La “doctrina del shock” contra el ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia

La tormenta Filomena y la Covid-19 pueden lograr lo que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, la Junta de Comunidades, Renfe y Adif no consiguieron, tras varios años intentándolo: la destrucción de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. Aprovechando ambas catástrofes, los gobiernos del Estado y de Castilla-La Mancha, parecen dispuestos a desmantelar la línea férrea aplicando, en perjuicio de la provincia de Cuenca, la conocida como “doctrina del shock”.

La periodista Naomi Klein designó como “doctrina del shock” a las políticas económicas, propuestas por el premio nobel y profesor de economía de la Universidad de Chicago, Milton Friedman. Este prestigioso profesor, era enemigo acérrimo del Estado del Bienestar y tenía serias dificultades para reconocer que los mercados pueden funcionar mal y que la intervención pública puede ser útil.

Pues bien, partiendo de su fe ciega en los mercados y del desdén por el sector público, Friedman defendió la brutal tesis, de que teníamos que percibir las catástrofes y tragedias (golpes de estado, inundaciones, terremotos) como oportunidades de mercado, que debemos rentabilizar.

Sostenía el profesor de Chicago, que debíamos aprovechar las catástrofes (como la tormenta Filomena y la Covid-19) , para liquidar los servicios públicos de los Estados del Bienestar. Por lo tanto, cuando se declara una crisis conviene actuar con rapidez, para conseguir que se impongan los cambios de manera irreversible, antes de que la sociedad afectada sienta nostalgia por la pérdida de sus derechos o de los servicios públicos.

La “doctrina del shock” la experimentó, Milton Friedman, durante la década de los setenta, siendo asesor del dictador chileno, el general Augusto Pinochet. Más tarde, fue aplicada con éxito por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, entre otros. Y como la ironía de la historia lo pone todo patas arriba, la “doctrina del shock” la pretende ejecutar en Cuenca el gobierno de Castilla-La Mancha.

El gobierno de García-Page, parece dispuesto a poner en práctica, sin contemplaciones, las recetas recomendadas por Friedman. En primer lugar, recortes en la inversión pública, es decir, atendiendo la exigencia de la CEOE-CEPYME de Cuenca, solicitar al Ministerio de Transportes, Movilización y Agenda Urbana que no invierta en la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. En segundo lugar, privatización del transporte y liquidación de los terrenos públicos, para que algunos privilegiados se enriquezcan, dando un pelotazo. Y, por último, proceder a la desregulación, que se llevará a cabo mediante la exclusión, de la línea Madrid-Cuenca-Valencia de la obligación de servicio público.

García-Page sentará un precedente muy peligroso, si después de afirmar en su programa de gobierno que el ferrocarril era una “infraestructura esencial” y que iba a “exigir la electrificación de todas las líneas”, promueve ahora la destrucción de la línea férrea Madrid-Cuenca-Valencia, que pasa por los pueblos.

Que aprovechando la pandemia Covid-19 y la tormenta Filomena, el gobierno de Castilla-La Mancha aplique la “doctrina del shock”, para desmantelar el servicio público de transportes por ferrocarril, perjudicando a la provincia más despoblada y atrasada de la región, constituye una infamia, que la ciudadanía jamás olvidará, aunque inunden los buzones de sus hogares con una propaganda increíble, en contra del ferrocarril convencional.

Como son tan impopulares entre la ciudadanía, las medidas de destrucción del ferrocarril, el gobierno regional las está acompañando de retórica y planes ridículos. Resulta inaudito que el gobierno regional cocine un improvisado plan, de espaldas a la ciudadanía, para que Cuenca no avance. Un engendro que carece de viabilidad técnica, financiera y administrativa y va en contra de los deseos de una gran parte de la población. Pero el PSOE pretende hacer aceptable su mejunje contra el tren, tratando de cambiar la mentalidad de la sociedad.

Con esta finalidad, ha puesto en marcha, con espíritu de cruzada, una demagógica campaña de intoxicación sobre la movilidad del siglo XXI, utilizando todos sus poderes (estatal, regional, provincial y local), para convencer a la población de que es una buena idea, la supresión de los bienes y servicios públicos del Estado del Bienestar en Cuenca.

El problema que tenemos es que, como comentaba sobre la conocida como ley Brandolini mi admirado colega, Luis Moreno (investigador del CSIC), requiere más trabajo desmontar un argumento estúpido que producirlo. De ahí la dificultad para expulsar los disparates existentes en el plan.

A pesar de este problema, la ciudadanía no deja de denunciar a un gobierno sin sensibilidad política, que aprovecha las catástrofes para aplicar políticas indecentes contra los servicios públicos. La ciudadanía y las asociaciones (como Pueblos con el tren), no se cansan de aportar datos, que demuestran que el gobierno regional está actuando en contra de su programa y plantean lo que razonablemente convendría hacer, porque confían en que la capacidad de argumentar y de persuadir democráticamente, puedan servir para decantar las decisiones y se reconsideren las políticas.

No obstante, es posible que los argumentos no resulten suficientes. Quizá sea necesaria más movilización política, para que se atiendan las modestas y razonables demandas de esta provincia abandonada. Porque en demasiadas ocasiones, solo mediante la rebeldía cívica consiguen las personas que los poderes públicos no recorten sus derechos fundamentales.

Por lo tanto, el futuro de la línea de ferrocarril va a depender del grado en que la ciudadanía de la provincia de Cuenca se implique, en la defensa de los servicios públicos del Estado del Bienestar y reivindique ante la Junta, que cumpla el primer objetivo del Estatuto de Autonomía: superar los desequilibrios territoriales existentes, para cumplir con el principio constitucional de solidaridad.