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El liderazgo ambiental de la Comisión Europea era una mentira

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen

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Era demasiado bueno para ser cierto. El Pacto Verde Europeo, documento base de la política ambiental y climática de la Comisión Europea liderada por su Presidenta, Ursula von der Leyen, y su Vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha resultado ser solamente un espejismo.

En la presentación del Pacto Verde, en 2019, la nueva Comisión afirmaba grandilocuentemente: "El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar estos retos, el Pacto Verde Europeo transformará la UE en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva (…)". De esta manera, la Unión Europea podría desempeñar un papel de liderazgo en la lucha mundial contra el cambio climático.

Lamentablemente, toda la magia del Pacto Verde se ha desvanecido, y de paso toda la credibilidad ambiental de la Comisión Europea, cuando ésta ha planteado que se incluya la energía nuclear, uno de los mayores fracasos económicos, tecnológicos, medioambientales y sociales de la Humanidad, y el gas natural, un combustible fósil causante del cambio climático, en la lista de actividades medioambientalmente aceptables dentro del marco europeo de finanzas sostenibles, la llamada Taxonomía Verde.

Aceptar la propuesta de la Comisión sería un grave error: la energía nuclear y el gas natural no sólo resultan innecesarias para la transición energética hacia la descarbonización, sino que son un verdadero obstáculo para lograr este objetivo.

El Reglamento de Taxonomía de la UE tiene como objetivo guiar a los bancos, las compañías de seguros y los inversores particulares en sus decisiones de inversión estableciendo criterios para identificar qué actividades económicas son respetuosas con el clima y el medio ambiente. Esta norma también constituye la base para orientar las subvenciones y los impuestos europeos y nacionales.

La regla clave de la Taxonomía es que para que una cierta actividad económica pueda ser considerada como sostenible, tiene que contribuir sustancialmente (principio de "Substantial Contribution") a uno de los objetivos medioambientales definidos en la regulación europea (por ejemplo, la mitigación del cambio climático o la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas) al tiempo que no causa daños significativos (principio de "Do No Significant Harm", DNSH) a los demás.

La energía nuclear es incompatible con el principio de "no causar daños significativos" de la Taxonomía 

Como el tiempo y los hechos se han encargado de demostrar, la energía nuclear nunca podrá ser una solución medioambientalmente aceptable ni económicamente eficiente para reducir las emisiones de CO2 en la lucha contra el cambio climático.

Como muestra de su fiasco económico, podemos citar, por ser de actualidad, el caso del reactor nuclear Olkiluoto-3, construido en Finlandia con tecnología francesa (reactor tipo EPR, de la empresa estatal gala AREVA). En 2001 se aseguró ese reactor iba a ser construido en un tiempo récord de cuatro años y con un coste de 2.500 millones de euros (M€), y que no se necesitaría recurrir a apoyos estatales ni a subsidios de ningún tipo. Olkiluoto-3 sería el buque insignia del "renacimiento nuclear". Su construcción empezó ya con retraso, en 2005, pero se afirmó que estaría terminada en 2009. Sin embargo, ha sido a finales de diciembre de 2021, transcurridos 20 años desde que se anunciase su construcción y 16 años después de que ésta empezara, cuando se ha publicado que se podrán empezar con las pruebas de arranque. Se reconoce oficialmente que su construcción ha tenido un sobrecoste de 11.000 millones de euros, más del 400% sobre lo inicialmente presupuestado.

En segundo lugar, su utilización ha provocado ya una serie de graves problemas a la salud pública y al medio ambiente, de trascendencia internacional: accidentes nucleares, como las catástrofes de Chernóbil y Fukushima, que ha afectado gravemente a la salud de decenas de miles de personas y dejado inhabitables amplias extensiones de territorio; y la generación de residuos radiactivos, peligrosos durante decenas de miles de años, para cuya gestión definitiva y a largo plazo no existe ninguna solución técnica satisfactoria.

La energía nuclear no es necesaria para la transición energética puesto que la viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica basada al 100% en energías renovables es un hecho ya comprobado científicamente.

En este mismo sentido, el pasado 11 de noviembre, los gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Portugal y Luxemburgo publicaron una declaración conjunta para instar a la Comisión a una Taxonomía de la UE libre de energía nuclear. El texto sostiene que la inclusión de la energía nuclear socavaría considerablemente la integridad y la credibilidad de esta normativa. Por otra parte, la ministra de Energía y Clima de Austria, Leonore Gewessler, declaró en una entrevista (Euractiv) que su país estaría dispuesto a acudir a los tribunales si la UE decide incluir la energía nuclear en la Taxonomía.

La falacia del gas natural como combustible "verde" 

El gas natural es un combustible fósil que se extrae del subsuelo, terrestre o marino. Está compuesto en su mayor parte por moléculas de metano (CH4), que produce dióxido de carbono (CO2) cuando se quema. El metano es también un gas de efecto invernadero (GEI) en sí mismo, 87 veces más potente como GEI que el CO2 en una perspectiva de 20 años. Por lo tanto, su liberación a la atmósfera provoca incluso más cambio climático que su combustión.

Es una falacia presentar el gas natural como un combustible puente hacia la descarbonización, menos perjudicial para el clima que los combustibles fósiles convencionales, tal y como interesadamente hace la industria de los hidrocarburos.

El engaño consiste en considerar únicamente las emisiones directas de CO2 de la combustión del gas natural, pasando por alto el impacto de las fugas y filtraciones de metano a la atmósfera. La combinación de las emisiones de CO2 y las filtraciones/escapes de metano a lo largo de todo el ciclo de vida del combustible, es decir, desde la producción hasta su combustión, hace que el gas natural sea más perjudicial en términos climáticos que los combustibles fósiles convenciones derivados del petróleo.

Dado que el metano tiene un potencial de calentamiento atmosférico mucho mayor que el CO2, fomentando esta tecnología se estaría yendo en contra de lo advertido por el reciente informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, de Naciones Unidas), que afirma que su rápida reducción es crucial para evitar aumentos catastróficos de la temperatura del planeta.

En resumen, el uso de gas natural no solo no contribuirá substancialmente a la mitigación del cambio climático, sino que, por el contrario, conducirá a exacerbar su gravedad, al mantenerse a largo plazo la actual dependencia energética de los combustibles fósiles.

No caigamos en el estúpido error que promueve la Comisión Europea 

La taxonomía verde debe reservarse para los productos verdaderamente verdes. Si la normativa incluyese el gas natural y la energía nuclear, las inversiones en estas fuentes energéticas sucias y peligrosas se situarían absurdamente casi al mismo nivel ecológico que la construcción de turbinas eólicas y plantas solares. Además, las inversiones en gas y energía nuclear aumentarán la dependencia energética de la UE con respecto a Rusia y otros países, así como de las compañías de hidrocarburos y de tecnología nuclear.

Todavía estamos a tiempo de no cometer tal dislate. El texto que finalmente proponga la Comisión Europea en las próximas semanas deberá aprobarse por mayoría simple en la Eurocámara y por mayoría cualificada en el Consejo, es decir, que lo aprueben al menos 20 países de la UE y que representen al 65% de la población de la UE.

La posición oficial de España sobre la energía nuclear y el gas natural en el marco del debate europeo sobre el Reglamento de la Taxonomía es que estas energías no deben ser categorizadas como verdes o sostenibles. Ojalá el Gobierno español luche activamente por ello y, en alianza con otros países, logre evitar que el Consejo apruebe la disparatada propuesta de la Comisión.

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