Elección gremial ponderada para liberar al secuestrado CGPJ

El cambio de la LOPJ para liberar a la cúpula judicial del secuestro en el que la mantiene el PP desde hace más de cinco años vuelve a plantearse tras el retiro espiritual de Sánchez. Como los socialistas únicamente amagan con esa posibilidad a la espera del improbable pacto para renovar los vocales con la actual norma, vuelvo a exponer aquí la idea de reforma que ya esbocé hace año y medio:

La situación es insostenible. El principal partido de la oposición bloquea durante toda la legislatura la renovación del Consejo General del Poder Judicial para evitar que la voluntad popular manifestada en las últimas elecciones se traslade al órgano de gobierno del tercer poder del Estado.

El culpable es evidente, pero la responsabilidad es compartida, puesto que el sistema de elección posibilita este bloqueo, que no es nuevo, ya lo practicó el PP durante la primera legislatura de Zapatero. Entonces fueron las urnas quienes desatascaron el CGGJ al negarle nuevamente la victoria a Rajoy.

Urge por tanto cambiar el sistema de elección del Poder Judicial y hay mayoría parlamentaria más que suficiente para hacerlo. La necesidad brinda también la oportunidad de modificar no sólo el requisito de los 3⁄5 (para los 12 vocales cuya elección no regula la Constitución), sino de evitar los innegables problemas asociados a que los miembros del CGPJ estén marcados con la etiqueta del partido que los propuso.

Es un imperativo democrático que el tercer poder del Estado no esté gobernado corporativamente. Los jueces no pueden elegir a los jueces como los policías no pueden elegir a sus mandos ni los militares al ministro de Defensa. Es legítimo que la mayoría de jueces, como los policías y militares, sean conservadores, por cuestiones socioeconómicas, culturales, históricas y familiares, pero es ilegítimo que haya una mayoría conservadora perenne, ajena a los cambios en la voluntad popular, en órganos superiores que legislan más que los parlamentos a través de la interpretación de las normas y su expresión en la jurisprudencia.

El ejemplo estadounidense es cristalino. Las norteamericanas han perdido el derecho al aborto que protegía una sentencia de su Tribunal Supremo desde 1973 gracias a la supermayoría conservadora obtenida por los republicanos con fortuna, varios decesos de jueces vitalicios durante la presidencia de Trump, y malas artes, bloqueando el nombramiento que le hubiera correspondido a Obama.

La única alternativa democrática a que los partidos nombren a los jueces del CGPJ es que seamos los electores quienes lo hagamos directamente, lo que no es muy razonable dado que son muy pocos los jueces conocidos por la ciudadanía. Pero hay otra opción para que los grupos parlamentarios determinen el peso de conservadores y progresistas sin designarlos directamente.

¿Cómo? Estableciendo que los partidos voten listas cerradas y bloqueadas de jueces, seleccionadas y ordenadas por las asociaciones gremiales o por candidaturas independientes respaldadas por un mínimo de magistrados. Los puestos se repartirían de forma proporcional con una fórmula como la de nuestro sistema electoral.

De esta manera, unas Cortes con mayoría de izquierdas plurinacional elegirán a un CGPJ de mayoría progresista, pero cuyos integrantes habrían sido escogidos seguramente por la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia y por agrupaciones de jueces más próximas al nacionalismo, mientras que cuando haya mayoría parlamentaria de derechas los consejeros serán mayormente los avalados por la Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria. Quien encabece la lista más votada debería ser quien presidiera el Consejo y el Supremo.

Una reforma así de la LOPJ no puede encontrar oposición en Bruselas ni en buena parte de la judicatura. Quienes retienen una minoría de bloqueo y la utilizan para chantajear al Gobierno no van a votar a favor. Ni falta que hace.