La Justicia proletaria
Al Gobierno le estallan las costuras de sus recortes sin fin, de su falta de consideración y de su improvisación perpetua. Superada la crisis de forma satisfactoria, al decir de la propaganda oficial, las víctimas de la misma están comenzando a despertar del letargo. Y no son sólo los pensionistas, muchos de los cuales ya protagonizaron en su vida activa la lucha por los derechos de los trabajadores. En este país en el que los anales dicen que no hay clase obrera, que todos somos clase media, los nuevos proletarios del sistema están comenzando a darse cuenta de cual es su situación actual.
Otras veces les he hablado ya de la chinificación de muchos trabajos, que antes de la hecatombe eran profesiones más o menos prestigiosas. Pregúntenles a los arquitectos que no trabajan si no cogen vuelos internacionales, a los jóvenes ingenieros que han tenido que emigrar como lo hicieron sus mayores -por mucho que ahora le llamen expatriación- y a los miles de licenciados que se tienen que dar con un canto en los dientes si les contratan por salarios inferiores a los denostados mil euros de antaño. Y eso que ellos sí han cursado sus estudios y obtenido debidamente sus títulos.
Tal deterioro de las condiciones de trabajo y de los derechos se han hecho visibles también en las profesiones jurídicas. En un par de décadas, la masa mayoritaria de jueces ha pasado de pensar que el hecho de ser un poder del Estado les concedía un estatus determinado, que hasta impedía la protesta, a darse cuenta de la proletarización a la que han sido sometidos y del ninguneo sistemático por parte del Gobierno y del propio CGPJ. Lo mismo les sucede a los fiscales. Los abogados también han sido sometidos a las consecuencias de la globalización y a la llegada de mano de obra barata y masiva. Sumidos también en la paradoja de ser una de las profesiones liberales por antonomasia y, sin embargo, enfrentarse a problemas y reivindicaciones propios de cualquier colectivo obrero. Los salarios insuficientes, las cargas de trabajo inasumibles, los sistemas informáticos que dificultan el trabajo en lugar de agilizarlo, la imposibilidad de conciliar e incluso la falta de pago por parte de los organismos públicos, se han convertido en el día a día.
Ya veo a algún lector cabeceando y pensando que lo suyo es que cada palo aguante su vela y que todos los sectores tienen problemas. Cierto. No es menos cierto que la Justicia es un negociado que afecta de forma directa a la vida de los ciudadanos y al funcionamiento social. Gripar ese sistema es también gripar nuestros derechos y libertades y eso es lo que se está haciendo sin ningún pudor.
Al fin todas las asociaciones de jueces y fiscales han llegado a un acuerdo para convocar una serie de paros que tendrían que haber comenzado hoy jueves coincidiendo con un paro de abogados. Hoy pararán solos los abogados porque los jueces han tenido un problemilla legal que en el fondo ha venido a darles la razón. La Autoridad Laboral, del Ministerio de Trabajo, les ha comunicado que no han cumplido el plazo legal de comunicación de su paro, que es de diez días, y que por tanto no pueden parar mañana. Es curioso que los jueces no cumplan los plazos, aunque es disculpable puesto que no hay nada más difícil que llevar a un grupo de jueces y fiscales juntos de un punto a otro. Se lo digo por experiencia. En mis tiempos, cuando trabajaba para el CGPJ, hasta subirlos juntos a un autobús era una odisea. No obstante están contentos porque por primera vez, un organismo del Ejecutivo les reconoce el derecho a huelga que otros les hurtaban. Responderles que incumplen el plazo de la Ley de Huelga es tanto como reconocer que tal ley les atañe.
Son los jueces y fiscales de a pie los que no soportan más sus condiciones de trabajo y es, sobre todo, la base de jóvenes que se incorpora la que presiona a las tradicionalmente lentas, polvorientas y poco dispuestas asociaciones judiciales y fiscales a dar este paso.
Los abogados sí se manifestarán hoy jueves. En su caso lo harán convocados por asociaciones independientes de los colegios profesionales que, en algunos casos ya se han pronunciado afirmando que los letrados no tienen derecho a huelga. Lo cierto es que reivindican cosas tan básicas como la posibilidad de las abogadas de tener una baja por parto o para exigir que les paguen el trabajo que hacen en el turno de oficio de una forma digna y a tiempo. Cosas que parecen tan incomprensibles, y que comparten con los jueces y fiscales, como que no se introduzcan avances tecnológicos y digitales tan mal hechos y tan mal implementados que en lugar de agilizar su trabajo lo convierte en un tormento. Mientras, muchos grandes colegios como el de Madrid miran para otro lado. Claro que la colegiación obligatoria convierte a estos en representantes de la patronal, de los empleados y de los autónomos y parece que, de momento, prefieren alinearse con el poder y no con los nuevos proletarios.
Sumen a eso que los funcionarios de Justicia de Galicia llevan tres meses en huelga. Tres meses sin que Feijoó les haga ni puñetero caso y con una avalancha de suspensión de juicios y de paralización del trabajo. Esa es la Justicia del PP, la que no funciona, la que no avanza, la que no da respuesta a las necesidades de una sociedad democrática.
La pena de todo esto es que la efervescencia de la indignación de las profesiones jurídicas se lleve a cabo de forma separada. Por mucho que ellos digan que la acción conjunta es imposible, yo no dejo de mirar con envidia las manifestaciones masivas de los últimos meses de todos los estamentos en Francia bajo el lema “Justice Morte”. La Justicia muerta, agonizante, tal y como la están dejando los que sólo la quieren sumisa.
Catalá, el ministro reprobado, ya puede sentirse satisfecho. Ha alcanzado las cotas de su predecesor, el ministro Gallardón. Ambos han tenido el dudoso honor de ponerse en contra a todos. Ambos han conseguido que les hagan una huelga. Catalá ya ha matado al padre y, de paso, está asesinando a nuestra Justicia.
