El Gobierno que no quería a los inmigrantes

Al Gobierno de Pedro Sánchez parece importarle bastante poco la vida de las y los inmigrantes. No obstante, comprende su valor, pero no como seres humanos sino como moneda de cambio para lograr tratos políticos ventajosos. A su manera, el Gobierno de Sánchez hace tiempo que entró en el juego de la instrumentalización de la inmigración como arma de presión o cesión política. En la pasada legislatura, la lista de vulneraciones de derechos a la población extranjera cuya situación administrativa es irregular no fue precisamente corta. A la situación y condiciones de los CIES, la falta de regularización de las familias migrantes con hijos nacidos en España, la gestión de las crisis migratorias en Canarias desde el enfoque de la seguridad nacional (y no desde el de la seguridad humana), o la negativa a reformar de la Ley Mordaza.., se suman dos sucesos que ocurrieron en 2021 y 2022 y que, posiblemente, sean de los capítulos más inquietantes que han protagonizado agentes estatales e instituciones públicas de nuestro país. 

Uno tuvo lugar en julio de 2021, fue la devolución colectiva de personas menores de edad que estaban bajo la tutela de la administración ceutí. Actuación que está siendo investigada judicialmente para averiguar el papel que tuvieron la delegada de Gobierno de Ceuta y la entonces vicepresidenta de la ciudad en los hechos y su posible comisión de un delito de prevaricación administrativa. Otro, fue la masacre de Melilla en junio de 2022, donde al menos un centenar de personas extranjeras (según datos de Amnistía Internacional) murieron en circunstancias no aclaradas cuando intentaban saltar la valla, en un hecho sin precedentes. Nadie en este tiempo, desde el Ministerio del Interior ni desde ninguna institución del Estado, ha abierto una investigación ante la posibilidad que señalan las ONGs (y las imágenes) de que aquel 24 de junio podrían haberse cometido crímenes por parte de agentes estatales en territorio español. 

Ambos sucesos que, en su momento, causaron un enorme revuelo mediático, han caído en ese saco llamado “olvido” tan conocido por esos altos cargos que saben que las vidas migrantes no importan y que las graves violaciones de derechos que sufren no derrocan gobiernos. Esos que no hacen nada para que sí importen. Es más, en los últimos tiempos, las graves violaciones a los derechos de las personas migrantes y la apología sobre las mismas parecen dar audiencia y votos y llevar a partidos al poder. Esto lo saben bien las formaciones políticas de extrema derecha y derecha descentrada, europeas y españolas, ahora que hacen cálculos de cuántos votos les pueden dar sus discursos xenófobos ultranacionalistas en las próximas citas electorales.

Parte de estas derechas anti-migración, o mejor dicho anti-derechos humanos para las personas que migran, la conforma Junts. De ahí que la concesión que ha hecho el Gobierno de Sánchez esta semana de conferir las competencias en materia de inmigración a Cataluña a cambio de la abstención de los diputados de la formación catalana resulte cuando menos preocupante y un buen reflejo de lo que se viene a llamar la “weaponization” de la migración. Una práctica muy habitual entre gobiernos de extrema derecha, o claramente ajenos al sistema democrático. Este acuerdo de última hora con Junts, y también el papel que España ha jugado frente a Marruecos en julio de 2021 y junio de 2022, dan a entender que la posición del Gobierno de Sánchez en materia migratoria se acerca a esa instrumentalización basada en intereses políticos y no en garantizar los derechos humanos. Las vidas extranjeras, racialidas y pobres no puede dejarse en manos de formaciones políticas y gobiernos que no las van a respetar. Eso es racista.

Cataluña tendrá, según este acuerdo, competencia en la gestión de las expulsiones, los permisos de residencia y trabajo, el derecho de asilo y la acogida. Asuntos vitales para las personas migrantes que deben regirse por los instrumentos internacionales de derechos humanos y como un tema de Estado. Asuntos clave todos ellos sobre los que, justamente, hace unas semanas y bajo la Presidencia europea de España y el liderazgo de Grande Marlaska, la UE llegó a un controvertido acuerdo sobre el Pacto Migratorio. Un acuerdo que prima los intereses de los Estados en las fronteras por encima de la integridad y la vida de las personas que migran. Un Pacto que responde a la lógica nacionalista más conservadora ideológicamente y que, seguramente, celebrará Junts ahora que tiene la sartén por el mango, como así hizo el PSOE.

A la luz de las actuaciones municipales de los alcaldes de Junts en materia migratoria y la criminalización que estos hacen de la inmigración, la cesión de estas competencias del Gobierno a Cataluña no hace augurar nada bueno, tampoco sus declaraciones ni el discurso de sus líderes. Además, este acuerdo de última hora refuerza la idea nacionalista de fijar fronteras y levantar muros respecto al resto del Estado español y que puede jugar en contra de las formaciones políticas de izquierda en las próximas elecciones. Sin embargo, de fondo, visto lo visto y cómo trata el Gobierno de Sánchez a las personas inmigrantes que llegan a España en situación irregular y los acuerdos a los que llega a Europa, es muy probable que el PSOE piense que con ellos no va esa batalla de votos. De hecho, quién sabe, puede ser que la “seguridad de la nación” sea uno de los puntos en común de futuros acuerdos de gobierno entre socialistas y los de Puigdemont a nivel autonómico o municipal. Ninguna de las formaciones quiere a las personas migrantes a no ser que les sirvan para seguir o alcanzar el poder. La inmigración, una vez más, es ese oportuno enemigo común.