El Gobierno, a examen ante Naciones Unidas
Todo empezó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando la masacre sobre la población civil, con más bajas que los efectivos militares, evidenció la necesidad de redactar una Convención, cuya firma se celebró en Ginebra en 1959. Fue un primer acuerdo sobre Derechos Humanos que Naciones Unidas ha ido aplicando a través de distintos Comités. UNICEF, en protección a la infancia, o CEDAW contra la discriminación de la mujer, o el más reciente, CRPD contra la discriminación de las personas con discapacidad.
Todos ellos, y otros, surgen con el objetivo de vigilar a los gobiernos, de saber cómo aplican en sus respectivas legislaciones y políticas públicas las materias que cada uno de ellos defiende. ¿Cómo se logra? Examinando a los estados cada cuatro años y durante cinco horas en una sala con 22 personas expertas que, a su vez, tuvieron que superar cuatro días de entrevistas consecutivas donde personal de las diferentes embajadas en Nueva York evaluaban su currículo en igualdad. Es decir, personas que saben muy bien valorar un informe gubernamental, detectar cómo se han organizado los datos, o todo lo contrario, identificar aquellas estadísticas que se diseñan más para enumerar acontecimientos de menor interés, que para ofrecer información relevante.
Por ejemplo, en casos de tráfico de niñas y mujeres, los gobiernos son más propensos a demandar la sensibilización resaltando sus eventos o campañas, que a impulsar medidas sancionatorias. Razón por la que el Comité preguntará sobre el número de personas arrestadas o en cumplimiento de condena, o por cómo se tipifican estos delitos en su código penal. Así se evita que la retórica sustituyaal control de fronteras o a la formación de cuerpos de policía de aduanas.
Formular una pregunta en cinco minutos es muy difícil si además hay que leerse información complementaria de otros comités u organismos internacionales. Porque es un examen y no una puesta en escena protocolaria. Las preguntas se organizan en torno a los 16 artículos del Comité CEDAW y estos abarcan la totalidad de temas en materia de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Los primeros se especializan en la legislación, pero no en las normas (porque todas figuran en las webs de los ministerios), sino en los medios destinados para garantizar su aplicación. Les sigue la participación política, la salud reproductiva, las políticas activas de empleo, los medios de comunicación, el bienestar social, las pensiones, la brecha salarial, la situación de los colectivos (mujeres con discapacidad, madres solas, del medio rural, o que cumplen prisión), hasta las consecuencias económicas del divorcio.
Bien es verdad que los gobiernos quieren ofrecer su mejor imagen, o que justifican sus prácticas discriminatorias bajo el permanente comodín de la falta de preparación para aceptar la igualdad por parte de una ciudadanía muy celosa de sus tradiciones. Todo vale en un examen. Por ello existe un informe paralelo, el Informe Sombra (Shadow Report). Este informe lo elaboran las asociaciones de mujeres y organizaciones de la sociedad civil. En casos extremos tuvimos que reunirnos fuera del edificio de Naciones Unidas para evitar riesgo de represalias si las asociaciones coincidían con sus delegaciones gubernamentales, como ocurre con países severamente represivos.
En el caso de España, el Gobierno ocultará las dificultades de acceso a la justicia por unas costosas tasas, o responderá que sus medidas de empleo son eficaces, o que ha implementado 422 medidas para afrontar la violencia de género, o bien que el sistema de pensiones carece de impacto negativo para las mujeres. Pero omitirá su Lista de Schindler o los tres años de espera para acceder a la Ley de Dependencia.
El Informe Sombra aportará datos concretos sobre, por ejemplo, el número de mujeres que trabajan a tiempo parcial; un contrato que, con la reforma laboral, ha visto incrementada su jornada a través de unas horas denominadas “complementarias”, lo que aumenta su precariedad. Respecto a la violencia, el informe alertará al Comité sobre el número menor de denuncias, a pesar de mantener una cifra alarmante de asesinatos y de carecer de campañas de prevención. Se advertirá también acerca el riesgo de retroceder a escenarios predemocráticos con la futura reforma sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En suma, ofrecerá aquellos datos sobre la aversión a la igualdad de trato que, no solo concierne a las mujeres, sino a la modernización de un país en riesgo de desfigurar los derechos humanos que tanto costaron consolidar.
