Ese estómago que respira
De entre las enfermedades del Estado consideraré en primer lugar (…) aquellas que surgen de una institución imperfecta
Ese estómago que respira.
Has de cortarte las uñas del corazón.
El hígado me cojea.
El páncreas en que porto un embrión.
Van a pensar que he sufrido un ataque de vanguardia estilística, pero tan absurdas como esas frases son las que se están aplicando estos días a instituciones del Estado que han pasado a desarrollar funciones que no son las suyas o a transmutarse en otros órganos diferentes a los que en realidad son y cuya degradación orgánica, esencial, es uno de los principales males de nuestra sociedad democrática. A fin de cuentas, como dijo Hobbes, fundador de la filosofía política: “De entre las enfermedades de un Estado, consideraré por tanto, en primer lugar, aquellas que surgen de una institución imperfecta y que se asemejan a las enfermedades de un cuerpo natural”. Eso es lo que sucede en nuestros días y es la mayor muestra de degeneración institucional y democrática. Y no sucede por casualidad sino porque para demasiados el fin justifica los medios y son pocos ya los qué recuerdan para qué sirve cada cosa y que cosa sirve para cada qué. O pocos dispuestos a manifestarlo.
El Defensor del Pueblo –institución creada por la Constitución para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos– se ha trastocado sin pudor en un órgano capaz de validar autos judiciales. Un auto judicial solo puede ser confirmado o modificado por el análisis jurisdiccional de un tribunal superior previamente determinado por la ley para ello. Héteme aquí que ahora es el Defensor del Pueblo el que “valida” unos autos del juez del CNI después de haber podido examinarlos “todo el tiempo que fue necesario”, lo que miren por dónde no pudieron hacer los diputados del Congreso, siendo que el Defensor no es sino el Alto Comisionado del Congreso para la defensa de los derechos fundamentales. Aquí, órgano trastocado, lo tenemos cubriendo el expediente o blanqueando un tema en el que parece no haberse detenido demasiado.
Gabilondo abrió un expediente de oficio para comprobar si se había usado Pegasus en el número de personas que decía The New Yorker (65), si hubo resolución judicial para ello y “si las resoluciones estaban debida y suficientemente motivadas”. Esta última función no le compete y es aberrante que lo pretenda. Respecto a las otras dos, solo pudo aclarar que había 18 espiados con Pegasus con autorización judicial, nada aporta. Incluso los de fuera sabemos más. Ahí se acaba la investigación. La función de blanqueo que desarrolla en este caso está destinada a aseverar que el control judicial estaba bien realizado, justo lo que no puede hacer y justo lo que hace mal. Nos dice el Defensor del Pueblo que las resoluciones estaban “extensamente motivadas” y la jurisprudencia está harta de repetir que la extensión no es garantía de nada y que se precisa una argumentación jurídica adecuada y una ponderación pertinente. Sólo otros jueces pueden decirle a un juez si eso se ha producido o no.
Incluso en el proceso de lavado y centrifugado, incurre Gabilondo en una cuestión que bien puede volverse contra el propio magistrado Pablo Lucas ya que, según afirma, en las peticiones de infección con Pegasus realizadas por el CNI “hay un elevado grado de detalle para poder autorizar o no”. Sabemos que los argumentos eran muy discutibles desde el punto de vista jurídico y constitucional –lo conté en Miremos al juez del CNI– y que con esa aquiescencia Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo y como vasco, está avalando, por ejemplo, que se violara la totalidad de la intimidad de un abogado “por poner la estructura internacional de ETA al servicio del independentismo catalán”. ¡Gabilondo! ¡En 2019! O bien que se pensara que Aragonés iba a coordinar acciones violentas en protesta por la sentencia, ¡el vicepresidente de la Generalitat, de ERC! Este páncreas no palpita.
Hay que reconocerle a Ángel Gabilondo, que tras el blanqueo, supongo que solicitado y debido, no puede por menos que añadir con levedad y como de rondón que es preciso modificar ese paripé de control judicial establecido por Aznar. En eso coincidimos. Hay que cambiar ese paripé de legalidad, pero eso no se logra pasando la mano por el lomo de un organismo como el CNI ni poniéndolo al final de una carta dirigida a la propia directora del centro.
Esta misma alteración funcional y hobbesiana se ha comprobado estos días con el viaje del rey emérito a España, desde su destierro impuesto para calma de la opinión pública, de su hijo el jefe del Estado y del Gobierno. Un ministro –¡madre mía!– le ha llamado “delincuente acreditado” y siento tener que explicarle que no, que ningún juez ha acreditado que Juan Carlos de Borbón sea un delincuente, más que nada porque ningún juez ha tocado ese asunto. NINGÚN JUEZ NI NINGÚN TRIBUNAL han investigado, instruido o juzgado el rey emérito. Por tanto no es un delincuente, Alberto, pero tampoco está “exonerado” ni hay “archivo de nada”. Un nuevo órgano haciendo funciones de otro con la aquiescencia general. La Fiscalía en el reino de España no instruye procedimientos penales. Lo siento pero no, ese corazón no palpita. Sin embargo, lo han puesto a respirar. Aprovechando que puede practicar unas diligencias previas informativas, para después judicializar, se ha llevado a cabo un trampantojo por el que parece que hay una decisión judicial.
No, señores, los tribunales podrían abrir perfectamente un procedimiento contra Juan Carlos de Borbón mediante una querella. No hay ninguna cosa juzgada. Si la Fiscalía no ve motivos para acusar, podría haber acusaciones particulares y populares –así han llevado a Matos y Meyer hasta juicio– y, entonces sí, el Poder Judicial decidiría si la inviolabilidad cubre lo que la Fiscalía dice o si la prescripción alcanza a lo que el fiscal cree. ¿Saben cuántas veces sucede que lo que la Fiscalía cree no prescrito sí lo está para un tribunal o a la inversa? Pues eso, que la Fiscalía es una parte, con una opinión cualificada, pero que en el caso del rey emérito seguimos sin saber qué opina la Justicia de su caso. Hay posturas jurídicas y constitucionales que afirman que la inviolabilidad solo es efectiva durante el reinado, dado que pretende evitar que el jefe del Estado sea perseguido espuriamente por actos realizados durante su vigencia, como sucede en las repúblicas de nuestro entorno, pero que decae. Miren a Sarkozy, que fue inviolable mientras era presidente por actos de su presidencia y ha sido juzgado después. Resumiendo, que había y hay partido y que solo el Tribunal Constitucional está llamado a precisar en último término si la inviolabilidad real cubría los presuntos delitos cometidos durante su reinado y no la Fiscalía. Eso por no hablar, ya que hablábamos de interceptaciones de comunicaciones, de que la Fiscalía no puede ni ha podido utilizar ninguno de estos métodos de prueba con el emérito puesto que solo un juez puede autorizarlos. ¿Qué habría descubierto un juez instructor con una interceptación de comunicaciones realizada desde el primer momento en que se conocieron los hechos? No lo sabemos porque no han querido que lo sepamos.
En mi opinión, huelga tanto golpe de pecho republicano de muchos miembros del Gobierno y muchos socialistas porque estas alteraciones orgánicas no se han producido mientras ellos pataleaban protestando. En el caso de IU, a la que pertenece Garzón, hay que reconocer que fueron coherentes y presentaron querella ante el Tribunal Supremo que, huelga decirlo, fue inadmitida a trámite en un auto ponencia de Manuel Marchena en el que les decían que solo presentan noticias de prensa y que al ser un partido “profesionalizan el ejercicio de la acción popular”. Si esas eran las pegas del Supremo, a lo mejor hay que copiar ahora en una querella fundada lo que dice la Fiscalía y argumentar en derecho otra posición. No obstante, el propio Tribunal Constitucional inadmitió también el recurso sobre ese archivo “por no tener la cuestión relevancia constitucional”. Es que te da la risa.
Así que si todos los órganos han sido alterados para salvarte de acudir ante el juez, si el estómago respira y el hígado cojea para que tú, ex rey de España, no tengas que ser sometido a un procedimiento penal y para que tú, espía de España, puedas interceptar toda la intimidad de un montón de gente independentista cuando ya no hay ningún viso de que se vaya a declarar independencia alguna y tu gobierno negocia con esas personas, díganme, con el corazón en la mano: ¿qué explicaciones ni qué perdones ni que mandangas te van a pedir?
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