La proximidad necesita poder

En el calendario simbólico de la significación política, las elecciones generales son las más importantes, porque determinan las mayorías parlamentarias que, en un régimen parlamentario como el nuestro, deciden quién va a gobernar. Por detrás vienen las autonómicas, ya que son las comunidades las que controlan las políticas más decisivas del Estado del bienestar, como son salud o educación. Luego, las locales, con el añadido nada menor de que condicionan el gobierno de las diputaciones provinciales y forales. Y al fondo, las europeas, vistas como elecciones menores pese a su indudable peso.

Ese ranking, sin embargo, invierte casi exactamente el orden en que las decisiones públicas tocan la vida cotidiana de la gente. Cuanto más arriba en la jerarquía simbólica, más lejos del día a día; cuanto más abajo, más cerca. Y aquí aparece la primera paradoja española. Somos uno de los países más descentralizados del mundo por el lado del gasto ya que las administraciones territoriales gestionan en torno al 43% del gasto público. Pero esa descentralización es, sobre todo, autonómica. Las cifras disponibles nos dicen que el gasto público supera los 725.000 millones, el 45% del PIB. De cada cien euros a disposición de los poderes públicos, las comunidades manejan alrededor de treinta y dos y los municipios apenas once. El resto lo gestionan la Administración Central y la Seguridad Social.

No creo que el dato carezca de relevancia pública. La complejidad del presente y las urgencias más sentidas de la gente como son la vivienda, los cuidados, la soledad, los efectos de la emergencia ambiental que vivimos intensamente estos días, la acogida de quienes llegan o la convivencia en barrios cada vez más diversos, no se resuelven en abstracto ni desde la distancia. Se juegan en lo concreto, en las calles y plazas, en esa escala donde los problemas acaban teniendo nombre y cara. Es ahí donde la proximidad deja de ser un valor sentimental para convertirse en una condición de eficacia del conjunto de las políticas públicas. Solo desde cerca puede concretarse, coserse, lo que las grandes políticas anuncian y proyectan. Y, sin embargo, acabamos poniendo en primera línea a alcaldes y concejales para que den la cara ante expectativas y responsabilidades sin disponer, en la mayoría de los casos, de los recursos ni del poder para estar a la altura. Son la primera puerta a la que llama el vecino y la última en la cadena de la decisión y de la financiación.

A esa asimetría se le añadió, si lo recordamos bien, un corsé. La reforma local de 2013, pensada en clave de estabilidad presupuestaria, recortó las llamadas competencias impropias (es decir, todo aquello que los municipios acababan haciendo más allá de sus competencias porque eran, al fin y al cabo, sus incumbencias) y sometió a los ayuntamientos a una disciplina de gasto que penalizó a los que mejor gestionaban, al impedirles utilizar sus superávits. Se vio la autonomía local más como un riesgo que como una oportunidad.

Hace años, Roberto Gargarella lo explicó con una metáfora que conviene recuperar. Decía el académico argentino que las reformas constitucionales de las últimas décadas habían ido llenando la casa de la política de “habitaciones nuevas”, con derechos, dinámicas de participación y todo tipo de planes y estrategias, pero que casi nunca se había entrado de verdad en la “sala de máquinas”, esos lugares menos visibles donde se decide qué, quién, cómo y con qué recursos. Ahora, Marta Cruells, Miquel Missé y Laura Pérez recuperan esa imagen para adentrarse en la “sala de máquinas” de las políticas municipales, a partir de su experiencia de gobierno en Barcelona entre 2015 y 2023. Y coinciden en que las grandes transformaciones no se juegan solo en el escenario visible de la política institucional, sino en esa trastienda poco glamurosa donde cuentan los presupuestos, las normas de contratación, el momento en que toca decidir y la complejidad de arreglar una cosa sin acabar desatendiendo otra, comprobando cada día que en cada cambio hay quien pierde y quien gana, y que las resistencias más tenaces no siempre vienen del adversario.

Con todo, el libro recuerda que el municipalismo ha demostrado ser un laboratorio extraordinario: lo local convierte en concreto lo que en abstracto se eterniza y permite ensayar lo que a escala estatal o autonómica resultaría inabordable. Pero los límites están claros. La estrechez de las competencias, la rigidez de los marcos normativos y la dinámica mercantil omnipresente limitan constantemente sus potencialidades. Ningún ayuntamiento transforma en solitario las grandes dinámicas que gobiernan de fondo una ciudad. Aun así, el margen sigue ahí para quien quiera experimentar y avanzar. Y solo desde la proximidad es posible abordar una realidad social que cada día nos llega más mezclada.

En la vida de una familia, el empleo precario, el cuidado de un mayor, la vivienda inaccesible, la lengua, la salud o el origen migratorio acaban enmarañándose. El tejido comunitario y las entidades responden de manera relacional y flexible, atendiendo a la persona en su contexto; la administración, en cambio, se organiza por compartimentos, cada uno con su norma, su presupuesto y su calendario. La salida no está en romantizar lo social ni en fetichizar la eficiencia administrativa, sino en construir puentes. Ahí reside la aportación municipalista, en ser capaz de aprender de la inteligencia relacional del tejido social, coproduciendo las políticas con quienes conocen los problemas por dentro y reconociendo el saber que se acumula fuera de los despachos.

Donde las cosas funcionan mejor que aquí, el peso de lo local es sustancialmente mayor. En los países nórdicos los municipios gestionan una parte muy considerable del gasto público y disponen de capacidad fiscal propia para sostener los servicios esenciales. Si queremos encarar la complejidad del presente desde la proximidad que esa misma complejidad exige, necesitamos más poder local. Y eso obliga a revisar ese calendario simbólico que coloca lo más cercano en el último escalón. Quizá el problema no sea que las municipales importen poco, sino que hayamos construido un país donde el lugar que más determina la vida de la gente es, a la vez, el que menos poder tiene para cambiarla.