Sediciones y otras zarandajas

El tribunal que sentenció el juicio del procés.

Este país es una fuente de inspiración. Quiero decir que si un guionista utilizara alguno de los argumentos que nos proporciona nuestra pura idiosincrasia sería tachado de falsario. Héteme aquí, y les cuento, cómo el día de hoy nos sirve en bandeja la comparación de cómo en esta España nuestra –¡perdón, quise decir de ellos!– las cosas que vemos pueden no ser lo que vemos, pero las que no vemos pueden, vaya si pueden, ser lo que no vimos. Trabalenguas traigo. Llevo once años colaborando como analista en medios y he vivido en directo muchas de las peripecias de esta sociedad. Por eso mi cerebro no ha tardado en atar cabos. Por eso puedo hacerles el relato de cómo una sedición que todos vimos en directo, la de los controladores, dejó de serlo con el transcurso de los años, y se quedará en unas multas, mientras que la que nadie vio –no hubo nadie que mientras transmitíamos los sucesos de Catalunya en directo mencionara ni la rebelión ni la sedición, nadie– se convirtió de pronto en un alzamiento tumultuario de manual, en un golpe de Estado más grave que el 23F y todas las demás zarandajas.

Casi me relamo de lo que la actualidad me pone hoy en los dedos. Atención, guionistas. Cuando el viernes 3 de diciembre de 2010, el Consejo de Ministros de un Gobierno progresista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un real decreto que regulaba las condiciones laborales de los controladores aéreos, ampliando el horario y reduciendo sus emolumentos (que se cifraban en unos 200.000 euros brutos anuales), a los señores controladores se les hincharon los bebes y decidieron plantarle cara al Gobierno, tomando como rehenes a más de medio millón de personas que intentaban disfrutar del puente de... la Constitución. (¿Ven, señores guionistas, no puede ser más redondo ... de la Constitución).

Comenzaron masivamente y en varios aeropuertos, de forma simultánea, a abandonar sus tareas alegando malestar psíquico, estrés, como subterfugio. El caos afectó no solo a la navegación española sino también a todos aquellos aviones internacionales que debían atravesar nuestro espacio aéreo en sus rutas. Un caso internacional, vaya. Tal fue el pandemonium tras el plante que el sábado 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, patrona de la Artillería, el Gobierno decidió decretar el estado de alarma (artículo 116.2 de la Constitución) por primera y única vez en democracia. El control aéreo fue militarizado y los controladores, movilizados. Así, con un control militar, nos mantuvimos hasta el día 16 de enero. Tal día como hoy que me leen y que se produce el juicio (esta casualidad ya no la compra ni un guionista que tenga cabeza).

Durante ese tiempo, el fiscal general del Estado movilizó a las fiscalías de todas las provincias afectadas y se presentaron querellas por sedición en aplicación del artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de Navegación. Un artículo que, como verán, encajaba como un guante con los hechos vividos. "Se impondrán penas de prisión como reos de sedición (...) a los empleados de aeropuerto que, en número suficiente para paralizar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva ante el jefe respectivo". Como un guante encaja el tipo. Nada que ver con el alzamiento tumultuario de Junqueras y de los manifestantes de la Consejería. Ese alzamiento que nadie vio y contra el que nadie actuó en aquel momento. Sin embargo, como les digo, la sedición fue detectada y advertida a los controladores desde el primer momento.

Todavía hay cosas más cachondas en esta historia. Facua presentó la primera una querella por sedición en la Audiencia Nacional (AN), pero esta se manifestó incompetente, repito, incompetente para los delitos de sedición. Ya hemos visto que esta incompetencia se debía haber disuelto en el mar de las leyes cuando tocó agarrar la historia del procès. Como de facto sucedió también con la rebelión, para la que el pleno de la Sala de lo Penal se declaró incompetente cuando el asunto de la memoria histórica, y que fue también una incompetencia que se transforma en competencia cuando toca lo de los catalanes. Esto para los que dicen como una matraca: "¡Que cumplan la ley! ¡Todos tienen que cumplir la ley!". Que digo yo que los jueces a veces también tendrán que hacerlo y que hay que ser bobo de baba para que te convenzan de que no se es competente para un delito y que sí se es a los siete años porque solo puede deducirse racionalmente que todo depende de quiénes sean los presuntos delincuentes. Es que ni intentaron aplicar la competencia de la AN por delitos cometidos en el ámbito de varias audiencias provinciales, cuestión que se daba claramente.

Bien, decía que eran incompetentes y que fueron los juzgados de instrucción de las diferentes provincias los que asumieron las querellas de la Fiscalía. Y aquí es donde viene cómo los delitos se disuelven y se transforman también según el viento que sople. Fue llegar Eduardo Torres-Dulce, el primer fiscal general propuesto por Rajoy, y todo empezó a tomar otro cariz. De repente, la Fiscalía empezó a no ver la sedición porque la ley que tan bien encajaba era "preconstitucional", ya que es de 1964, como si no fuera que todas las leyes que siguen en vigor se han convertido de facto en constitucionales. Después también los fiscales empezaron a dudar porque "es una ley de aplicación práctica escasísima", que menos mal, también, que esa ley con lo que contiene de secuestros de aeronave y rebeliones a bordo no hay que aplicarla mucho, pero que tampoco sé que la poca aplicación de una norma devenga en derogación. En fin, que poco a poco aquello fue un alzamiento que no era claro que fuera alzamiento y que tumultuario pues que tampoco... y que todo se ha ido saldando con acuerdos con la Fiscalía, sin juicio, y con multas. El juicio que empezó ayer en Madrid, ¡diez años después, oiga!, también contiene un acuerdo en sus entrañas.

No se malicien. Ni siquiera estoy diciendo que me pareciera de justicia enchironar a los controladores, a pesar de que su actitud fue inadmisible ya que deberían haber convocado una huelga legal y no haberle sacado la chorra al Gobierno a ver quién meaba más lejos. Puede que fuera excesivo enchironar a nadie ocho años por eso. Que solo se lo cuento por si alguien les dice que no puede haber otra forma jurídica de ver lo del procés o que es una rendición intentar poner coto a algunos dislates, muchos de ellos con sesgo político, que se han producido en estos tiempos. Quizá no esté mal ponerles gafotas a los fiscales de la AN que son tan dados a ver terroristas donde no los hay y organizaciones terroristas de nueva formación y a los del Tribunal Supremo que también vieron y siguen viendo una rebelión donde no la había.

Que este país tiene para todos, oiga. Que si quiere bolsa, señora.

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15 de enero de 2020 - 21:39 h

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