El eje del maíz

Los pueblos mayas cuentan con una ciencia agrícola ancestral. Se sustenta en el maíz como eje generador de diversos sistemas agrícolas. En toda Mesoamérica, distintos componentes y elementos se combinan en el sistema conocido como milpa. El más común es la asociación de maíz, frijol y calabazas (güicoy, ayote o chilacayote). Este sistema permite que las personas tengan las calorías, proteínas y todos los nutrientes necesarios para su alimentación, que se complementa, por supuesto, con hierbas, frutas, verduras, tubérculos y carnes recolectados en el mismo cultivar o en el bosque cercano.

Pero la agronomía occidental ha determinado que este sistema no es ‘rentable’. No satisface las expectativas monetarias enmarcadas en la lógica de la acumulación y concentración de riqueza. Y en lugar de la milpa para subsistencia familiar, promueve el sistema de un solo cultivo, denominado monocultivismo. Se centra en que sólo exista una especie vegetal en el cultivar, sin competencia de ningún ser vivo. Esto incluye a los animales, vegetales, hongos, bacterias, protozoos…

Con el paso del tiempo, la apuesta monocultivista ha pasado de los granos básicos alimenticios a otros cultivos de ciclo largo (perennes), como el café, la caña de azúcar, el banano, el hule, la palma aceitera… Estas especies requieren grandes extensiones de terreno, planas y con agua a disposición. A pesar de que las tierras donde se plantan son habitadas por comunidades Mayas en su mayoría, no ha importado despojarlas, desalojarlas y obligarlas a migrar violentando, entre otros tantos, el derecho humano a la alimentación, sana y segura.

Este es el caso del Valle del Polochic, históricamente abandonado por el Estado. Sólo cuando la empresa azucarera agota sus tierras en el Sur del País, llega a dicho valle a establecer su industria, y para ello necesita que las y los habitantes, Maya Q'eqchi, desalojen el valle. Se emplea para esto la violencia, el uso de la fuerza pública, la alteración de títulos de propiedad de la tierra, y más mecanismos legales que acaban en el despojo y la destrucción ambiental y comunitaria.

Otro caso se vive en la costa sur de Guatemala, especialmente en comunidades de Coatepeque Quetzaltenango y Ocos San Marcos, donde las empresas de palma aceitera tienen la potestad de desviar el rio hacia sus tierras. Provocan que durante el verano el caudal disminuya a tal grado que en las comunidades ubicadas río abajo se vean limitados de pescado, cangrejo, camarón, que son indispensables en su dieta alimentaria diaria. El panorama cambia en el invierno, pues la empresa de palma aceitera simplemente levanta el bloqueo del río, provocando que las comunidades se inunden. Viviendas y cultivos se ven dañadas cada invierno por este acontecimiento.

Mecanismos similares operan en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, lugar donde se estableció una empresa minera. Los afluentes del rio Cuilco se han contaminados con cianuro, arsénico y otros metales por su causa: se ha perdido la biodiversidad de toda la cuenca, y las comunidades no pueden consumir el agua por el nivel de toxicidad que presenta.

Todo esto es una violación a la seguridad alimentaria de las familias y al derecho humano a la alimentación. El Estado de Guatemala, permisivo a los intereses transnacionales, partidario de las distintas formas de despojo e indolente ante las violaciones a los derechos humanos, a la vida en condiciones de dignidad, se hace cómplice de estas violaciones. Para el Estado, la seguridad alimentaria se limita a entregar bolsas con comida industrial y genéticamente modificada, y no vela por que la alimentación se constituya en un derecho de las comunidades. Esto es también otro signo de que el proyecto de desarrollo emprendido por el Estado y la visión de las transnacionales no estima el bienestar de las grandes mayorías, sino los intereses de los inversionistas.

Abandonar el sistema agrícola desarrollado desde la ciencia agrícola Maya implica que las comunidades tengan menos acceso a la calidad y cantidad de alimentos, pero también que las condiciones climatológicas sean alteradas como consecuencia de la acelerada perdida del equilibrio ecológico. Por eso también es necesario que la visión sobre la alimentación deje de ser la seguridad, y que vayamos hacia la soberanía alimentaria, que construyamos ese derecho a decidir qué queremos sembrar, cómo lo queremos sembrar, para qué queremos sembrar, dónde y qué vender, qué semillas queremos usar. Eso es soberanía, y es un instrumento político que debe ser parte de la resistencia de los pueblos.

Para el pueblo Maya, la agricultura es más que una actividad económica; es una forma de vida. Alrededor de ella giran la ciencia, las relaciones sociales, la educación, la generación de conocimiento, la garantía de poder armonizar con todos los bienes naturales (agua, aire, bosque, tierra, fuego). Se comparte en el pueblo Maya el pensamiento de que siempre se debe de pensar en el futuro, la colectividad y las nuevas generaciones. Por ello la ciencia se desarrolla generando técnicas, métodos e insumos que no impliquen dañar la madre tierra. La diversidad de cultivos, la conservación de suelos y el mejoramiento de semillas son elementales en dicha ciencia, que es la base para las relaciones sociales, económicas, culturales y ambientales.

Esto contrasta con la propuesta de desarrollo agrícola industrial cuya intención es alimentar el capital y la concentración de riquezas teñida de rojo por la sangre que se sigue derramando. La producción de monocultivos como azúcar, hule y palma aceitera, fertilizada con glóbulos rojos emanada de la venas campesinas e indígenas; la especulación del capital fortalecida mediante la desnutrición campesina e indígena, pero sobre todo protegida por el manto de un sistema jurídico injusto.

El derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria y la recuperación de la ciencia agrícola Maya son parte importante en la apuesta política de los pueblos por refundar el Estado monocultural y moverse hacia estados plurinacionales, donde se respete la vida, la alimentación y la cultura de todas las personas.