La encrucijada

No sé si soy la única, pero en estos días me encuentro en una encrucijada. Como saben las personas que me leen, llevo muchos años escribiendo sobre vivienda y reclamando que se ponga coto al alquiler. Quizás por eso mismo, no puedo apoyar el decreto que ha vuelto a aprobar hace dos días el Consejo de Ministros. 

Y es que por más que nos lo hayan querido vender así, el objetivo de esta iniciativa no es “la protección de la función social de la vivienda”. No puede serlo porque la verdadera medida estrella de este decreto, la única que no está limitada en el tiempo ni en su dimensión presupuestaria, es un regalo fiscal de muchos miles de millones de euros a los arrendadores.

Desde este año, los arrendadores particulares –incluidos los multiarrendadores “buitre”, que tengan hasta once inmuebles alquilados– percibirán miles de millones de euros en bonificaciones fiscales. Gracias a estas medidas, un propietario que extraiga decenas o centenares de miles de euros de renta de hasta 10 familias podrá disfrutar de una bonificación del 70% de los rendimientos de esos alquileres incluso si les duplica la renta. Si les baja el alquiler unos pocos euros cada cinco años, esa bonificación llegará al 100%, esto es, no pagarán nada. Repito: nada. Tanto es así, tal es la barbaridad, que hasta el PSOE sacaba el otro día un anuncio en sus redes que decía “Si eres propietario y bajas el alquiler 50€ a tu inquilino, te habrías ahorrado 1000 € en el IRPF” y era mentira, porque no son 1000 euros, es más. El eslogan debería haber sido “Si le bajas 50€ a tu inquilino, pagarás cero impuestos”. Eso sí que sería verdad.

¿Y los fondos? El Gobierno presume de haberles subido los impuestos, pero tampoco es verdad. Lo que ha hecho es subir del 15% al 25% el gravamen sobre los beneficios no distribuidos de las SOCIMIs. Pero es que resulta que la mayoría de las SOCIMIs no se dedican al alquiler de vivienda, sino al de oficinas y centros comerciales. Y además estas sociedades ya están obligadas por ley a repartir sus beneficios (al menos el 80%, y en muchos casos el 100%). De manera que este es un impuesto sobre un dinero que apenas existe

Mientras tanto, el régimen fiscal que de verdad usan los fondos inmobiliarios, el de las Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Vivienda, queda intacto. Este régimen, al que se acogen miles de empresas, les permite, por ejemplo, ahorrarse el 40% del impuesto de sociedades y pagar un tipo reducido de IVA en la compra de vivienda. El decreto no elimina esa reducción, ni la cambia, ni siquiera lo menciona.

¿Y no tiene sentido todo esto si el objetivo es parar los desahucios? Veamos, resulta que el año pasado hubo en España unos 18.000 desahucios por alquiler. Solamente la bonificación del IRPF puede costar varios miles de millones de euros. Pero además, es que los desahucios solo se prohíben hasta 2030, pero las bonificaciones son para siempre. Como consecuencia, cada uno de estos lanzamientos durante cuatro años nos va a salir a todos los españoles por centenares de miles de euros en ingresos para las arcas públicas. Con ese dinero se podrían hacer muchas más cosas por las personas vulnerables que mantener su alquiler durante unos pocos años.

Por lo tanto, no podemos entender que este decreto tenga por objetivo la protección de la función social de la vivienda. El objetivo real y evidente fue y sigue siendo construir una suerte de gran coalición en la que puedan caber, al mismo tiempo, todos los partidos que el gobierno necesita para sostenerse. Desde los que defienden el rentismo más salvaje, como Junts, hasta quienes defienden un rentismo de las clases medias, como le pasa al PSOE, pasando por quienes toleran ese mismo rentismo buenista y piden otro, un rentismo público, como el recién estrenado Frente Amplio. Por eso, entre todas las medidas de este real decreto hay unas que caminan en una dirección y otras en otra. Por eso, por todas partes, sus portavoces anuncian una medida mientras firman la contraria. El verdadero ánimo de esta legislación es salvar al Gobierno. O lo que queda de él.

Y yo, lo he dicho muchas veces, creo que no hay rentismo bueno. La naturalización de la idea de que una parte del país pueda vivir a costa de las rentas que le paga la otra parte, sin hacer nada, sin ningún mérito, solo porque llegó a comprar antes que el resto, me parece una aberración y una condena. Un camino que solo nos puede llevar a convertirnos en un país de rentistas y camareros. Como sabe cualquiera que le haya insistido a un hijo en que deje de hacer el primo y se meta en una hipoteca, el problema del alquiler no es de precio, sino de coste de oportunidad. Da igual lo buenos que sean los caseros.

La única solución progresista en un país en el que el 73% de las familias tienen una casa en propiedad es que esa posibilidad se extienda a todas las familias. Que seamos orgullosamente un país de propietarios. Que la vivienda deje de ser un negocio desregulado para que todo el mundo pueda poseer una parte de la propiedad de su país. Y este decreto, lejos de abundar en esa vía, va en la dirección contraria. No solo no acaba con el rentismo, sino que lo naturaliza. Y hace más rentable vivir de las rentas.

Llevar este decreto a la Diputación Permanente con una justificación humanitaria, como si fuera la única manera de resolver el drama de los desahucios, es una maniobra que retuerce el sentido de la democracia. Me da igual cuántas veces se haya hecho antes o cómo de legal sea el subterfugio.

Como también es una tergiversación de la soberanía confundir la acampada de Sol, o incluso las manifestaciones del fin de semana, con la voluntad popular y decir, como ha hecho recientemente el presidente del Gobierno, que “cuando el Congreso da la espalda a lo que se vive en la calle, el Gobierno no puede mirar hacia otro lado”.

Claro que puede mirar hacia otro lado. Es más: debe. No solo esto, sino que lleva haciéndolo media legislatura y se lo hemos aplaudido muchas veces: como cuando lo que gritaba la calle era que había que echar a los inmigrantes o que la amnistía era una traición a España. Nos ha costado demasiado tener una democracia en este país como para desvirtuarla a la primera que nos conviene.

Este Gobierno, que ha hecho muchas cosas necesarias por España, es hoy un mal gobierno. Es un ejecutivo que ha agotado su agenda legislativa –al menos la que era capaz de sacar adelante con la correlación actual de fuerzas– y está improvisando. Y es un equipo que parece mucho más preocupado por su propia supervivencia que por el devenir del país.

Y en otras circunstancias sería deseable que llegaran unas elecciones que mandaran a este equipo a la oposición y le dieran a la izquierda el tiempo y el espacio para regenerarse o morir. Para que el darwinismo político cumpla su función depuradora.

El drama es, por supuesto, que para que eso suceda tendría que llegar al poder la oposición. Esos mismos que ayer compartían en Twitter –y defendían por televisión– unas imágenes del ministro Óscar Puente llorando en el suelo después de haber sufrido un accidente en el que se rompió el cuádriceps; los mismos que llevan años poniendo en cuestión el estado de derecho, tanto que aun cuando se dan por vencedores siguen poniendo en duda el voto por correo, no sea que después tengan que impugnar el resultado. Los mismos que proponen echar a millones de personas del país o hacer un recorte tan brutal del IRPF que provocaría el inmediato colapso de la deuda pública. Una derecha desquiciada, enajenada, más cerca de los del gorrito de plata que de los centros reales del poder. Una derecha trumpista, al fin, que no tiene más programa que el odio. No tengo ninguna duda de que un gobierno de Feijóo sería peor que el de Sánchez.

Así, los españoles estamos en una encrucijada, atrapados entre un gobierno agotado que está tomando malas decisiones y la posibilidad de que llegue otro peor. La sensación de degeneración del espacio público es asfixiante y, como siempre ocurre en la vida de los adultos, nadie va a venir a rescatarnos. ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? 

He defendido otras veces que los ciudadanos no debemos tomarnos la política como algo emocional. En primer lugar, porque ya pasó el tiempo en que uno se identificaba con un partido y le dejaba en prenda su propio valor moral. Pero sobre todo porque es contraproducente. Hoy nos arrastran corrientes que exigen una política de las emociones, como si viviéramos en un referéndum permanente entre el bien y el mal. Para salir de esa espiral necesitamos una sociedad civil fuerte con la cabeza fría, que no ceda al delirio ni deje de celebrar lo que está bien, aunque esté mal visto, pero que tampoco deje señalar lo que está mal, aunque lo hagan los suyos. Que no se salve a sí misma, que no se excuse, que no diga que esto no está pasando ni que no lo sabía. Vivimos un tiempo de extraordinaria dificultad, pero saldremos adelante si los españoles sabemos reconocerlo y actuar en consecuencia.