Catalá dice que el Gobierno no descarta “a priori” aplicar el artículo 155 para garantizar “que se va a cumplir la ley”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que no hay, por parte del Gobierno español, “ningún descarte a priori” de aplicar en Cataluña, antes de las elecciones generales, el artículo 155 de la Constitución que suspendería la autonomía catalana, y ha considerado “inimaginable” que “un responsable político democrático pueda hacer un planteamiento de incumplimiento de las normas”.

Catalá ha realizado estas declaraciones a los medios antes de intervenir, en el Colegio de Abogados de Vizcaya en Bilbao, en la XXX Asamblea de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, en la que también ha participado el portavoz del Gobierno vasco y consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka.

En referencia a la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso presentado por el Gobierno central contra la resolución del Parlamento de Cataluña, Catalá ha recordado que “lleva incorporada la petición de la suspensión de la resolución del Parlamento de Cataluña y también la petición de notificar personalmente a todos los miembros de la Mesa del Parlamento y a todos los miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña la obligación de cumplir la suspensión”, y, según ha dicho, “parece lógico y evidente que las resoluciones del TC se cumplan”.

Preguntado si el Gobierno descarta aplicar el artículo 155 hasta después de las elecciones generales, Catalá ha dicho que “no hay ningún descarte a priori, porque, como bien ha manifestado el presidente del Gobierno en sus intervenciones de los últimos días, el Gobierno va a garantizar que España es un Estado de derecho y que se va a cumplir la ley, y que el Gobierno y sus instituciones tienen toda la facultades que nuestro ordenamiento jurídico establece para que así sea”.

El ministro ha señalado que el TC “puede hacer cumplir sus resoluciones” y, además, “existen los tribunales de justicia, la Fiscalía General del Estado y los mecanismos que la propia Constitución establece”.

Por lo tanto, ha manifestado que, “con toda la fuerza de la ley, con toda la Constitución, con todas las garantizas que la democracia que existe en España atribuye al Gobierno, con toda esa legitimidad que nos da el conjunto de los ciudadanos y nuestro modelo de convivencia, el Gobierno va a actuar con prudencia, moderación, y propocionalidad, pero, por supuesto, asegurando y garantizando que se cumplan las normas”.

Según ha subrayado, “que se cumplan las normas es la primera obligación de cualquier gobernante, de un gobierno local, autonómico y estatal”. “España es un Estado donde se respetan las leyes, estamos en una sociedad democrática, en una Europa abierta y integradora, y, por lo tanto, los que pretenden levantar barreras, separar, y generar conflictos de convivencia entre los españoles se equivocan”.

El ministro de Justicia ha advertido que no se puede olvidar que “si existe un Parlamento de Cataluña, si existe un Gobierno de la Generalitat es, precisamente, porque la Constitución lo prevé, y de la norma fundamental es de la que surge toda la legitimidad y todas las instituciones de las que disfrutamos en España democráticamente”.

Por lo tanto, ha dicho que el hecho de que “desde cualquier gobierno o institución se puede hacer un planteamiento de incumplimiento de la Constitución y la búsqueda de una legalidad distinta de la que es la general, la que deriva de la propia Constitución, es una construcción artificiosa, una construcción que no tiene ningún fundamento”.

Catalá ha asegurado que España es un país “donde se respetan las leyes, donde se respeta la Constitución, donde convivimos en democracia desde hace ya muchos años y donde se ha alcanzado un nivel de desarrollo social, económico, político e institucional de primerísimo nivel” y ha advertido de que “nadie puede estar al margen del cumplimiento de las leyes”. “Nadie está por encima de la ley, mucho menos un gobernante que su legitimidad deriva del poder que le confieren los ciudadanos y la propia Constitución”, ha remarcado.

Por ello, ha asegurado que no le cabe “ninguna duda de que las normas en España se van a cumplir” y ha señalado que “existen todos los instrumentos del Estado de derecho para que todos los ciudadanos cada día respetemos las leyes y cumplamos las normas que regulan nuestra convivencia”. Por eso, ha afirmado, “también el Gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña van a cumplir y acatar las normas”.

Ante la declaración de la CUP de que no acatará las resoluciones del Tribunal Constitucional, Catalá ha dicho que “en un Estado de derecho existen unas reglas de convivencia y unas normas para garantizar que se cumplan las leyes”.

En ese sentido, ha recordado que la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de hace unas semanas “iba encaminada, precisamente, a darle más capacidades al TC, para que, si alguien se plantea incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, el propio TC tenga sistemas de requerimientos, sanciones económicas, inhabilitaciones o ejecuciones subsidiarias por parte del Estado”. Además, ha recordado que “existe, evidentemente, la vía penal cuando se incumplen las leyes”.

Según ha dicho, lo que hay que transmitir a los ciudadanos es que “España es una democracia madura, es un Estado de derecho donde se cumplen las leyes, donde las mayorías representadas a través de los ciudadanos y de los parlamentos establecen las reglas de convivencia”. “Nunca la minoría se puede imponer a la mayoría, la mayoría de los ciudadanos españoles tenemos la fuerza de la razón y de la ley y, por lo tanto, se van a cumplir con toda seguridad las normas en España”, ha reiterado.

Catalá ha asegurado que “los partidos democráticos van a estar en el respeto a la ley y a la soberanía popular, y en el cumplimiento de las normas”. Para el ministro de Justicia, “resulta inimaginable, más allá de declaraciones dialécticas y de un momento determinado, que un responsable político democrático elegido por los ciudadanos para representar los intereses de unos ciudadanos, defender un interés general, y cumplir las leyes, pueda hacer un planteamiento de incumplimiento de las normas”.

Por eso, ha considerado que declaraciones como las realizadas por la CUP “tienen que ver más con un momento político determinado, con posiciones políticas y dialécticas”, pero que, al final, “España es un estado de derecho en el que cada día los españoles nos levantamos y convivimos en democracia gracias a un marco jurídico y unas normas que nos hemos dado entre todos, y eso sucede en toda España y también en Cataluña”.