A vueltas con la amnistía

Con los vaivenes de la investidura el debate sobre la amnistía ha entrado con fuerza en el calderero político. Si bien se trata de una poderosa herramienta ampliamente utilizada como forma de resolución de conflictos, tal y como sucedió en la España de la transición, lo cierto es que la negociación para amnistiar los represaliados del 1 de octubre se circunscribe en una coyuntura muy diferente a la de la España transición.

Mientras que en aquella época se trataba de consolidar la democracia en España, ahora el objetivo es amarrar los votos necesarios para conseguir una investidura, a cambio de dar borrón y cuenta nueva a los encausados con motivo del referéndum de autodeterminación de Catalunya de 2017.

No obstante, de la misma forma que los contextos son bien diferentes, también lo son los delitos a absolver. La Ley de Amnistía del 77 exoneró de toda culpa a personas que cometieron delitos de sangre y se dio impunidad a los crímenes del franquismo. Las torturas cometidas por Billy el Niño, por poner un ejemplo, no ha podido ser juzgada por este motivo. Por lo tanto, un factor a tener presente en el debate sobre la amnistía es que los delitos a absolver, como consecuencia de los hechos del 1 de octubre, son claramente de menor enjundia.

Así como existen divergencias, también existen paralelismos. Tal y como sucede ahora, no todos los grupos parlamentarios se mostraron favorables a una ley de amnistía en el 77. En aquella época fue Alianza Popular, partido embrionario del actual PP, quien no la respaldó. Su portavoz, Antonio Carro, defendió el posicionamiento de su grupo indicando que “una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente sus propios destructores”. Curiosamente los motivos que Antonio alegó en 1977 bien podrían firmarlos Feijoo para no respaldar una hipotética amnistía en 2023.

Pero la de la transición no es la única amnistía aprobada por las Cortes españolas. Tal vez muchos no recuerden que El Partido Popular aprovechó la mayoría absoluta que obtuvieron en la X legislatura para aprobar otro tipo de amnistía: la fiscal. A grandes rasgos este tipo de amnistía permitió la condonación de obligaciones tributarias y de fraude fiscal de años anteriores, a cambio de un pequeño porcentaje. Dicho con otras palabras se permitió a los evasores fiscales regular su situación en el país sin consecuencias, a cambio de que el Estado ingrese una pequeña parte de dicho capital.

Resulta cuanto menos curioso que el mismo partido que defiende a capa y espada que no se puede permitir que aquellos que cometieron crímenes graves eludan su responsabilidad, perdonen sin sonrojo a aquellos compatriotas que evadieron impuestos llevándolos a paraísos fiscales.

Por lo tanto no debemos llevarnos a engaño. Los posicionamientos de los diferentes partidos son cambiantes en función de sus propios intereses y de la correlación de fuerzas existente a cada momento.

Es evidente que la amnistía es un tema complejo y polémico. En ningún caso es una solución perfecta. Existen beneficios y riesgos que deben ser bien sopesados antes de optar por este camino a seguir. Pero no puede obviarse que puede ser una herramienta poderosa para zanjar un conflicto renqueante y construir un futuro mejor.