Debates electorales: un derecho de los ciudadanos, no de los partidos

Que un partido político se niegue a participar en los debates electorales que le pidan los medios de comunicación para dar a conocer a los electores sus propuestas y sus candidatos es algo que los votantes no deberíamos tolerar, aunque no fuese más que por la falta de respeto que significa esa negativa. Una cosa es que los participantes en un debate puedan negociar la estructura, el formato o, incluso el contenido sobre el que van a discutir y otra es negarse incluso a la idea de debatir públicamente, limitando la campaña electoral a aparecer en mítines y reuniones con simpatizantes y afines y soltar unas frases preparadas para mostrar una imagen bonita que salga en las noticias.

Negarse a debatir es tratarnos a los electores como un mero instrumento para conseguir el poder, mientras se nos quita la capacidad para actuar como ciudadanos adultos y libres; es decir: informados. Y eso lleva, ineludiblemente a la pregunta de a qué tienen miedo quienes se niegan a participar en cuantos debates públicos les soliciten los medios, y lleva también a la sospecha de que actúan así por una mezcla de cobardía y de soberbia. Cobardía por miedo a decir algo inadecuado o a aparecer como “perdedores” (si no, a qué señalar a los periodistas como sospechosos), y soberbia porque se adjudican un derecho a decidir que no tienen. En un sistema democrático somos los electores quienes tenemos el derecho a votar informados. Lo otro es caciquismo, fraude y despotismo. Lo hizo Rajoy, enviando a Sáenz de Santamaría en su lugar al debate de candidatos, lo ha repetido Díaz Ayuso, y el propio Feijóo repite ahora lo que hizo en las elecciones gallegas; parece que, como los sobresueldos, es una constante más del Partido Popular que ya hemos incorporado como normal.

Deberíamos comenzar a ser un poco más exigentes los electores y dejar de permitir que algunos partidos nos traten como mera papeleta el día de la votación. Exigir que los partidos muestren claramente sus cartas antes de ese día puede ser la primera medida. Basta con mirar lo que está pasando en las comunidades y ayuntamientos que se están constituyendo. Cuatro años de lamentaciones no van a evitar un retroceso de más de veinte años en algunos derechos básicos, pero si los debates que estamos viviendo estos días se hubiesen realizado antes de las elecciones municipales y autonómicas, quizás no estaríamos ahora lamentándonos.

Pues eso.