Los enterradores del sistema
Yo las oí. Sonaban como las demás. Daban el mismo sonido. Pero no se las podía oír igual. Porque significan: las palabras significan
La ley es interpretable. La Constitución es interpretable. Las palabras y los conceptos ¿son interpretables? Si son interpretables ¿son tales conceptos? No existe un diálogo ni una conversación si no partimos de unas bases comunes. ¿La violencia es un concepto común o una entelequia interpretable? La violencia ambiental que nadie vio. ¿El orden público es un concepto común o es un conjunto de sílabas que puede mutar su significado según unas mentes más o menos brillantes lo consideren a su antojo?
¿Hay un relativismo absoluto a la hora de malear los conceptos? ¿Esperamos que el pueblo pueda seguir confiando en un sistema cuyas bases son mutables, alternantes, cuyo relato dependa del ingenio o la voluntad o de los fines? ¿Todo es cuestión de discursos y de elaboraciones? El pueblo huirá. No es soportable. ¿Es lo que buscan? Nos acusan a los periodistas de antisistemas porque consideran que nuestras críticas socavan su autoritas pero no se dan cuenta de que son sus propios enterradores y, a la par, los nuestros.
Entiéndanme, yo conozco el sexo de los ángeles sobre el que disputan. Sé bien que el núcleo central del debate reside en el concepto de ''suspensión'' de derechos y el núcleo material en la definición de ''alteración del orden público'' pero les he visto ya, a unos y a otros, crear tantas realidades ad hoc que me rebosa el hartazgo. Era muy sugerente la doctrina que recortaba la acusación popular para un banquero y ha dado mucho de sí la que consideraba un ''alzamiento tumultuario'' algo etéreo y voluntarista que servía a un objetivo pero no casaba con ningún concepto anterior. Lo mismo sucede ahora con ese ''orden público'' alterado que obligaba a decretar el estado de excepción. Construcciones, lucubraciones, entretenidas para sus seminarios a 500€ la ponencia, sutilezas bizantinas, pero imposibles para controlar una catástrofe inédita en la que los ciudadanos están muriendo a centenares.
Una persona, una sola, un solo voto convierte en inconstitucional lo que si no hubiera un miembro dimitido o se hubiera renovado el órgano podría no serlo. Inconstitucional tras un análisis tardío que no resiste la transformación periodística de la determinación de la regla constitucional formal en un acto ''ilegal'' del Gobierno, como han pretendido los titulares. Si el TC nos hubiera dicho ahora que la Ley vigente y constitucional –nadie ha dicho nunca lo contrario ni la ha modificado– que regula los estados de excepción es una porquería, pues podría entenderlo. Si las sesudas cabezas de ese órgano constitucional o de otros ámbitos dijeran que tenemos un sistema de estados de excepción ininteligible y que hay que mejorarlo, pues lo aceptaría gustosa. No, lo que se está diciendo es que el Gobierno optó mal -y con él todo el Congreso- y la tesis de sentido común es que con la ley vigente en la mano no podía optar por otra cosa y menos con la situación de crisis urgente y de bronca política.
Por una sola opinión el Constitucional nos dice que debió elegirse el estado de excepción pero la ley que lo regula dice en su artículo 13:
Cuando
El libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos
El normal funcionamiento de las instituciones democráticas
El de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden publico, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo
COMA
El Gobierno podrá (…) declarar el estado de excepción.
Ya que el Código Civil deja claro que en la interpretación de las normas debe estarse en primer lugar a ''el sentido propio de sus palabras'', de haberse llamado a Pérez Reverte y sus colegas, les hubieran dejado claro que esa frase es una oración subordinada adverbial condicional (prótasis) y que su función gramatical es señalar una condición necesaria e imprescindible para que pueda darse la proposición principal (apódosis). La Gramática de la RAE es más gorda que el Código Penal incluso pero también tiene estudiosos y es evidente que en esta redacción del legislador la apódosis gubernamental solo puede darse si se cumple alguno de los supuestos de la prótasis, que están tasados.
Es por eso que en su ingenio se han tenido que sacar de la manga que la propia pandemia era una alteración del orden público, como si el coronavirus fuera un peligroso agente judeo-masónico infiltrado que pusiera en riesgo las instituciones democráticas y los servicios públicos y el orden público por el mero hecho de trastocarlos con sus efectos. Es una concepción del orden público franquista o delirante la que nos proponen. Es una concepción del orden público que nadie en su sano juicio hubiera tenido en enero de 2020.
Nos dicen que para confinarnos hubiera sido mejor optar por un estado de mayor rigor que hubiera dado al Gobierno potestades impensables para hacerlo cumplir, desde entrar en los domicilios de los infractores hasta tenerlos detenidos durante 10 días con solo comunicarlo al juez o, incluso, haber secuestrado publicaciones. Nos dicen que dotar a Sánchez de este poder era más constitucional y mejor que dejarle poner multas. Nos dicen que con 60 días –es todo lo que puede durar el estado de excepción– el coronavirus acojonado se hubiera retirado. Nos dicen lo que no podemos creerles y olvidan enviar un emisario a Casado para que deje de hacer el ridículo con su ley sanitaria nueva. Señor Casado, con lo que ha dicho el Constitucional no podría hacer una ley así jamás.
Lo peor de todo es que jugando a los demiurgos doctrinales no han reparado o no les han importado las consecuencias que su órdago tendrá no solo en el futuro sino ahora mismo. ¡Qué mas da si eso les da artillería a los míos y si gano a mis compadres! ¡Qué más da si dejo sin armas contra la expansión del virus a los gobernantes actuales y a los jueces que tienen que entrar en juego! Ya se está viendo. La resolución del Tribunal Superior de Cataluña que autoriza el toque de queda en las localidades de mayor incidencia dice que lo hace ''por el momento mientras no opere la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional (…) para ajustarnos a sus dictados a los que estamos obligados todos''. Esa es la cuestión porque si el Gobierno, respaldado por el Parlamento, precisa del estado de excepción para lo que se considera una suspensión de derechos ¿qué van a hacer ahora los jueces? No pueden ratificar esas restricciones administrativas. Los jueces usando las leyes sanitarias pueden inmovilizar a enfermos o a sus contactos con nombres y apellidos y poco más.
Hay otra cuestión vergonzosa que se refleja en ese párrafo del TSJC: la sentencia no nata la conocemos todos y también los jueces catalanes pero por la prensa. No se han podido aguantar, aunque hay quien dice que casi acaban a guantazos. Han hecho público un fallo que sirviera de pimpampum pero que no tenía argumentos. Han filtrado después esos argumentos y, ante la indefensión, el sector discrepante ha filtrado sus votos particulares. Dan mucha pena. Un grupo de periodistas con una exclusiva o una productora con un final para su serie de éxito es más capaz de guardar su voto de silencio que los integrantes del máximo órgano constitucional. Son de una frivolidad moral y profesional que espanta por muy importantes que se vean ustedes mismos cuando meten los brazos entre las puñetas.
Un sistema que no tiene certezas es un sistema fallido.
Un sistema que depende de los nombres de quienes están llamados a defenderlos es una fuente de defecciones absoluta.
Al sistema lo están enterrando ustedes. Ustedes son los antisistema.
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