Por el forro de las togas

España no es Austria. Ni Alemania, ni Francia, ni Bélgica. Estamos infinitamente mejor que el corazón mismo de Europa, donde en algunos países la incidencia acumulada está por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes y la vacunación apenas alcanza al 60% de la población. Con todo, sería un error pensar que la pandemia ha quedado atrás, que hemos superado la situación de emergencia y que nada de lo que pase por ahí fuera tiene que ver con nosotros. 

Según las estadísticas oficiales, hay más de 80 millones de europeos en edad de vacunación que aún no lo han hecho, por lo que ignorar la realidad de un mundo interconectado sería el primer paso para repetir errores anteriores. No cuesta tanto pedir un último esfuerzo. Aunque la memoria tienda al olvido, sólo pensar de dónde venimos -con 75.000 fallecidos desde que el bicho irrumpió en nuestras vidas- ya produce escalofríos. Y tampoco estaría mal un repaso por esos países en absoluto lejanos que estos días toman decisiones drásticas para evitar que el COVID vuelva a jodernos otras Navidades, otro viaje, otra cena de empresa u otra fiesta con amigos. 

«Toda Alemania es un gran brote», ha dicho su ministro de Sanidad, Jens Spahn, para quien los alemanes este invierno estarán “vacunados, sanados o muertos”, en un mensaje directo a la población para que se ponga la vacuna contra el COVID. El gobierno ha decretado la vacunación obligatoria de sanitarios y trabajadores de residencias, así como la administración de la tercera dosis para mayores de 18 años. Los no vacunados no tendrán acceso a bares, restaurantes y otros espacios públicos.

En Austria, con una incidencia que sobrepasa los 1.700 casos por 100.000 habitantes, ha vuelto el confinamiento para vacunados y no vacunados durante 20 días. Y después, el pinchazo será obligatorio. Todo porque hubo demasiados “que se han mostrado insolidarios», en palabras del canciller federal, Alexander Schallenberg. 

En Francia, con una incidencia de 240 y el 76,6% de la población vacunada, el presidente Emmanuel Macron descarta, por ahora, aplicar medidas que vayan más allá del certificado Covid obligatorio para acceder al transporte público, bares, restaurantes, cines y demás lugares de ocio. Sobre un posible confinamiento dijo que «esta medida no es necesaria». 

En España, con una incidencia por encima de los 100 casos, la sexta ola ha multiplicado por siete los contagios en 20 días mientras que cuatro Comunidades rebasan el riesgo alto (Aragón, Baleares, País Vasco y Catalunya) y una pasa a muy alto (Navarra). Nadie habla de confinamiento porque con el alto índice de vacunación no será necesario, pero en el caso de que lo fuera es dudoso que algún gobernante -nacional, regional o local- se atreviese a pedirlo. Primero por las consecuencias en la actividad económica y después, por el desgaste. En un país en el que toda decisión política se convierte en lucha fratricida y además es susceptible de ser llevada a los tribunales, todos se protegen. 

Así que los gobiernos regionales han decidido echar mano del pasaporte Covid como medida de presión para que ese 10% de españoles -4,2 millones- que aún no se ha vacunado lo haga cuanto antes y para que hasta entonces tenga limitado el acceso a los lugares de ocio y sociales donde hay más riesgo de contagio. Es el precio a pagar por ese grupo de negacionistas, insolidarios o irresponsables que, dicho sea de paso, hoy tienen más libertad de movimiento gracias, entre otros motivos, a ese 90% de españoles que sí se ha vacunado y ha contribuido con su pinchazo a la llamada inmunidad de rebaño. 

Galicia, Baleares y Catalunya ya tienen el visto bueno de sus respectivos tribunales superiores de justicia en base a una resolución del Supremo que considera que el pasaporte de vacunación estaría justificado en determinados ámbitos territoriales, en espacios acotados y en función de la situación epidemiológica, tal y como recordó hace unos días la ministra Darias. Navarra y La Rioja ya lo han solicitado formalmente mientras que Aragón se encuentra en un limbo legal de 10 días a la espera de que su tribunal decida si el certificado es o no constitucional. Y el País Vasco acaba de recibir el “no” del TSJPV porque entiende que la decisión afecta a los derechos fundamentales como los de igualdad o intimidad, así como a los de reunión y libertad ambulatoria al tratarse de establecimientos públicos e incluso los de libertad de expresión y creación artística si el certificado se pide en los karaokes. “Por muy loable que este sea, el fin no justifica los medios cuando se vive en un Estado de Derecho”, remarca el texto judicial. ¡Acabáramos! Donde esté el derecho a cantar en el karaoke que se quite la obligación de preservar la salud. 

Queda inaugurado el nuevo baile judicial. El primero fue a cuenta de los toques de queda y las limitaciones de aforo. Ahora, llega el de los pasaportes Covid. ¿La doctrina del Supremo? Ahí queda, para que los tribunales superiores de justicia se la pasen por el forro de las togas. Todo en medio de una pandemia que, no olvidemos, aún no ha terminado y sobre la que los jueces han decidido ignorar los conocimientos de la ciencia, además de enmendar la plana a los gobernantes que no son de su cuerda. Pero luego no, no digan que la justicia en España tiene un sesgo ideológico. ¡Estamos enormes!