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No hacer nada

Cartel en una farmacia de Madrid.

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En esta pandemia, se podría decir que cada país infeliz es infeliz a su manera. 

En cada giro de guion, nos encontramos a políticos patosos, dubitativos y que se resisten a ratos a escuchar a los científicos mientras se enfrentan a decisiones sin duda difíciles sobre el bienestar público con una incertidumbre que no cesa. A menudo esos políticos también están preocupados por su propio sillón. Y ninguno parece aprender de los países vecinos, con más preocupación por buscar excusas para explicar por qué los demás son diferentes que por entender la experiencia a veces más temprana de otros como la oportunidad para actuar antes. 

España vuelve a ser una excepción en Europa sobre la manera de afrontar esta Navidad, sin test accesibles fácilmente, sin medidas nacionales de contención en los contextos más peligrosos -los interiores- y sin tan siquiera recomendaciones claras y contundentes para invitar a protegerse frente a una variante que tal vez produzca una enfermedad menos intensa que las anteriores, pero que es tan contagiosa que produce una subida explosiva de casos que acaba presionando a los hospitales y que por primera vez escapa más a la protección de la vacuna, sobre todo si no se ha administrado la tercera dosis. 

En España, hay un porcentaje muy alto de personas vacunadas con la pauta original -el 79% de la población-, pero otros países igual o más vacunados, como Portugal o Dinamarca, han aprobado medidas de contención. Por no hablar de que España va a la cola de Europa en la administración de terceras dosis o que dejó a parte de la población a medio vacunar si se había contagiado antes, una política que no han aplicado otros países.

En esta ola, España tiene la ventaja de haber empezado desde un nivel inferior de infecciones respecto a la mayoría, pero llega con alguna herramienta menos, como los tests, que son más baratos, accesibles e incluso gratuitos en la mayor parte de Europa. Ayuda la costumbre ya natural, más allá de la obligación, de llevar mascarilla digna de tal nombre -no trapo o bufanda, como en otros países-, pero no ayudan los mensajes confusos del Gobierno sobre donde está el peligro -está sobre todo en espacios interiores, sin mascarilla bien ajustada-. 

En estos dos años viviendo entre España y el Reino Unido, todavía no he conseguido ver que ninguno de los dos gobiernos acierte con las medidas de salud pública de manera sostenida; sólo a ratos y en algunos aspectos. La realidad es que ambos países han sufrido como pocos en el mundo. 

Pero visto en perspectiva lo que más sorprende sobre el caso de España es lo poco que se preocupa el Gobierno de la población más desinformada, con menos recursos y menos posibilidades de protegerse. 

Solo una parte de la población puede teletrabajar, pero no dar una instrucción clara para estas semanas deja a todos los trabajadores, también los que podrían trabajar en remoto, al albur de sus empresas. Y, como hemos visto, las empresas grandes, más poderosas y que probablemente pagan mejor son las que primero mandan a casa a sus empleados sin esperar recomendaciones oficiales. El hecho de suprimir las cuarentenas para los contactos de infectados con una variante que por primera vez escapa algo más a las vacunas contribuye igualmente a la desigualdad. Las personas que teletrabajan y tienen más recursos lo tendrán más fácil para aislarse y tomar precauciones que las que acuden a su puesto de trabajo y no pueden decir que tienen que hacer cuarentena. Tampoco hay una alternativa de testeo diario para esas personas, como ofrecen otros países para acortar cuarentenas. Las personas que trabajan de manera presencial y no se pueden aislar también suelen ser las mismas personas que no pueden sacar antes a los niños del colegio para evitar que se contagien. 

No parece haber política pública que se pare un momento a pensar en las personas más vulnerables por edad, enfermedad o tratamiento médico y a quienes las rodean y las cuidan.

El virus no conoce de renta, sexo o circunstancias personales, pero las medidas o la falta de ellas para frenar el contagio o llevarlo lo mejor posible, sí. Es obvio que parte de la responsabilidad es de las comunidades autónomas y algunas han estado a la altura, pero el Gobierno lleva meses sin tan siquiera intentar algo parecido a una medida o un mensaje común. 

El total desinterés de un gobierno de partidos de izquierdas -supuestos protectores del Estado del Bienestar- por quienes más pagan las consecuencias de esta epidemia es inédito en Europa. Incluso mirando a gobiernos conservadores y muy partidarios de limitar la intervención pública, cuesta encontrar otro caso en que, cada vez que la cosa se complica, un gobierno deje a su suerte al ciudadano, con la empresa, la farmacia o la comunidad autónoma que le haya tocado. La consecuencia de no hacer nada es más desigualdad. 

Algún día esto terminará. A fuerza de vacunas, responsabilidad y más ciencia, el final de la pandemia está más cerca. No será por las acciones de Pedro Sánchez y otros políticos pusilánimes -sin duda, la alternativa en el PP es peor-. 

Esperemos que esta crisis de salud pública al menos traiga a la cúspide del poder a otras personas que tengan más valor y más interés por hacer bien su trabajo. 

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