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La virtud del diálogo y la negociación, 'ma non troppo'

Reunión entre el socialista Santos Cerdán y Puigdemont el 30 de octubre de 2023.

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Cuando el presidente Sánchez explicó, hace ya algo más de dos meses, los acuerdos a los que había llegado con Junts per Catalunya y ERC, entre otras fuerzas políticas, para ser investido el 16 de noviembre, apeló, orgulloso, al dicho “hacer de la necesidad virtud”. Argumentó en torno a ello por primera vez, que yo sepa, en el Comité Federal del PSOE del 28 de octubre pasado, razonando que su propuesta de amnistía a las personas encausadas por las actuaciones en el marco del procés independentista no surgía solamente de la necesidad de lograr los votos para la investidura, sino que el coraje también se manifiesta a veces haciendo realidad el dicho de “hacer de la necesidad virtud”. Y ha seguido reiterando esta idea en varias ocasiones.

Un dicho que significa, esencialmente, entiendo yo, saber aprovechar los momentos de crisis o dificultad y transformarlos en oportunidad, reflexión y aprendizaje. Pues bien, si la “necesidad” era clara y así se explicitó –lograr el apoyo, particularmente de Junts, para la investidura, esto es, el voto favorable de esos siete escaños–, la “virtud” no lo fue tanto. ¿Cuál era esa virtud en que se transformaba la necesidad? ¿Qué oportunidad se abría partiendo de esa necesidad?. La cuestión era entonces –y lo sigue siendo ahora– determinar la virtud y el modo de materializarla e, incluso, disfrutarla.

Entendí, escuchando al presidente reiteradamente, que se abría un nuevo tiempo con Catalunya, un tiempo de diálogo y negociación, adoptando medidas valientes que permitan un cambio de ciclo en esas relaciones. Y, por extensión,  también un nuevo tiempo de diálogo con el resto de fuerzas políticas que apoyaran su investidura.

Pero lo cierto es que el tiempo, hasta ahora, no lo ha revelado así. 

La sesión parlamentaria del pasado miércoles 10 puso de manifiesto que la necesidad sigue ahí, pero que la virtud no ha llegado. Y no solo por la no convalidación del Real Decreto-ley 7/2023, referido a la transposición de una Directiva de la UE sobre conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo. No, no solo por ello, sino también, y más principalmente, por el modo en que se convalidaron los otros dos Reales Decretos-leyes sometidos a ese trámite parlamentario.

Ya se ha hablado de ello hasta la saciedad en estos pocos días que han transcurrido desde entonces. Me permito expresar algunas ideas que no he visto tan reflejadas. Lo haré mediante varios ejemplos.

Comenzaré por un tema poco analizado, contenido en el Real Decreto-ley no convalidado, referido a la prioridad aplicativa de los convenios colectivos y acuerdos interprofesionales en el ámbito de una comunidad autónoma. Una reforma del Estatuto de los Trabajadores pactada con el PNV –o su grupo parlamentario– en el marco de la negociación para la investidura, sobre la que los sindicatos CCOO y UGT ya alzaron la voz el pasado 20 de diciembre al conocer el contenido de esta reforma, emplazando al Gobierno a que convocara una reunión para “restaurar la confianza” en el diálogo social, aludiendo a lo que “empieza a suponer un quebranto del clima de confianza del que ha gozado la negociación tripartita” y a la aprobación de la reforma “obviando el marco del diálogo social y sin oír a sus legítimos representantes”. Y, en el mismo comunicado, estos dos sindicatos también denunciaron la falta de una negociación en materia del subsidio de desempleo.

Bueno, estaba, pues, pactada con el PNV dicha reforma sobre la prioridad aplicativa de los convenios de comunidad autónoma. Pero, más allá de su bondad o maldad y de la opinión que se tenga sobre el fondo, ¿era suficiente ese pacto para “legitimar” esta norma? ¿Ha estado presente la “virtud” en que debió transmutarse la inicial “necesidad”? Es bien claro que no.

Otro supuesto es el de la materia del subsidio de desempleo, que el grupo parlamentario Podemos ha rechazado, impidiendo así la convalidación de esta norma y causando un revuelo político ampliamente comentado. Ocurre lo mismo, tal como lo han denunciado desde ese grupo parlamentario y también, como he dicho, desde la mayoría sindical: falta absoluta de diálogo y negociación.

Dejo para el final el acuerdo con Junts, que propició su ausencia de las votaciones, una ausencia que permitió la aprobación de los otros dos Reales Decretos-leyes sometidos a la consideración del Congreso. La “necesidad” se satisfizo, pues. Ahora bien, la “virtud” aún no ha aparecido. Todavía no está en absoluto claro qué ha pactado el Gobierno con Junts ni su alcance ni el interés que la Comunidad Autónoma catalana tuviera en ello.

Parece ser que se habría acordado la delegación de competencias en materia de inmigración a Catalunya. Pero nada es evidente. De entrada, porque no está claro ni quién ha negociado, ya que el ministro Bolaños habló de un acuerdo entre el PSOE y Junts, lo que tiene su relevancia. De otro lado, porque se desconoce absolutamente la magnitud de la transferencia. Así, tanto Bolaños como la ministra Alegría, ahora doble portavoz del Gobierno y del PSOE, explicaron reiteradamente al día siguiente que el acuerdo consistía en impulsar una ley orgánica para delegar las competencias en materia de inmigración por el cauce del artículo 150.2 de la Constitución. Un precepto que se refiere, ciertamente, a la transferencia o delegación “en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, de facultades correspondientes a materia de titularidad estatal...”. Sin embargo, el presidente Sánchez acaba de expresar que esa –o alguna, al menos– materia de inmigración ya consta en el Estatut de Autonomía de Catalunya y que algunas materias relativas a la política migratoria, residenciadas como de competencia exclusiva del Estado, no se pueden transferir –léase el control de fronteras, la lucha contra la inmigración irregular y contra el tráfico de seres humanos y las mafias–. Lo que solamente revela la precipitación de los acuerdos –sin diálogo ni negociación virtuosos– y su carácter etéreo.

Pero no solamente es eso. Porque, ¿a quién puede comprometer un acuerdo de esta naturaleza? Algo que afecta de manera muy relevante a una comunidad autónoma, ¿no debiera ser abordado con su Gobierno y, en su caso, con su Parlamento? En este caso, hasta ahora, no ha sido así, en absoluto. 

Y es este un modo de proceder demasiado habitual. Siempre me ha llamado la atención, y así lo he expresado, que un partido o un grupo parlamentario –esta confusión también me trae a mal traer– negocien transferencias de competencias –exclusivas del Estado o ya contempladas en el correspondiente Estatuto de Autonomía– sin contar con el concurso del Gobierno autonómico de turno. ¿Y si a la Comunidad en cuestión no le interesa en ese momento asumir esa competencia o no puede por las razones que sean, o tiene otras prioridades?

Esta manera de actuar no solo es ineficiente por lo dicho, sino que también es despreciativa del Parlamento y del Gobierno autonómico de que se trate, pues, al margen de su parecer, se llega a acuerdos motivados por la “necesidad” de unos y la “arrogancia” de otros. Recuerdo en este sentido con claridad el estupor que me generó la transferencia de las políticas activas de empleo a Euskadi en el año 2010 mediante una negociación entre el PNV –entonces en la oposición al Gobierno del lehendakari López– y el Gobierno de Rodríguez Zapatero, una negociación en la que ni el Parlamento ni el Gobierno vasco tuvieron nada que decir. Y creo recordar que el estupor del entonces lehendakari no fue menor que el mío. Aunque, como reza otro dicho igualmente castizo, tuvieran, él y el PSE, que “hacer de tripas corazón”, esto es, disimular su perplejidad, dominarse y superar esa “adversidad”, haciendo también “de la necesidad virtud” e impulsando una nueva política de empleo, que ha sido venturosa para Euskadi.

Así las cosas, creo que conviene tener un marco mental de referencia, no inmutable, pero sí lo suficientemente estable como para conducirnos con coherencia. Esto es, para mí, “necesidad” y “virtud” al mismo tiempo.

Ahora, es de esperar que la lección haya sido aprendida. Eso parecería hoy por hoy, a tenor de las reflexiones posteriores a esa convulsa sesión parlamentaria. A ver si la virtud llega de verdad, aunque no siempre haya necesidad.

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