Frente al bloqueo, gobernar por decreto para garantizar el derecho a la vivienda

Tras el inesperado cambio de Junts en su voto, que bloqueó la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, afirmó que el gobierno “perseverará hasta que el clamor social contra los abusos en la vivienda se traduzca en leyes”. Estas declaraciones, sin embargo, chocan con una realidad cada vez más clara: existe hoy en día una mayoría parlamentaria de derechas en España. Ante este bloqueo, la coalición de gobierno bien debería explorar alternativas legales que no pasen por el Congreso de los Diputados pero que pueden servir para garantizar el derecho a la vivienda. Más que convertir el “clamor social en leyes”, quizá sea momento de convertirlo en decretos.

Gobernar por decreto se enfrenta, por supuesto, a varios problemas. Existen barreras jurídicas a lo que un gobierno puede regular mediante lo que se conoce legalmente como desarrollo reglamentario: los decretos no pueden introducir delitos ni sanciones administrativas, ni tampoco establecer nuevos tributos, y deben por lo general limitarse a detallar y expandir lo establecido en una Ley. Sin embargo, las posibilidades de intervención en el mercado de la vivienda mediante Reales Decretos aprobados en el Consejo de Ministros, sin necesidad de acuerdo con Junts u otros socios reacios del bloque de investidura, es considerable.

Por ejemplo, se podría incrementar la fiscalidad sobre las viviendas vacías sin necesidad de pasar por el parlamento. Esto es posible gracias a una particularidad de la ley actual: los propietarios de inmuebles vacíos ya tributan en el IRPF como si estuvieran alquilados, según un porcentaje del valor catastral. La Ley del Catastro permite que este valor se ajuste mediante “cualquier otro factor relevante que se determine reglamentariamente”. Así, mediante un Real Decreto, el gobierno podría aumentar el valor catastral de los inmuebles sin uso, elevando su carga fiscal. En último término, esto facilitaría algo más clave: sacar al mercado más de 4 millones de viviendas vacías que se estiman que existen en España.

Las posibilidades regulatorias no acaban aquí. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 podrían trabajar en la prohibición de cláusulas abusivas en los contratos del alquiler. Para ello, no tendrían más que desempolvar y promover una modificación de un Real Decreto de 1989 sobre “protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compra-venta y arrendamiento de viviendas”. Hacienda, por su parte, podría modificar el reglamento del IRPF para evitar explícitamente que los propietarios puedan deducirse el IBI cuando este es pagado por el inquilino. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lo tendría aún más fácil: en aquellas CCAA donde se aplica un control de alquiler, como Cataluña, podría bajar el precio máximo con una simple modificación de la metodología de cálculo que utiliza. ¡No haría falta siquiera un Real Decreto!

Gobernar no siempre es sinónimo de tener poder (menos aún sin mayoría parlamentaria). Las empresas inmobiliarias y rentistas, aliadas con ciertos partidos, protegen tenazmente sus intereses. Sin embargo, la inacción del actual Gobierno en materia de vivienda es inaceptable teniendo en cuenta los recursos de los que dispone: más de medio millón de empleados públicos, un presupuesto ya aprobado de 386088 millones y, sobre todo, algo tan valioso como la potestad reglamentaria.