Es urgente y necesario reformar la actual Ley de Minas

En los últimos años se ha producido en España una lluvia de solicitudes para la apertura de multitud de nuevas explotaciones mineras. Ello es debido a dos motivos principales. El primero y principal es la gran subida de precio que han experimentado la mayoría de los metales en los últimos años, algunos de ellos multiplicando hasta por cinco su valor en los últimos 15-20 años. La segunda razón está en la mejora tecnológica que se ha producido, que permite la extracción del mineral a un coste cada vez menor. Ambos factores han hecho que sean rentables explotaciones mineras con concentraciones de mineral bajas. A ello hay que añadir el hecho de que también existe un componente muy importante de especulación financiera, en todo lo referente a nuevas autorizaciones de explotaciones mineras.

De esta manera, nos encontramos con que pudiera ser económicamente factible la puesta en explotación en España de una buena parte de las minas de las que se extrajo mineral durante los últimos siglos, y que ahora se encuentran abandonadas, incluso explotando las propias escombreras de esas antiguas minas. Además, existen amplias extensiones en las que por su baja concentración no se extrajo mineral, y que ahora podrían resultar rentables. De hecho, se han llegado a poner en explotación yacimientos que dejaron de explotarse hace varios siglos, o que incluso se abandonaron en época romana.

Lo barato que actualmente resulta el movimiento de tierras conlleva que la gran mayoría de las nuevas minas previstas se pretendan explotar a cielo abierto, por lo que el impacto ambiental y social sería aún mucho mayor que el de las anteriores explotaciones que, en el caso de los metales, en su mayoría eran de galería. Para que nos hagamos una idea: una mina metálica convencional consistía básicamente en una galería a media ladera de una montaña, con unas escombreras que se situaban junto a la salida de la galería. Y en esa montaña podía haber además bosques, pueblos y campos de cultivo. La nueva minería metálica a cielo abierto difiere mucho de ese modelo, pues consiste básicamente en eliminar literalmente esa montaña, con todo lo que exista en ella, procesando todo el material.

Otro elemento a tener muy en cuenta serían las técnicas de extracción del mineral, que en materiales con baja concentración del mismo suelen conllevar la utilización de compuestos químicos en grandes cantidades, que pueden contaminar gravemente los suelos y el medio hídrico, incluso de forma irreversible.

Por todo ello, podemos afirmar que nos encontramos ante una amenaza ambiental de enorme magnitud, que podría suponer la total destrucción en los próximos años de decenas de miles de hectáreas de gran valor natural a lo largo de una buena parte de nuestra geografía, lo que vendría a ser la España silícea. De hecho, según el Catastro Minero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualmente existen en tramitación en nuestro país más de 1.500 expedientes de proyectos de nuevas explotaciones de minería metálica.

Para la ordenación y regulación de este boom de la minería en España, tan sólo contamos con la vigente Ley de Minas, una ley obsoleta, aprobada durante la dictadura, y que inexplicablemente todavía no se ha modificado. Esta ley, preconstitucional, pues es de 1973, y claramente inconstitucional por su contenido, favorece en todo momento los intereses de las empresas mineras, sin tener en cuenta los aspectos medioambientales, que los ignora, y a costa de algunos derechos fundamentales de la ciudadanía, incluyendo el derecho de propiedad. Esta ley, que parece que se hizo expresamente a la medida de las compañías mineras, es evidente que está actuando como reclamo para muchas empresas internacionales, mandando el mensaje de que España es un “paraíso minero”.

Por ello, y para evitar el gran desastre ecológico y social que este boom de la minería produciría en nuestro medio rural, es esencial y muy urgente que se reforme la permisiva actual Ley de Minas, de tal manera que se tenga en cuenta la conservación del medio natural y se respeten los derechos de las poblaciones que habitan en las zonas afectadas.

De cara a garantizar la preservación de nuestro medio natural, es esencial que la nueva Ley de Minas contemple la total exclusión de la actividad minera de todos los espacios de interés natural de nuestro país, empezando por la Red Natura 2000, las reservas naturales fluviales, las cuencas de vertido de lugares de captación de agua potable, etc.  

La nueva Ley de Minas debería excluir de su ámbito al agua mineral embotellada, que debería pasar a ser dominio público hidráulico. No hay que olvidar que el acceso al agua potable es un derecho humano, establecido como tal por la ONU en 2010, y además es un elemento esencial para el mantenimiento de los ecosistemas, por lo que resulta anacrónico y muy problemático que en España se siga considerando un recurso minero.

El nuevo texto legislativo debería modificar el procedimiento de consulta pública establecido en la norma actual, de tal manera que sea transparente, con plazos razonables y promueva la máxima participación ciudadana. Asimismo, los permisos mineros solo deberían otorgarse cuando se haya aprobado el plan de restauración, los estudios de transporte, electricidad y agua, etc. También debería contemplarse el establecimiento de un impuesto más justo que refleje la explotación de un recurso público no renovable, pues el tipo impositivo actualmente vigente es de tan solo el 1%, siendo de los más bajos del mundo. Finalmente, para evitar la obtención de permisos por “caza-derechos” y empresas mineras especulativas, deberían establecerse en la nueva ley garantías que acrediten la solvencia económica y técnica de los titulares de derechos mineros.

De esta manera se evitaría que se produjesen graves daños ambientales y sociales en buena parte de nuestro país, se conseguiría que la totalidad del agua fuese dominio público hidráulico y, como tal, se tratase; y se conseguiría en buena medida racionalizar la actividad minera, tanto en lo referente a la contribución fiscal como a la transparencia y participación ciudadana. Necesitamos enterrar la actual Ley de Minas, trasnochada y propia de la dictadura en la que nació, y sustituirla por una nueva Ley de Minas moderna, que tenga en cuenta los aspectos ambientales y sociales, más acorde con un país democrático como el nuestro.