La UE descubre la estafa de los oligopolios

La economía mundial, y la española en particular, están atravesando un shock de oferta que puede llevar, de nuevo, al umbral de recesión económica, salvo que los propios Estados soberanos monetariamente hablando se lancen a inyecciones masivas de liquidez para satisfacer la demanda de los diversos agentes económicos. Por suerte, en la UE las reglas fiscales se han guardado en un cajón y no parece que la obsesión por el déficit y la deuda trunquen esta nueva fase en la inteligencia de los gestores públicos, algo que no tuvieron los que lidiaron con la crisis de 2008.

Los efectos del conflicto en Ucrania, que se alarga de forma alarmante, están dejando un reguero de efectos colaterales que ya afectan casi a todo el planeta. Las derivas sobre los precios de la energía, cuya inflación no tiene explicación económica y sí especulativa al no haber problema de suministro, están lanzando, una vez más, a los Bancos Centrales a decisiones irracionales como son la reciente subida de tipos de interés en EEUU, como si ello facilitase la minoración de los precios de la energía. Así mismo, se vuelve a hablar en España, como en los años 80, de un gran pacto de rentas para repartir los costes del impulso en los precios energéticos. De nuevo, se desempolvan los viejos fantasmas de los efectos de segunda vuelta, es decir la espiral precios-salarios en un contexto de participación decreciente de las rentas del trabajo. Las fórmulas elegidas están muy manidas. Los trabajadores deben renunciar a parte de sus derechos y transferir de forma ordenada un porcentaje no desdeñable de sus magros salarios a los grandes oligopolios y rentistas, léase eléctricas, petroleras y grandes y pequeños tenedores de vivienda en alquiler. 

La realidad de los diferentes gobiernos es que se han dado cuenta que la tenacidad de la UE por salvaguardar los grandes abusos en forma de ingresos desorbitados, algunos caídos del cielo, por parte de las grandes corporaciones está resquebrajando la paz social artificial que reinaba, sobre todo, en los países del Sur, anestesiados por las consignas como libertad, anemia fiscal y luchas culturales, con el condimento de luchas intestinas entre el centro y la periferia que sabiamente alimentan medios de comunicación y gobiernos cómplices con la extrema derecha. 

Esta ruptura del espejismo del libre mercado, tan falso como nefasto para los consumidores, está llevando a otrora hooligans del liberalismo a cuestionar los enormes beneficios caídos del cielo, legalizados mediante fórmulas de cómputo de precios de la energía más propios de un trastorno permanente que asoló a los legisladores en ese momento. El impacto del miedo por la enorme pérdida de poder adquisitivo y la vuelta a una situación de pobreza, como señala el Informe Foessa en España, han posibilitado un cursillo exprés de control de precios, cuyos alumnos más aventajados son Borrell y el Presidente Sánchez, así como los mandatarios del Sur de Europa, aunque Francia y Alemania también han pedido una beca para el verano. 

El gran problema de las fijaciones de precios es determinar el alcance, si transitorio o permanente, y cuantificar el importe máximo. Por ejemplo, la propuesta del Presidente Sánchez para España de fijar en 180 euros el precio máximo retributivo en el mercado eléctrico, aunque parezca beneficio dado el nivel actual, no deja de ser una broma si consideramos los enormes beneficios que supondría para lo que queda de carbón, nuclear o hidroeléctrica. Estos fogonazos solo demuestran la escasa preparación de la UE para defender a los consumidores y encauzar un método de fijación de precios de la energía, pero también de carburantes que permitan limitar los beneficios atípicos, que no dejan de ser una verdadera estafa para consumidores y empresas.

Otras medidas tratan de bajar de golpe el precio de carburantes, tan necesarios para el sector del transporte y la pesca, que están viendo como se estrangula su actividad y nivel de rentas. Esto no explica el cierre patronal minoritario que sufrimos en España y que está agravando la sensación, que no coincide con la realidad, de desabastecimiento uniendo todos los factores a modo de cóctel amplificado de forma libérrima por algunos plumillas de la prensa y televisión madrileña. De momento, y solo ante el anuncio, parece que  los precios han comenzado a descender sin que se haya producido bajadas sustanciales del Brent de referencia. 

Todas estas intervenciones, a las que se debería añadir e incluir el establecimiento de precios máximos de alquiler de vivienda en aquellas zonas más problemáticas, e incluso de forma generalizado. No hay que olvidar que el gasto que más cronifica las nuevas formas de pobreza es la vivienda, lo que sin duda, incluso antes que la luz, debería ser intervenido hasta que las Administraciones tengan un parque sustancial de vivienda asequible. Aquí podrían empezar a explorar formulas fiscales alternativas al saqueo fiscal que entre todos estamos perpetrando al Estado y las CCAA. Una de ellas podrían ser un gravamen sobre el suelo, completamente neutral y eficiente, que podría arrojar grandes cantidades sin que sufran las clases obreras, ni las mal llanadas Clases Medias. Por ejemplo, un 2% de gravamen a todo el suelo existente, y teniendo en cuenta el 80% del valor comercial del suelo, arrojaría una recaudación en el umbral de 100.000 millones de euros. Esto garantizará que los proyectos de inversión y gasto se puedan realizar. 

Esta combinación de políticas públicas de apoyo a sectores y precios máximos en algunos oligopolios es una gran novedad y requeriría que poco a poco hay que considerar que esta aproximación a los problemas de formación de precios  y sus derivadas implican que la UE debe pasar a ser parte de las sociedades más avanzados. La lucha sin cuartel desde la política para combatir la inflación de costes energéticos es la única solución a corto plazo para poder intervenir aquellos sectores donde están perpetrando abusos contra la cadena más débil, los consumidores. La duda razonable que surge es si estas medidas se mantendrán o no en el tiempo, una vez el episodio inflacionista desaparezca de nuestras vidas.

La cuantificación de todas estas medidas para combatir la inflación son muy complejas de estimar, y no hay consenso sobre cuánto crecimiento drenará. Las más optimistas hablan que apenas una décima de PIB el impacto de la guerra, mientras que otros, sin revelar fuentes, apuntan hasta 1 punto porcentual en el caso de que se retrase con intereses. 

Lo que en definitiva es que la UE ha descubierto que hay lucro atípico en las cifras del sector energético y que ahora podremos recortar e intervenir estos dividendos mediante el establecimiento de precios máximos, aunque habrá que establecer mecanismos que discrimine entre fuentes de energía para no regar innecesariamente a energías baratas y amortizadas.

En resumen, la guerra entre Ucrania y Rusia ha desatado la corriente de que no se puede cambiar paz social por grandes ingresos atípicos. La fórmula establecida y anunciada en España para retribuir a precio fijo el mercado eléctrico ha pillado de sorpresa y causado cierta indignación. Las consecuencias de todo ello, la falta de concreción en ayudas para PYMES y Autónomos, es que el poder adquisitivo y la riqueza de trabajadores se está reduciendo, por lo que se tiene que producir una transmisión de rentas desde el Estado a los sectores más vulnerables, cuyos fondos deberían provenir de la eliminación de beneficios caídos del cielo. Mientras todo eso llega, la UE, pero también EEUU y Alemania, tienen que empezar a regar de fondos a todos aquellos agentes económicos que se considere sigan siendo rentables.