Ningún incendio se apaga con heroísmo

En España no sabemos con certeza cuántos bomberos profesionales tenemos. Mientras los montes arden y se declara la emergencia nacional, esta no me parece una cuestión menor. La Plataforma Unitaria de Bomberos elaboró en 2009 un Mapa Censal que estimaba unos 22.000 efectivos, mientras que Eurostat, a partir de la Encuesta Europea de Población Activa, atribuía a España 39.400 profesionales a finales de 2024. A fecha de hoy no existe un registro oficial único que permita conocer cuántos bomberos integran realmente el sistema español de emergencias.

Quizá algunos crean que en España existe un único «cuerpo de bomberos», pero no es así. Lo que hay es una coexistencia de distintos Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) –dependientes de ayuntamientos, diputaciones, consorcios o comunidades autónomas–, con los distintos operativos de incendios forestales organizados en cada comunidad autónoma en los que participan personal funcionario, laboral, empresas públicas y, en algunos casos, concesionarias privadas. A estos se suman otros servicios específicos, como los de Aena, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Estado o los medios de TRAGSA. El resultado es un sistema extraordinariamente fragmentado, con múltiples administraciones, distintos modelos de gestión y financiación y sin una fotografía oficial única de sus efectivos.

Esa fragmentación ayuda a entender por qué, cuando un incendio adquiere una dimensión extraordinaria, aparece la Unidad Militar de Emergencias. Aunque nos hayamos acostumbrado a verla combatiendo el fuego, la UME no forma parte de los servicios ordinarios de extinción, sino que es una unidad de las Fuerzas Armadas concebida para intervenir cuando la capacidad de respuesta debe reforzarse de forma excepcional. Cuenta con unos 3.500 militares distribuidos por el territorio nacional y capacidad para desplegarse en menos de cuatro horas. Desde su creación, la mayor parte de sus intervenciones han estado relacionadas con incendios forestales y, solo en 2025, participó en la extinción de 57 grandes incendios, movilizando en los momentos de mayor intensidad hasta 1.400 militares en ataque directo y cerca de 2.000 en labores de apoyo.

Sin embargo, hay algo que sí sabemos en medio de este puzle, que ninguno de estos dispositivos se improvisa cuando llega el fuego, que todos existen porque se financian con dinero público. La capacidad para responder a una tragedia como la que ha obligado a evacuar y confinar a más de 40.000 personas en el momento de escribir esta columna se construye con impuestos. El valor y la entrega de quienes se enfrentan a las llamas son indiscutibles, pero sería un error quedarnos atrapadas y atrapados entre la épica de su heroicidad y los discursos simplistas propios de la antipolítica, que desprecian lo público mientras se benefician de ello, para olvidar algo tan importante como son las condiciones en las que trabajan y los medios de los que disponen para hacer frente a incendios cada vez más devastadores.

La prevención de los incendios también es una política pública que requiere invertir durante todo el año en gestión forestal. El coste económico, ambiental y humano de apagar incendios y reconstruir después lo que nunca debió perderse siempre será mayor que el de prevenirlos. Es cierto que, cuando llega la tragedia, la solidaridad aparece entre las vecinas y vecinos abren sus casas, ayudan a evacuar animales, llevan agua, comida o un lugar donde dormir. Pero esa solidaridad no sustituye a los servicios públicos porque el pueblo no apaga solo un gran incendio sin los bomberos, las brigadas forestales, pilotos, personal sanitario, agentes medioambientales, Guardia Civil, policías, personal de Protección Civil o la UME. Personas todas ellas que también forman parte de ese mismo pueblo y que cumplen funciones públicas indispensables. Que representan la cara de lo público de la que nunca se habla porque solo se habla de aquellos y aquellos que da mala fama. Personas que también forman parte de ese mismo pueblo y que representan la mejor cara de lo público, de esa que solo nos acordamos cuando todo arde.

La desesperación y la ira de quienes lo pierden todo son comprensibles. Pero ningún incendio se apaga solo con heroísmo y la solidaridad del pueblo, por admirable que sea, nunca podrá sustituir a unos servicios públicos fuertes, bien financiados y preparados para protegernos cuando más los necesitamos.