¿La Guardia Civil o la Stasi?

El teniente coronel Daniel Baena, en una aparición en un programa de televisión.

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A mucha gente le ha hecho gracia escuchar la conversación en la intimidad de David Madí, el más cualificado lobbista del mundo convergente, con Pilar Rahola, la periodista de cabecera de Waterloo, así como un sinfín de chascarrillos y conversaciones privadas de destacados militantes independentistas grabadas en secreto durante más de un año por la Guardia Civil.

Puede parecer divertido,  pero cuando acaben de reírse, mírense al espejo: lo normal sería que se les hubieran puesto los pelos de punta.

La instrucción de la causa Voloh, que investiga supuestamente prácticas corruptas de los empresarios más involucrados en el "referéndum" del 1 de octubre de 2017 -el llamado "Estado mayor independentista"-, ha puesto de manifiesto de manera ya indiscutible unas prácticas policiales por desgracia más parecidas a las de la Stasi -la temida policía política de la Alemania "comunista", que lo grababa todo de todos- que de una policía homologable a lo que se espera de un Estado liberal.

No es ninguna exageración: muchos juristas han llamado ya la atención sobre la falta de conexión entre las conversaciones difundidas y el objeto de la investigación judicial que autorizó las escuchas. Ni tienen nada que ver con la causa original -desmanes en la concesión de subvenciones en la Diputación de Barcelona- ni con la que se abrió como consecuencia de ella (supuesta injerencia rusa en el "referéndum"). Y en cambio, quedan expuestas horas y horas de conversaciones privadas, que claramente se difunden con el fin de crear cizaña entre los independentistas y abochornarlos públicamente por la forma en que hablan los unos de los otros: exactamente como nos sucedería al común de los mortales si estuviéramos más de un año con nuestras comunicaciones intervenidas porque aquí rajar es deporte nacional compartido por todas las ideologías.

Esta práctica policial lamentable de incluir charlas privadas que nada tienen que ver con los hechos investigados es por desgracia habitual en muchas causas que se instruyen, pero aquí se ha ido mucho más allá: la mayor parte de la causa final es apenas la suma de transcripciones sobre navajazos políticos y bravuconadas que absolutamente nada tienen que ver con el origen y fin de la investigación, sobre la que absolutamente ninguna diligencia se ha hecho, ni siquiera interrogar para sonsacar pistas sobre los famosos 10.000 soldados rusos: una forma muy poco presentable, pues, de "blanquear" lo que en realidad ha sido la intervención de las comunicaciones durante un año para exponer al público las miserias de gente con la que no simpatizas. En definitiva: una vergüenza.

Y todo para hacer aflorar lo que todo el mundo ya sabía: que Madí y Rahola son dos grandes vividores del procés -en la medida en que han logrado alinear sus objetivos políticos y pecuniarios- y que la comunidad independentista está peleadísima consigo misma. ¡Qué gran descubrimiento de la Guardia Civil!

Este hecho es ya de por sí gravísimo, pero por difícil que parezca tiene todavía un agravante: semejante chapuza ha sido difundida a lo grande inmediatamente después de que la Audiencia Nacional haya absuelto al major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en una sentencia histórica que equivale también a una auténtica desautorización a toda la instrucción de la causa y muy particularmente a la forma de trabajar del cuerpo policial que ejerció de policía judicial, encabezado por el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena.

Exacto: el mismo Baena responsable de la operación Voloh y de sus pinchazos telefónicos.

La sentencia de la Audiencia Nacional es tan solvente y precisa que hasta la Fiscalía, que defendió durante todo el juicio que Trapero era culpable de un delito de rebelión, ha desistido de recurrirla, con lo que se ha convertido en firme. Es decir: todas las chapuzas policiales descritas en más de 100 folios redactados por el magistrado Ramón Sáez Valcárcel se han convertido ya en "verdad judicial": deberían tener algún tipo de consecuencias para evitar que puedan repetirse.

Nada más lejos de la realidad: en lugar de tener consecuencias, el mismo equipo policial que sale tan mal parado en el auto se permite lanzar inmediatamente la Operación Voloh y difundir urbi et orbi conversaciones privadas recopiladas durante un año de intervenciones telefónicas.

Y algunos medios, en lugar de pedir ceses se lo pasan en grande.

En Barcelona forjó su leyenda en los años 20 del siglo pasado el general Severiano Martínez Anido con sus montajes grotescos que socavaban el supuesto Estado de derecho de la época para reprimir a los anarquistas con el aplauso de la burguesía catalana. 100 años después parece que esos ecos aún resuenan. Pero entonces mandaba en Madrid el general Miguel Primo de Rivera y ahora lo hace "el Gobierno más progresista de Europa", con lo que es absolutamente imposible que esto pueda durar ni un día más.

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Publicado el
6 de noviembre de 2020 - 22:26 h

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