Dinamarca no era la solución

Dinamarca tampoco tenía la varita mágica para acabar con la pandemia. Hace unas semanas, con un nivel de incidencia y de vacunación parecido al de España, decidió levantar todas las restricciones, incluida la obligación de usar mascarilla en espacios interiores. El Gobierno danés ha decretado ahora el cierre de las discotecas, bares y clubes de ocio nocturno, ha prohibido los conciertos con más de 50 personas de pie, ha adelantado las vacaciones escolares y ha pedido a los ciudadanos que trabajen desde casa y que no celebren fiestas navideñas. 

Dinamarca, que tenía una situación epidemiológica prácticamente idéntica a España a principios del otoño, sufre ahora una incidencia por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes en dos semanas y ya nota la presión en sus hospitales y unidades de cuidados intensivos, con los peores datos desde febrero. Uno de los motivos es que ya hay transmisión comunitaria de la variante ómicron, cosa que Dinamarca sabe porque es el país de la UE que más análisis hace en busca de variantes. Su intento de volver a la normalidad se ha topado con la realidad. 

En España, por historia y cultura, tendemos a mirar hacia otros países con admiración y complejos, sobre todo si son del norte de Europa o hablan inglés, pero la pandemia ha supuesto una cura de humildad para todos los gobiernos igual que para los científicos. En estos últimos meses, algunas políticas públicas y el comportamiento de los ciudadanos en España han ayudado a que la situación epidemiológica esté de momento algo mejor que en otros países europeos. La fidelidad a la mascarilla y el alto nivel de vacunación han sido clave. Ahora bien, la variante ómicron, que, según los primeros datos, parece más contagiosa y escapa en parte a la inmunidad adquirida por contagio o por vacunación, abre otra vez un nuevo escenario. 

El Gobierno español mantiene hace más de un año su política de no tomar ninguna medida extra para frenar la pandemia y dejar que los gobiernos autonómicos sean los que se quemen adoptando decisiones impopulares entre algunos sectores o enfrentándose a los tribunales, o que las decisiones de cancelar fiestas navideñas, teletrabajar o incluso pedir test y pruebas de vacunación recaigan en las empresas. Desde hace semanas, el Gobierno confía en que las decisiones individuales de personas y empresas sean suficientes para contener la nueva ola. 

Ningún gobierno quiere aprobar restricciones, aunque sean mucho más laxas que las vividas al principio de la pandemia, pero a la vez estamos en un punto de transición entre el horror de 2020 y parte de 2021 y el futuro en que la enfermedad se convierta en endémica y menos peligrosa. Los gobiernos tienen un deber de protección de la salud pública que es parte de su trabajo. Y hasta los más reticentes lo saben. 

Después de semanas arrastrando los pies y de meses sufriendo la peor epidemia de Europa de manera sostenida, el Gobierno de Boris Johnson anunció este miércoles nuevas restricciones, que incluyen el mandato de teletrabajo y el uso de pasaportes covid en el ocio nocturno. 

Pese a las erráticas decisiones de los últimos meses, el asesor médico jefe, Chris Whitty, explicó bien la transición donde nos encontramos. En Reino Unido, como en España y en gran parte de Europa, estamos en una situación infinitamente mejor que hace un año gracias a la vacunación. Pero las variantes y la enfermedad de los más vulnerables y los no vacunados todavía suponen que ningún país pueda seguir adelante como si el coronavirus fuera una enfermedad respiratoria más.

“Estamos en el camino de una enfermedad pandémica a endémica en la que esto se convierta en algo más parecido a una infección rutinaria como la gripe poco a poco. Pero estamos en una transición llena de baches y va a ser difícil”, dijo Whitty. 

No es el mensaje que queríamos oír a estas alturas de la pandemia, pero es el más honesto.