Democracia privatizada

La brutal crisis derivada de la insubordinación del Poder Judicial, de mayoría conservadora, ante la renovación obligada del Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto las imperfecciones del diseño institucional de este país, que posibilitan que mandatos caducados puedan atrincherarse en sus sillones ejerciendo de juez y parte, y se atribuyan además la legitimidad última no solo de interpretar la ley sino hasta de crearla, sin ningún tipo de control externo: suspenso en democracia.

La crisis institucional es tan grave que permite que pase muy desapercibida una característica de apariencia más secundaria pero también muy reveladora del deterioro de la calidad de la democracia en España: uno de los líderes de la insumisión en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que esquiva nombrar a los magistrados del Alto Tribunal para poder así materializar la renovación que exige la Constitución, es nada menos que socio en ejercicio de Cuatrecasas, uno de los grandes bufetes de abogados de este país -1.700 profesionales, el segundo en facturación- y referencia indiscutible para los procedimientos y causas judiciales que afectan a las elites y a los poderosos, los únicos que disponen del dinero necesario para contratar sus servicios.

José María Macías, socio de Cuatrecasas y vocal del CGPJ, ha ejercido públicamente como hombre fuerte del sector conservador y líder de la rebelión sin ningún tipo de reparo y sin que nadie se escandalice por ello. La ley ciertamente lo permite y ahí está precisamente la raíz de un problema que va incluso mucho más allá de esta crisis ya de por sí tan importante: la creciente privatización de la democracia y la normalización del fenómeno.

En nombre de incorporar a profesionales -o “talento”, dicen algunos- a las instituciones públicas, y bajo la influencia de una creciente ola antipolítica, que presenta al conjunto de la clase política como a una banda de ineficientes chupópteros, el régimen de incompatibilidades se ha ido haciendo cada vez más laxo hasta alcanzarse el sueño de todo lobbista: poder ocupar directamente el puesto sobre el que se desea influir. 

Esto va mucho más allá de las famosas “puertas giratorias”, mediante las cuales los profesionales abren un paréntesis en su carrera corporativa para ocupar un puesto gubernamental relacionado con algún ámbito prioritario para su empresa. Desde ahí pueden impulsar medidas normativas que colman las aspiraciones de su empresa y hasta de su sector y luego, una vez alcanzados los objetivos, regresan a su puesto corporativo original, donde suelen ser recibidos (y se comprende) con champán y un merecido ascenso.

En casos como los de Macías no hay ni siquiera necesidad de abrir ningún paréntesis: se puede ser a la vez socio de un gran bufete de abogados y vocal del órgano de gobierno de los jueces, cuyas funciones son, entre otras, decidir los ascensos de los magistrados y también los nombramientos, incluidos dos puestos del Tribunal Constitucional.

Todo es perfectamente legal, ya se ha subrayado. Pero los jueces, como cualquier ser humano, tienen sin duda memoria y llegado el caso se acuerdan muy bien de quiénes han sido los artífices de sus ascensos.

Por muy rectos que sean los magistrados -y la gran mayoría evidentemente lo son- no deja de causar estupefacción que el hombre fuerte del CGPJ, que lidera además una estrategia de confrontación extrema con el Gobierno y el Parlamento, en alianza -no necesariamente concertada- con la mayoría actual del Tribunal Constitucional caducado y con todas las derechas, ofrezca mientras tanto sus servicios profesionales con total normalidad en la web corporativa de Cuatrecasas. Y con la especialidad, muy bien publicitada, en litigaciones y hasta en recursos especiales y de casación. Es decir: ¡recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional!

Utilizando el lenguaje tecnocrático que tanto gusta a los que defienden la creciente privatización de la Administración: ¿cuánto valor aporta a Cuatrecasas poder contar con semejante “activo” en la cartera de servicios que ofrece a sus acaudalados clientes?

Es difícil de precisar, pero indiscutiblemente muy elevado. Quise preguntárselo al bufete, pero una portavoz me trasladó muy amablemente la semana pasada este mensaje: “Nos encontramos en fechas complicadas con el cierre de año con un alto flujo de trabajo. En esta ocasión, no podemos atender tu petición”.

El drama es que no se trata de un caso excepcional. Y no es únicamente la derecha la que promueve a puestos de responsabilidad institucional a profesionales en ejercicio de gran valía pero con evidentes conflictos de intereses potenciales. El fenómeno está tan normalizado, en nombre siempre de la eficiencia, la profesionalización y la atracción del talento, que ni siquiera genera ya sorpresa o debate. 

Socio de Roca Junyent y secretario del ICF

En 2015, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, en aquel momento integrado por Convergència Democràtica (CDC) y Esquerra Republicana (ERC), promovió como secretario de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) al abogado Joan Roca, hijo del histórico fundador de CDC Miquel Roca y socio de Roca Junyent, el gran bufete fundado por su padre cuando dejó la política. Y ahí sigue, siete años después sin que nadie haya expresado reserva alguna.

El ICF, que aspira a ser un banco público, es un organismo financiero de gran importancia para que las empresas accedan a financiación. No sólo directamente, a través de créditos del propio ICF, sino también como facilitador, puesto que a menudo es precisamente el aval previo de esta entidad pública el que acaba desencadenando que la banca convencional se sume también a las operaciones.

El bufete Roca Junyent publicita abiertamente en su cartera de servicios que cuenta con una potente área bancaria y financiera, “especialista en el asesoramiento de todo tipo de entidades que operan en el mercado financiero o de crédito”, líderes en operaciones de financiación. De nuevo: es todo muy legal, seguro. Pero sin que ello implique poner en entredicho ninguna integridad personal, el conflicto de intereses potencial parece también muy evidente: ¿una empresa interesada en obtener financiación del ICF no puede pensar que quizá podría ser una buena idea contratar los servicios profesionales de Roca Junyent?

Ojo: no fue CDC quien aupó a Joan Roca como secretario de los órganos de gobierno del ICF, sino la consejería de Economía dirigida entonces por Oriol Junqueras y Pere Aragonès, líderes de ERC.

En la democracia privatizada, aupar a un socio de Cuatrecasas al CGPJ y de Roca Junyent al ICF parece hasta un signo de la apertura que exigen los nuevos tiempos: el interés general ya no se deja en manos de la desprestigiada clase política, sino de los más destacados profesionales al servicio de sus extraordinarias empresas.