Hablar de España para no hablar de Madrid

Pongamos que hablamos de Madrid. No de Sánchez, sino de Ayuso. Y no del Gobierno de España, sino de la Comunidad de Madrid. Esto no va, por más que se empeñe MAR, ni del “Le Pen de la izquierda europea”, ni de falsos golpes contra el rey, ni de independentismo, ni de patrañas sobre intentos de encarcelar a la oposición. Esto va sencillamente de inversión sanitaria, de médicos, de enfermeras, de pacientes sin diagnosticar y de una caótica reapertura de las urgencias extrahospitalarias que los gobernantes madrileños quieren suplir con la teleasistencia. También va, claro, de una presidenta regional que habla de España para no hablar del estado de su región y que se parapeta en el insulto y la infamia para camuflar una pasmosa realidad que tiene indignados a los usuarios de la sanidad pública.

Ayuso tiene un problema. En realidad, tiene más. Pero, a seis meses de unas elecciones autonómicas, el de la sanidad es sin duda el que puede explotarle en las urnas. Torres más altas han caído víctimas de la soberbia, que es un acto de autoafirmación con el que se suele despreciar a los demás, bien porque se les minusvalora, se les desprecia o directamente se les injuria. Algo que practica con demasiada frecuencia la presidenta madrileña contra sus adversarios políticos. 

Basta un repaso a los datos para saber de qué hablan los profesionales de la Sanidad pública. Madrid está entre las cuatro Comunidades Autónomas con menor gasto sanitario por habitante. Es la tercera región con menos enfermeras de Atención Primaria por habitante y la cuarta con menos médicos de familia. Hay 4 veces menos médicos de Urgencias extrahospitalarias por habitante que en el resto de España (3,87 vs 16,59). En 2019, había 527 médicos de urgencias en Atención Primaria y en 2021, había 260.

Madrid afronta el próximo domingo una manifestación en defensa de la sanidad pública y arrastra desde hace días una huelga indefinida de facultativos. Y todo porque el nuevo plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias -80 centros abiertos con la mitad de personal-  ha provocado una grave crisis en la Atención Primaria. La última le costó el puesto al hoy consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, que en 2014, siendo titular de Sanidad y tras varios intentos de privatizar la gestión sanitaria, tuvo que presentar su dimisión ante la indignación social. Curiosamente es hoy quien decide cuántas plazas públicas de médicos salen a concurso.

Con el nuevo plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias los profesionales han visto trastocados sus destinos y turnos de trabajo, muchos de los centros no han podido abrir por falta de equipos e incluso de médicos para atender a los pacientes. Pero, entre insultar a Pedro Sánchez y encadenar eslóganes trumpistas, Ayuso solo ha tenido tiempo para culpar a los sanitarios, acusarlos de organizar un boicot, comparar la manifestación convocada para el domingo con las movilizaciones contra la invasión de Irak, reducir el motivo del conflicto a que faltan 34 médicos y aportar como solución mágica y de futuro la videoconsulta. Y es que la inquilina de Sol sostiene que esto no va de Sanidad, sino de activismo. Que médicos, enfermeras, celadores y pacientes no tienen motivos para la queja y que todos ellos, en su marco mental, son una panda de rojos, independentistas y proetarras que siguen las consignas de Pedro Sánchez. 

A la indómita baronesa, que empieza a causar fatiga también entre la nueva dirigencia del PP tanto por sus boutades como por su empeño de convertir a Feijóo en su próxima víctima, no le han debido explicar que, por muy fuerte que esté en las encuestas y muy despistada que ande la izquierda madrileña, hay un factor de imprevisibilidad que acompaña a todo proceso electoral. Dicho de otro modo: que unas elecciones siempre están abiertas. Un escándalo, una mala declaración, un enfrentamiento con un sector estratégico, una pésima gestión o una personalidad que destile arrogancia pueden acabar con la carrera política de cualquiera. Ayuso se enfrentó primero a los taxistas y ahora hace lo propio con los sanitarios. Mal asunto.