Catalá cree que la Justicia precisa más de eficiencia que de nuevas leyes

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido hoy que los cambios precisos en el servicio que prestan los juzgados y tribunales para responder a lo que los ciudadanos esperan de ellos ya tienen que ver más con la eficiencia que con nuevas reformas de códigos o leyes.

Catalá ha ofrecido hoy una conferencia en el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria en la que ha hecho balance de lo que ha representado esta legislatura para la Administración de Justicia, en la que no solo ha defendido las reformas acometidas, sino también aquellas que el Gobierno ha desistido de llevar adelante tras llegar a la conclusión de que aportaban más inconvenientes que ventajas.

El ministro ha dicho que le “duele” la mala imagen que tiene la Justicia entre un gran número de ciudadanos, porque considera que no es merecida, pero ha matizado que no por ello hay que dejar de analizar a qué se debe esa percepción, para actuar en consecuencia.

En este contexto, Catalá ha reconocido que este Gobierno, “y también los anteriores”, no se han preocupado lo bastante de los medios y de los esquemas organizativos con que debería contar la Justicia para cumplir con sus facetas de servicio público esencial.

“Seguro que en el futuro se harán nuevas reformas legislativas, pero donde hay que avanzar con decisión, porque no lo hemos hecho lo suficiente hasta ahora, es en configurar la Justicia como un servicio eficiente y productivo”, ha argumentado el ministro, ante un auditorio compuesto por medio centenar de personas, muchos de ellos jueces, fiscales, abogados y profesionales del derecho.

Catalá también ha admitido que, si se habla de modernización, la Justicia “se ha quedado atrás” en conseguir que las nuevas tecnologías produzcan sistemas de trabajo más ágiles y cómodos para el ciudadano, como los que sí se han implantado desde hace años en ámbitos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

“En eso, somos los últimos de la fila”, ha sentenciado el ministro, que se ha felicitado de que la “madurez política” esté llevando ya a todas las comunidades autónomas a comprender que no tiene ventaja alguna que cada una se dote de un sistema informático judicial diferente. “Con ello solo han ganado las empresas proveedoras; los demás, no hemos ganado nada”, ha añadido.

En la misma línea, ha llamado la atención sobre la necesidad de que el hecho de que buena parte de las comunidades autónomas hayan asumido las competencias en esta materia no conduzca a diferencias territoriales en el sistema de protección de derechos fundamentales.

“El estado de las autonomías no puede llevarnos a Españas de diferentes velocidades en este tipo de servicios públicos”, ha razonado, antes de añadir que los derechos fundamentales de los ciudadanos deben garantizarse por igual “en todos los territorios”.

En cuanto a la imagen de lentitud que arrastra la Justicia, Catalá ha recordado que la gran mayoría de los litigios son resueltos “en cuestión de meses” en todos los ámbitos, desde los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción hasta el Tribunal Supremo, pasando por las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, mientras que aquellos casos que se demoran años “solo representan el 5 por ciento”.

No obstante, ha admitido que en este campo hay mucho que avanzar y ha confiando en que surtan efecto las reformas legales que han despenalizado la gran mayoría de las faltas y que ahora establecen que los casos sin autor conocido no lleguen a la mesa del juez o del fiscal hasta que exista un sospechoso al que enjuiciar.