La foto de la valla: prejuicios y realidad
La foto es espectacular, sin duda. Decenas de inmigrantes trepan por la valla de Melilla. Fuera de la imagen, tienen que ser mucho más, hasta un total de 500. Su principal fuerza procede del número. Cuantos más sean, más posibilidades tienen de traspasar el sistema de vallas, cuchillas y obstáculos existente en la frontera. El salto tiene que ser simultáneo e incluir al mayor número de personas. Es una carrera en la que, como en un juego infantil, se trata de llegar cuanto antes a la meta. Y la meta es el CETI.
La foto puede explicarse así, pero hay también otras lecturas. Evoca la imagen de una invasión, ante la que las fuerzas de seguridad se confiesan impotentes. En vez de aumentar desde el primer momento el número de efectivos policiales en la frontera –la única decisión de efectos inmediatos que tiene a su alcance–, al Ministerio de Interior parece estar más interesado en lanzar alegatos apocalípticos, hablar de avalanchas y sugerir que la situación es insostenible. Es una forma de que la gente termine aceptando los posibles excesos policiales.
Interior sólo tendría que trasladar más policías. Y si no son suficientes, enviar más. No faltan. España es uno de los países de Europa con más policías por habitante. Pero resulta que ante una situación que, según el Ministerio, es dramática, el número de agentes se dosifica con cuentagotas.
¿Pero en realidad estamos siendo invadidos? ¿Está soportando España una carga inasumible por estar en el lado más sensible del flanco sur de la UE? No, y los datos de Frontex indican que Grecia o Italia han recibido muchos más inmigrantes irregulares.
En el juego político español, hay una tendencia que no falla desde hace muchos años. Si muchos africanos intentan entrar en España (como son pobres, sólo pueden hacerlo ilegalmente), la culpa es del Gobierno. Se supone que el Ejecutivo tiene alguna forma mágica de impedirlo. Cuando intenta afrontar el problema de forma racional, de inmediato los ignorantes denuncian el “efecto llamada”. Por alguna razón, piensan que los factores que empujan a los inmigrantes a llegar a Europa no están en los países de los que proceden, sino fundamentalmente en sus lugares de destino.
En la situación actual, el primer interesado en crear alarma social es el Gobierno. Uno de los mensajes que ha dejado con más firmeza el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en su comparecencia del martes en el Congreso ha sido el de la invasión. No de forma muy sofisticada, porque se ha basado en el argumento de que en África vive mucha gente. La población africana ha pasado de 360 millones de habitantes en 1970 a 1.000 millones en 2010, ha dicho. Eso quiere decir que hay “millones de potenciales inmigrantes” a la espera de dar el salto. El truco está en la palabra “potenciales”. Quizá muchos de ellos no sepan aún que algún día llegarán a España, pero el secretario de Estado se les ha adelantado.
Todo este espectáculo no es nuevo. Cuando los inmigrantes llegaban en patera hasta Canarias, Cádiz o Almería escuchábamos admoniciones similares: la invasión, las mafias y el efecto llamada. Se cerró esa vía sin que la sociedad española se viera arrasada por ninguna ola exterior. Ahora la presión se ha trasladado sobre Ceuta y Melilla. Pronóstico: España no será invadida, como no lo fue en la última década. Y si se pudo hablar entonces de invasión, hay que recordar que se produjo en los aeropuertos, donde los que llegaban no eran recibidos con cuchillas y pelotas de goma.
El martes se puede leer en ABC que “la trata de seres humanos se ha convertido en un negocio más rentable que la droga y las armas y con menos riesgo”. Otras veces la han relacionado con el terrorismo. En este contexto, mucha gente pensará que disparar pelotas de goma a personas que están en el agua es un gesto claramente humanitario. Ante tal amenaza, sólo la mano dura puede estar a la altura del desafío.
La alarma siempre está presente. Sirve para justificar cambios legislativos repentinos, aumento de los poderes de las fuerzas de seguridad y obstáculos en el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución.
