldesa de Madrid despachó el tema diciéndonos que “… las viviendas siguen siendo protegidas, los derechos y condiciones del contrato siguen siendo los mismos. Lo único que ha cambiado es su casero”.
Vulnerables que no lo son para la ley
El gobierno hizo su parte aportando la Ley de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, aprobada por el parlamento en mayo de 2013 y conocida como Ley antidesahucios, que tiene una sentencia en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que viola la Carta Europea de Derechos Fundamentales y que el gobierno español está obligado a reformar. Su primer capítulo trata de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables. La promocionó con pompa y circunstancia, destacando que era la primera ley en la historia de España al respecto.
Pero cabe pensar al dictado de quién se redactó. El listón para formar parte del colectivo “especialmente vulnerable” estaba tan alto que, por resumir, en 2013 hubo más desahucios que en 2012, pero menos que en 2014. El porcentaje de desahucios evitado ha sido estadísticamente despreciable, y es que cuando el nivel de exigencia es tan alto para ser beneficiario de una ley debe uno preguntarse ¿a quién beneficia realmente esa ley? En casos como éste aplíquese el método de aproximación del teniente Colombo: ¿quién se benefició más del asesinato?
Por supuesto, tanto el ayuntamiento como la comunidad saben perfectamente que la realidad es muy distinta de lo que dice la alcaldesa. Las viviendas siguen siendo protegidas de 10 a 20 años más, pero las condiciones para los usuarios han cambiado radicalmente. Lo que no dicen los responsables públicos es que los plazos de protección no tienen nada que ver con los plazos de alquiler. Los nuevos propietarios ya no renuevan los contratos de alquiler “sin opción a compra” de las antiguas viviendas del IVIMA. Las que eran de la EMVS sólo hasta un máximo de 3 años con un 10, 15 y 15% de incremento cada año.
En los alquileres “con opción a compra” hacen todo lo posible para no materializar la compra. Han incrementado el 50% los gastos de comunidad y además ahora ha de pagarse el IBI (400 euros al año). Para remate el IVIMA daba ayudas económicas a los inquilinos, la mayoría en riesgo de exclusión social. Gran parte de ellas acaban el próximo mes de marzo, en dos meses ya no podrán pagar, por lo que se teme una avalancha de desahucios a partir de junio, un mes después de las elecciones municipales y regionales, según la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA.
¿Y si no gana el PP?
Si las gana el Partido Popular la ciudadanía habrá refrendado sus políticas, incluída la de vivienda, por lo que no habrá motivo para alterar el rumbo. Pero ¿y si no? Si los partidos de izquierda, solos o en coaliciones, llegan al poder y cumplen sus programas, los desahucios se pararán. Costará algo de tiempo y por el camino habrán de dejarse algunas plumas, pero se pararán. La nueva política de vivienda tendrá un alto componente de política-antidesahucios, y el consiguiente nuevo planeamiento urbano tendrá como ejes la vivienda social y los equipamientos públicos, tanto los grandes de carácter metropolitano como los pequeños de proximidad vecinal.
Las nuevas y endeudadas administraciones habrán de gestionar la miseria económica en la que van a desenvolverse. Serán prioritarios los parques públicos de vivienda de alquiler, operaciones baratas, con gastos principalmente de mantenimiento. Y dejarán de serlo los nuevos y extensos barrios periféricos previstos en planes anteriores, barrios apoyados en costosas infraestructuras, grandes edificios de nueva construcción, más nuevos centros comerciales, etc.
El IVIMA y las distintas EMVS deberán reconfigurarse en buena medida como gestoras de viviendas de alquiler social y por primera vez el urbanismo madrileño será introspectivo, no expansivo. Se basará en la regeneración de barrios y en la recuperación de edificios de todo tipo y ya no en los grandes desarrollos inmobiliarios. Es de suponer que se mirarán con lupa los tres megaproyectos que el ayuntamiento de Ana Botella y el gobierno regional de Ignacio González anunciaron a bombo y platillo como escaparate de la pujanza económica madrileña siempre vinculada “al ladrillo”: La Ciudad de la Justicia, la Operación Chamartín y la –en ciernes– Operación Campamento.
Se revisarán también los pliegos de condiciones con los que se vendieron las viviendas a los fondos buitre, en pos de cualquier resquicio legal que permita algún tipo de replanteamiento de la adjudicación. Habrán de estar preparados para las presiones que recibirán. No olvidemos que vender viviendas por debajo del costo de producción se considera “dinamizar la economía”, mientras que recorrer el camino inverso, recomponiendo las reglas del juego alteradas unilateralmente por una de las partes será calificado como “inseguridad jurídica”.
Pero ¿qué trascendencia tendrá esta política en la ciudad? ¿cómo se apreciará? Es más ¿llegará a notarse? Evidentemente los actuales –y futuros– afectados por los desahucios claro que lo notarán. El derecho constitucional a una vivienda digna estará por delante de otros, pero una política de vivienda de estas características llevada a cabo por administraciones que no tendrán dinero para gastar, será prácticamente imperceptible.
La Operación Chamartín está al final del Paseo de la Castellana, Campamento al comienzo de la carretera de Extremadura y la Ciudad de la Justicia junto al aeropuerto. Muchísimas personas por tanto verían cómo día a día la ciudad “progresa”. Sin embargo en esto no hay grúas ni máquinas ni tan siquiera carteles que anuncien nuevas obras. La invisibilidad está garantizada y los efectos además se producirán fundamentalmente en barrios alejados del centro, sin nada interesante que ofrecer a la prensa, por los que no pasan personas influyentes. Nada de glamour. Algo parecido a la medicina preventiva: no se ve.
Será una gran cantidad de minúsculas operaciones puntuales, fundamentalmente de gestión y puesta a punto de edificios en mal estado. Muchas obras sin trascendencia visual, pequeñas acupunturas urbanas, en palabras de Jaime Lerner, que no marcarán ninguna impronta arquitectónica ni ciudadana. Los excelentes barrios de la periferia de Madrid, distinguidos a nivel mundial, concebidos por las primeras administraciones democráticas para acoger a tantísima población que malvivía en la periferia y para ordenar el crecimiento de la ciudad, hace mucho que están hechos.
Ahora simplemente se trata de recomponer un parque lo más grande posible de viviendas públicas de alquiler social y los espacios urbanos que los circundan. De una puesta al día, tanto en lo material como en lo humano, de los equipamientos públicos que los sirven (colegios, guarderías, dispensarios médicos, parques de bomberos, centros de día, polideportivos, etc.) De asegurar la limpieza y la recogida de basuras, facilitar la actividad cotidiana del pequeño comercio, reconducir en nuevos emplazamientos la vida de las personas afectadas por los procesos de gentrificación o asegurar la movilidad urbana de forma equilibrada y orientada al transporte público. En suma, intensificar el urbanismo de proximidad, acondicionando las partes más degradadas de la ciudad para que los cada vez más amplios sectores de la población golpeados por la crisis y en situación de vulnerabilidad, puedan tener una vida digna e integrada en su barrio.
Y habrá que hacer un esfuerzo para visibilizarlo. Un esfuerzo de pedagogía para dar a conocer lo que se está haciendo, y un esfuerzo de marketing porque mucha gente, por desconocimiento o por intencionalidad política, transmitirá constantemente la idea de “que no se está haciendo nada”.
