Pedir el voto por lo hecho y por lo no hecho
El Gobierno aprobó el viernes pasado la tramitación como decreto ley de la obligación a las empresas de llevar un control efectivo de las horas extras. Ha sido una más de las iniciativas encuadradas en los bautizados como “viernes sociales”. El haber promovido la iniciativa mediante este procedimiento, destinado a cuestiones de urgencia y necesidad inmediata, ha sido de nuevo objeto de crítica. Lo que no se ha explicado en exceso es que se trata de una reforma que en estos últimos nueve meses había sido bloqueada hasta 60 veces en la Mesa del Congreso, con los votos de PP y Ciudadanos, para impedir su tramitación ordinaria a través del debate y consiguiente votación en el parlamento.
Cuando la moción de censura se hizo efectiva el 1 de junio pasado, se anunció que le esperaba a Pedro Sánchez una oposición muy dura. En aquel momento se argumentó desde la oposición conservadora que más que una legislatura, el Gobierno pretendía llevar a cabo una campaña electoral. Reapareció en la política española la crispación. La estrategia de la oposición era manifiesta. Se trataba de que la legislatura fuera lo más corta posible y que resultara improductiva. Que, de ninguna manera, el PSOE pudiera sacar provecho alguno.
La batalla estaba servida. Un gobierno con sólo 84 diputados debía mantener el apoyo mayoritario de la cámara para desarrollar algo más que lo único que les había unido: la firme voluntad de acabar con el gobierno de Rajoy tras la sentencia de Gürtel, que oficializaba la vinculación del PP con la corrupción. En estos nueve meses, ha sido curioso todo lo que ha ocurrido desde la perspectiva del análisis de la estrategia política, demasiadas veces alejada de las necesidades reales de los ciudadanos.
La oposición ha tenido como prioridad impedir que llegaran al Parlamento reformas legislativas tras años de recortes y aumento de la desigualdad derivados de la dura crisis padecida. Para el relato del PP, la situación era preocupante. Si se suponía que la crisis fue culpa del gobierno socialista y la mejora de la situación económica era consecuencia directa de sus políticas, carecería de sentido que el socialismo promoviera leyes que fueran bien recibidas por los ciudadanos. El discurso del PP, tantas veces repetido, se basa en un mantra: cuando ellos gobiernan les va extraordinariamente bien a los españoles y cuando lo hace la izquierda es una ruina total. Bajo este principio, no se podía aceptar que la administración de Pedro Sánchez pudiera cumplir con las grandes cifras de la macroeconomía y además promover leyes de calado social que pudieran ser bien recibidas por millones de electores. La posición coincidente de Ciudadanos resultaba indispensable para llevar adelante el plan de bloqueo del aparato legislativo.
La dificultad que tenía el plan era la de impedir que las iniciativas pactadas por PSOE y Unidos Podemos llegaran a la cámara baja. La mayoría parlamentaria de la moción de censura podía volver a agruparse en estas votaciones. En realidad, ya existía una sólida barrera. Sólo bastaba con cerrar sus puertas. Se llama Mesa del Congreso. La presidencia de Ana Pastor en el parlamento implicaba su control diario de la gestión de la cámara. El instrumento era un órgano administrativo en el que PP y Ciudadanos consiguieron en el arranque de la legislatura, el 19 de junio de 2016, gracias a la abstención de ERC, PNV y PDeCat, la mayoría con la que no contaban realmente en la cámara. Además de sus votos, sumaron 10 más secretos que se atribuyeron a diputados nacionalistas e independentistas. De los 9 puestos de la Mesa, el PP obtuvo 3 y Ciudadanos 2.
Según el reglamento del Congreso de los Diputados, a la Mesa “le compete la admisibilidad y procedimiento de tramitación” de las iniciativas legislativas. Esta barrera se acorazó cuando la moción de censura se hizo efectiva la primavera pasada. Desde entonces, la Mesa ha actuado como una muralla infranqueable que ha impedido la tramitación de alrededor de 50 leyes. El objetivo era que no se llegara a votar en el parlamento. Algunas de ellas se han obstaculizado en decenas de ocasiones.
La mayoría absoluta del PP en el Senado bloqueó en diciembre el aumento del techo de gasto social en 6.000 millones de euros que había aceptado la Unión Europea. Hace apenas unas semanas, Pedro Sánchez decidió el adelanto electoral debido a la negativa de la oposición conservadora y de los partidos independentistas a apoyar los presupuestos generales del estado. El gobierno y sus aliados de UP se enfrentaban a una última encrucijada. O bien aceptaban la derrota ante la práctica de la oposición de prorrogar indefinidamente en la Mesa del Congreso la tramitación de sus propuestas; o bien utilizaban la denostada fórmula del decreto ley para sacar adelante algunos de sus proyectos.
Posiblemente, no dé tiempo a aplicar algunas de estas medidas en estas semanas. Es evidente el interés electoral antes del inicio de la campaña del 28 de abril. Pedro Sánchez tiene un reto. Pedirá el voto apoyado en lo hecho y también en lo no hecho. Tiene que intentar convencer a sus posibles votantes de que ha hecho lo que ha podido y de que lo que no se ha hecho es porque se lo han impedido.
