Colorín colorado, este cuento no ha acabado

Los finales son siempre momentos clave. En literatura, en política, en la amistad y hasta en el amor. Los hay previsibles, inesperados, ordenados, caóticos, felices, tristes y hasta trágicos. El que llegue, si ha de llegar, en la relación de conveniencia que mantienen el PSOE y Junts está aún por escribir.  Pero no parece que vaya a ser ni abrupto ni temprano, por más que se empeñe el PP en invocarlo.

La ponencia de la comisión de Justicia del Congreso que ha abordado las enmiendas a la proposición de ley de amnistía ha aprobado las ocho modificaciones, de carácter técnico, que el PSOE y sus socios, con la excepción de Junts, habían pactado previamente. Y ha sido posible porque, al final, los de Puigdemont las han apoyado sin que haya cambios en el capítulo del terrorismo, como exigían. La ley sigue excluyendo por tanto de la medida de gracia todos los delitos de terrorismo condenados “con sentencia firme”.

La decisión de los neoconvergentes de tragar con las enmiendas pone de manifiesto varias cuestiones. La primera es que en política no es lo mismo decir que hacer. La segunda, que en Junts, como en todas las formaciones políticas, hay diferentes sensibilidades e incluso formas de actuar pero, al final, quien decide es Puigdemont. Como en el PP lo hace Feijóo. En el PSOE, Sánchez. Y en Vox, Abascal. Y la tercera es que en el teatro de la política casi nunca nada es lo que parece.

Así que al colorín colorado con el que Jordi Turull amenazó al PSOE hay que añadirle que, de momento, este cuento no ha acabado. Ni acabará de forma inmediata porque Junts necesita al PSOE tanto como a los socialistas les interesa tener contentos a los herederos de Pujol. De eso y de mucho más hablaron Turull y Santos Cerdán en la reunión que celebraron el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados y que tanto escandalizó a quienes confunden el diálogo con la traición y el acuerdo con la rendición. Ambos pusieron las cartas de cada cual sobre la mesa, pactaron un protocolo de actuación para evitar votaciones agónicas como las que se vivieron hace una semana en el Senado, acordaron mantener un diálogo previo a cualquier iniciativa para la que el Gobierno necesite los votos de Junts e incluso estuvieron de acuerdo en pactar los desacuerdos que surjan en el futuro.

El resultado más inmediato de ese encuentro ya se ha visto este jueves durante la ponencia de la comisión de Justicia que debatió las enmiendas a la ley de amnistía. Junts y ERC habían registrado una que pedía eliminar íntegramente el párrafo referido a los delitos de terrorismo y establecer así que todos ellos fueran amnistiables, incluidos los condenados con sentencia firme. Las enmiendas fueron rechazadas de entrada, aunque se mantienen formalmente vivas a la espera de ver si hay alguna posibilidad de negociar alguno de sus aspectos antes de la comisión de Justicia del martes 23 o incluso en el pleno del Congreso del martes 30. Nada indica que vaya a ser así, a tenor de lo que se escucha entre los socialistas. Mucho menos después de que haya trascendido el crítico informe de los letrados de la Comisión de Justicia que alerta de la posible inconstitucionalidad de la medida.

Lo que empieza a despejarse ya es el calendario para la aprobación definitiva de la ley, a la que seguiría el regreso de Puigdemont a Catalunya. La intención tanto del Gobierno como de Junts es acelerar al máximo el proceso para que, una vez aprobado el texto el próximo 30 de enero en el Congreso y sea remitido al Senado -donde la mayoría de bloqueo del PP no puede demorarlo más de dos meses- vuelva a la Cámara Baja para su aprobación definitiva a finales de marzo o principios de abril. Una fecha que Puigdemont tendría marcada  ya en rojo en su calendario y en la que los socialistas sospechan que podría tener lugar el regreso del ex molt honorable. La vuelta no escapará de la disputa política y tampoco de un encendido debate jurídico porque hay quien defiende que no podrá regresar hasta que se resuelvan los recursos que presenten las instancias judiciales que instruyen las causas y quien, por el contrario, cree que podrá hacerlo al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE.

Sea como fuere, Puigdemont ha pedido a los socialistas ayuda para restituir la devastadora imagen que tras la DUI y su salida de España dejó en la opinión pública. Una misión que no es fácil ni parece que esté al alcance de nadie porque más bien cada cual se define por sus actos y sus palabras. El inquilino de Waterloo y sus colaboradores más estrechos se retratan cada vez que hablan de España y de sus instituciones en los insultantes términos en que lo hacen. Y así se lo han trasladado los interlocutores del PSOE. Más claro: que contengan el verbo y las sobreactuaciones por el interés de ambos.