Leyes machistas para momentos de crisis
El Parlamento madrileño acaba de aprobar la ley que servirá para adaptar, a nuestra Comunidad, la llamada Ley estatal anti-Ayuntamientos. De esta forma, la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local empezará a ejecutarse en los municipios madrileños.
El Gobierno madrileño pretende, así, vaciar de contenido el ámbito municipal que, sin duda, es el ámbito institucional más próximo a la gente y que mejor puede acercar los servicios a sus habitantes. Con la reforma local se ponen en peligro los servicios de proximidad, tales como la atención a personas mayores y dependientes, las escuelas infantiles, el mantenimiento de colegios y la promoción de la igualdad de género o la erradicación de la violencia machista.
Los recursos de igualdad entre hombres y mujeres y los recursos de atención a las víctimas de violencia de género son competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. No obstante, en la práctica, estos servicios se vienen prestando por los municipios, basándose en dos competencias de la Ley de Bases de Régimen Local: las competencias complementarias (art. 28) y las competencias por delegación (art. 27).
1) Hasta hoy, los Municipios podían realizar actividades complementarias de otras Administraciones y, en particular, actividades relativas a la promoción de la mujer. Pero en la reforma local, este artículo 28 es derogado, de manera, que la promoción de la igualdad deja de ser una competencia para los municipios.
2) Actualmente, la Comunidad suele delegar en los Ayuntamientos y Mancomunidades los servicios de igualdad y de atención a las víctimas de violencia machista (art. 27.1). Normalmente, celebran convenios, donde los ayuntamientos financian el 20% del servicio y la Comunidad el otro 80%. Es lo que se llaman competencias “impropias” o por delegación. Pero desde hoy, estos servicios están en peligro. Con la nueva normativa, los Ayuntamientos no podrán ejercer estas competencias impropias. Sólo podrán hacerlo si: tienen más de 20.000 habitantes, y si arbitrariamente lo decide la Comunidad y siempre que ese servicio no lo esté prestando simultáneamente otra Administración. Es decir, la nueva ley deja exclusivamente en manos del gobierno regional la posibilidad, arbitraria, de que los municipios puedan atender a las víctimas de violencia machista y de que se desarrollen políticas municipales de igualdad de género.
Me surgen más dudas que certezas: Si estos servicios los presta en adelante la Comunidad de Madrid, ¿abonará ese 20% más o por el contrario, supondrá un recorte de estos servicios? ¿cómo afectará a las mujeres rurales? ¿mejorarán los servicios o los recortarán? ¿Lograrán cubrir mejor las necesidades de la gente o simplemente obtendrán mayor control?
En resumen, las competencias complementarias (art. 28) se derogan y las competencias por delegación (art. 27) se recortan o se decidirá arbitrariamente su continuidad.
Pero sus barbaridades no acaban aquí. La ley autonómica de adaptación al Régimen Local tiene una memoria final donde analiza el impacto de género que tendrá esta nueva ley. En ella se permite el lujo de afirmar que “no procede evaluar el impacto potencial del proyecto normativo en los hombres y mujeres, por considerar que de la misma no derivan políticas discriminatorias”. Es decir, el legislador concluye que no hay que analizar si la reforma de todos los servicios públicos de todos los ayuntamientos madrileños afecta de diferente manera a hombres y mujeres. Esto es, sin duda, una falta de respeto tanto a la igualdad de género como al municipalismo y su incidencia en la vida de las personas.
Recapitulando, el PP hace una reforma laboral que aumenta el paro, rescata a los bancos que echan a las familias de sus viviendas, su fiscalidad beneficia a los ricos, su educación prima la excelencia y, ahora, va contra nuestros pueblos y ciudades. Y si nos parece poco, pretende obligar a las mujeres a ser madres, atacando sus derechos sexuales y reproductivos. Todas estas políticas forman parte de un modelo de país, de unas prioridades políticas y de una manera de gestionar un gobierno, que no busca mejorar los servicios públicos, ni las prestaciones de la ciudadanía madrileña, ni pone en el centro las necesidades básicas de la vida. Los Ayuntamientos necesitan más financiación, más transparencia, más cercanía y más democracia.
La reforma local es un ataque sin precedentes a las políticas de igualdad y supondrá un retroceso en la lucha contra la violencia machista. Desde luego, cabe preguntarse ¿esto no es una forma de violencia de genero institucional?
