¿Nada puede salir mal?

Cuenta la leyenda que cuando una pareja lo cruza en góndola al atardecer se garantiza la felicidad eterna. Historias de Venecia y del Puente de los Suspiros. Ha tenido que ser la comisión que lleva el nombre de la capital de la región véneta la que marque el camino para el acuerdo entre el PSOE, Junts y ERC para la ley de amnistía. ¡Ironías de la política!. “Gracias al Partido Popular y al Senado por pedir este informe. Gracias de corazón”,  ha llegado a ironizar al respecto el ministro de Justicia.

Y es que los de Feijóo no contaban con que el informe que solicitó la Cámara Baja al órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa iba a allanar el camino, en lugar de poner palos en la noria de las relaciones entre el Gobierno de Sánchez y el independentismo. Nada que objetar, dijo, a la posibilidad de que España apruebe una ley de amnistía, ya que la unidad nacional y la reconciliación social y política “son objetivos legítimos” de toda medida de gracia que se plantee en la mayoría de los países. 

Cierto que el dictamen advertía también contra lo apresurado del proceso legislativo y cuestionaba, por tanto, la vía de urgencia. Pero el órgano consultivo al que recurrió la derecha para desacreditar el proyecto y ahondar en una supuesta demolición de la democracia y del Estado de Derecho ya había bendecido la propuesta. Y por eso Cuca Gamarra abandonó este jueves el tremendismo y la hipérbole para centrarse ya sólo en la crítica al trámite de urgencia y a la división social y política que ha suscitado la norma. En el fondo, el PP sabe que llegará un día en que hasta Feijóo se beneficie del “reencuentro” que hoy proclama Sánchez con Catalunya.

Todas las modificaciones que han hecho posible el acuerdo entre socialistas y neoconvergentes tienen en cuenta “las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia”, un documento que ha resultado decisivo para desbloquear la amnistía y facilitar la entente casi en tiempo de descuento. 

Los delitos de terrorismo y traición entrarán dentro del olvido penal, pero se distingue entre lo que estipula el Código Penal español y la legislación europea, de tal modo que no se podrá perdonar el terrorismo en la concepción que definen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la directiva europea sobre ese delito. Pero, los actos de protesta, como es el caso de Tsunami Democràtic, aunque sean investigados con esa calificación por la Audiencia Nacional y el Supremo, serán en principio borrados. Y lo mismo pasa con la alta traición, para la que se tendrá en cuenta sólo la referencia de la Carta de las Naciones Unidas.

Es absurdo que el Gobierno y el PSOE sostengan a estas alturas que no han modificado su posición inicial o cedido a las exigencias de Junts. Basta un vistazo a la hemeroteca para comprobarlo. Lo han hecho otra vez para dar más garantías al independentismo y especialmente a Puigdemont. Y harían bien en reconocerlo si, como sostienen, el objetivo último es la superación de una de las páginas más traumáticas de nuestra historia reciente, y no sólo que la legislatura llegue a término. 

Hubiera bastado con sostener desde el primer redactado de la norma, como queda claro en el último, que el olvido penal debía “incluir a todas las personas involucradas en el proceso independentista”, de modo que se cierre una etapa que ha condicionado la vida política catalana y de toda España durante demasiado tiempo. De este modo, se habrían evitado sobresaltos en la tramitación, además de una negociación embarazosa y hasta en algunos momentos humillante.

Una cosa es estar a favor de la amnistía y otra no reconocer que en la tramitación los socialistas se han desgastado mucho más de lo necesario, aunque ahora piensen que haber pasado por debajo del Puente de los Suspiros les garantiza una legislatura de cuatro años o que todos sus problemas desaparecerán con la aprobación del texto. Ni el síndrome de Venecia trae siempre la felicidad eterna, ni el tsunami del 'caso Koldo' tiene pinta de amainar, ni el poder judicial, erigido en salvador de la patria, está dispuesto a poner fin a su particular cruzada contra el independentismo.

¿Quién dijo que ya nada puede salir mal?