Propiedad Intelectual: de cómo el PSOE y el PP han eliminado a los jueces molestos

Abril de 2006: En una redada policial son detenidos 15 administradores de páginas que enlazan a obras intelectuales. Los medios de comunicación, que dan por condenados a los detenidos, hablan de “la mayor operación contra la piratería en toda Europa”.

Octubre de 2007: Llega la primera resolución judicial, que decreta el archivo de las actuaciones que se seguían contra la web de enlaces Sharemula al considerar que enlazar a una obra no supone una comunicación pública de la misma. El Auto es recurrido por la acusación particular, pero la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso y confirma el Auto, que adquiere firmeza.

Marzo de 2008: El efecto dominó de la resolución Sharemula comienza a notarse. Se decreta el sobreseimiento del procedimiento seguido contra la web indicedonkey con idénticos argumentos a los utilizados para el sobreseimiento de Sharemula. Después le seguirán prácticamente todas las demás y entre ellas las webs Tvmix.net, Emule24horas.com, Spanishare.com, Cvcdgo.com, Etmusica.com, Elitemula.com y Naiadadonkey.com. Por su parte, en la vía civil, los juzgados de lo mercantil desestiman las demandas interpuestas por SGAE, confirmando que enlazar a una obra no infringe los derechos de propiedad intelectual de ésta.

Abril de 2009: La presidenta de la Academia de Cine, Ángeles González Sinde, deja el cargo para ser Ministra de Cultura.

Mayo de 2009: El Departamento de Comercio y la Oficina de Presidencia de EEUU incluye a España en la lista 301 de los países más tolerantes con la piratería. El informe que justifica la inclusión de España en la lista dice que la resolución Sharemula es un ejemplo de “la frustración” que siente la industria de ese país con los procesos judiciales en España.

Noviembre de 2009: Se hace público el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que incluye una serie de reformas que cambian al órgano que decidía en los casos de páginas de enlaces, sustituyendo a los jueces por una comisión del Ministerio de Cultura, que mantiene públicamente una tesis jurídica opuesta a la de aquellos y afín a la solicitada desde EEUU. Una abogada de la industria declaró que “la necesidad de esta reforma surge sencillamente de que no se está aplicando el Código Penal de manera correcta”.

Octubre de 2011: El Consejo General del Poder Judicial, probablemente consciente de que la popularmente conocida como Comisión Sinde no tiene otro objeto que el de cerrar páginas de enlaces pese al repetido criterio de los jueces, advierte en su dictamen sobre la “Ley Sinde” que a las páginas de enlaces conforme al sentir de la mayoría de la doctrina jurisprudencial “no se les puede atribuir una vulneración de derechos de propiedad intelectual”.

17 de julio de 2013: Sin que haya habido ningún cambio en la ley desde 2006 que cambie la regulación de las páginas de enlaces y únicamente al órgano que las interpreta, la Comisión Sinde dicta resolución opuesta a lo que venían declarando los jueces, es decir, que las páginas de enlaces sí infringen la propiedad intelectual.

La industria del copyright movió un dedo y se enviaron cartas advirtiendo de acciones legales.
Cuando las cartas se ignoraron, la industria movió un dedo y se interpusieron las acciones judiciales.
Cuando los jueces resolvieron en favor de denunciados y demandados, la industria movió un dedo y se recurrieron las resoluciones.
Cuando volvieron a perder en los juzgados, la industria movió un dedo y desaparecieron los jueces.