La corrupción siempre llama dos veces

El Partido Popular celebra como un éxito que un asesor de José Luis Ábalos, en su etapa de ministro, hiciera negocio fraudulento con mascarillas e implicara en los turbios negocios a varios departamentos y administraciones. Feijóo exige, siempre exige algo, Cuca Gamarra vuelve a salir con los ojos inyectados en sangre pidiendo responsabilidades e Isabel Díaz Ayuso, exultante, se queja a sus “portavocías” mediáticas para que publiquen que fue ella quien denunció “los contratos de Ábalos” –olvidan que son de su asesor– tras el “ensañamiento” en el caso de su hermano. Un “ensañamiento” que dejó irse de rositas a los dos Ayuso. Se nos cae el alma al suelo, ¿aspiran quizás a formar la Cofradía del latrocinio político? El “y tú más” llevado a la lucha en el fango. Como si eso restara responsabilidad en ninguno de los casos.

Evidentemente, la permanencia de Ábalos como diputado del PSOE es insostenible, tanto si era conocedor de las maniobras de su asesor como si lo ignoraba a pesar de estar depositando su confianza en un auténtico impresentable, basta ver su currículo. Pero que pretenda el PP, y Ayuso en especial, equiparar a un asesor con el hermano de una presidenta de Madrid es de una completa desfachatez. 

Nada haría Ayuso sin el trato de favor de los medios que –como no me cansaré de repetir– riega con dinero público, nuestro dinero. La Razón de Marhuenda se permite a toda portada especular con que si el caso de las mascarillas del tal Koldo no será la Gürtel del PSOE. Y solo es uno más en ese descomunal almacén de lavadoras al servicio del PP.

“El llamado ”caso Gürtel“ es la mayor trama de corrupción de España en tiempos de democracia y provocó la destitución del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy por una moción de censura”, escribía BBC News, que elijo para ver si también es acusada de hacer política de izquierdas para España como dijo García Castellón de las autoridades judiciales ¡suizas! que rechazan sus dudosas estrategias.

“Se trata de corrupción a gran escala: una red de empresas que conseguían contratos de todo tipo de administraciones gobernadas por el Partido Popular (PP) en diversas partes de España. Lo hacían a cambio de sobornos que iban a parar a los cargos públicos responsables de decidir sobre esos contratos e incluso servían para financiar actos de campaña y otras gestiones del propio PP”, según concluyó la Justicia española, seguía explicando la BBC. Todavía colean piezas separadas y eso que tienen la suerte de haber recaído algunas en manos de García Castellón. Por cierto, se informó hace poco de que el PP pagaba los abogados de Francisco Correa, el cabecilla o cabeza de turco. Y es un dato relevante. Tampoco Gürtel es un caso único en el PP, ni por lo más remoto.

Pero no se trata hoy de abundar solo en los pormenores de la corrupción española, esa carcoma de nuestro país, sino de hacer ver que todas esas tramas que pudren la honestidad que debe prevalecer en la vida política… siempre llaman dos veces. Aunque no siempre a la puerta precisa.

Hoy no, entre otras cosas porque estamos sobrecogidos con el incendio desatado este jueves en Valencia. Devastador. Se propagó en apenas una hora por 138 viviendas de las 14 plantas con las que contaba. Lo vimos arder como si sus muros fueran de cartón. Eran los hogares de muchas personas que lo han perdido todo. Trece ya, hasta la vida en un balance provisional. Entre ellos un recién nacido, otro niño de 2 años y sus padres.

Ver esa tragedia es una sensación que nos pone en la piel de las víctimas. En todo aquello que cada uno atesora y que trasciende lo material de alguna manera y que desaparece consumido por las llamas. Ya no hay casa, ni cama, ni ropa, ni fotos, ni recuerdos, ni documentación, ni objetos preciados. Muchos nos identificamos con esos vecinos. Y con los bomberos. Miembros de esas profesiones que arriesgan su vida por la de otros que ni conocen.

Pero luego, se van atando cabos. Hacía un fuerte viento en Valencia. Los edificios incendiados tenían en la fachada, se ha contado en principio, un revestimiento altamente inflamable: poliuretano. Aunque el colegio oficial de arquitectos técnicos afirma que el certificado final de obra específica como aislante un mineral de “lana de roca”, que no es inflamable. Lo que está claro es que algo con enorme capacidad de arder en llamas estaba allí, un cóctel de los que hoy ya no se harían. Las “privilegiadas viviendas” –como se publicitaban– era de la firma Fbex, hundida con 500 millones de deuda al pinchar la burbuja inmobiliaria. La venta de promociones de la firma se disparó en 2010 en la Comunitat Valenciana, con una cifra de 76 millones de euros. Añadamos que el gobierno PP/Vox había suprimido, nada más llegar al poder, la 'UME valenciana' (Unidad de Emergencias) que consideraba “un chiringuito.

A veces pasan tantos años desde que los errores fatídicos llaman a la puerta una segunda vez, tras ser avistados, que ya no se recuerda quién pulsó el timbre en su día. Ni siquiera si tenía una relación directa con las tragedias que se producen tiempo después. Solo que igual conviene recordar los grandes pelotazos urbanísticos que propició el decreto liberalizador de Aznar y Rato y ese carácter de algunos representantes del emprendedor español del ladrillo para levantar edificios a destajo. Muy en especial en la costa levantina. Y que cuando se construyeron los edificios, el presidente de la Generalitat era Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá. Ninguno de los dos con un historial de limpieza exquisito en su gestión. A salvo de accidentes aleatorios, parece que una medida prudente es confiar los asuntos serios a personas de probada decencia, pero hay quienes se guían por otros parámetros.

Luego están las revisiones que se dicen que se han hecho, pero que igual no han visto nada. Como ha pasado en la Residencia de ancianos de Madrid Juan XXIII donde el domingo murieron tres mujeres victimas de un incendio. La policía municipal comprobó que tenía las salidas de emergencia bloqueadas y los sistemas antiincendios no funcionaban. Desde la Comunidad alegan que habían pasado inspecciones.

“Mi tío tenía deterioro cognitivo y vivía en una residencia privada. El 20 de marzo de 2020 nos llamaron para decirnos que se moría. Mi hermana se saltó todos los controles y fue a estar con él, pero en la habitación había otra persona: se habían confundido de residente. Acompañó al señor que agonizaba mientras informaban a su familia y cuando localizaron a mi tío, estaba aislado y ya no pudo verlo”. Así comienza la carta de un lector a la directora de El País que titula “Uno de los 7.291”. Hasta 13 estudios científicos desmienten a Ayuso. No se tenían que morir forzosamente: se salvaron entre el 37% y el 72% de mayores de residencias hospitalizados con covid. Luego parece claro que al menos algunos de los 7.291 ancianos fallecidos en condiciones de extrema crueldad podrían haberse salvado. Y quien dirigía la comunidad que firmó el protocolo de la vergüenza era y es Ayuso. Imaginen que hubiera sido otra persona; una persona dotada de humanidad, incluso. Hay decisiones que se pagan muy caras pero no siempre quien debería

Los asuntos clave de los ciudadanos quedan en un lugar muy secundario, lo esencial es agredir como fieras para lograr titulares, ésos que han convertido la prensa publicada en otro estercolero similar a la política de la derecha extrema. La batalla no es por resolver otro tema que el asiento en el que depositan sus posaderas para desde allí mangonear y buscar sus intereses de grupo. El PP no es un partido político, es una organización, una empresa que usa todos los resortes públicos y privados a su alcance. El PSOE ha de resolver con firmeza cuanto rodee al intolerable Caso Koldo. La barra de medir en la sociedad mediatizada no anda precisamente muy equilibrada.

Los errores siempre llaman dos veces, la mayoría son corrupción, económica, moral. Implica lo mal hecho y lo positivo que se deja de hacer. Y no siempre paga quien debe. Y de todo este lodazal, queda cuanto se pudo evitar votando con la cabeza y no con las tripas.