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La reforma del Código Penal no considera atentado la resistencia pasiva ni castiga convocar movilizaciones

La reforma del Código Penal no considera atentado la resistencia pasiva ni castiga convocar movilizaciones

EUROPA PRESS

MADRID —

En este punto, la visión de Justicia se contradice con lo manifestado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien avanzó en el Parlamento que se incluiría como delito de atentado contra la autoridad “la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad”.

“La reforma del Código Penal clarifica la definición del delito de atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente. Pero no se equipara con la acción de resistencia meramente pasiva que, junto a la desobediencia, se mantiene, como hasta ahora, penada con entre seis meses y un año de cárcel”, explica el anteproyecto de reforma Código Penal presentado.

En cuanto a las convocatoriasde movilizaciones, en el nuevo texto “sólo se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público. Es decir, no la simple convocatoria a movilizaciones, sino la incitación a cometer actos de violencia constitutivos de desórdenes graves en esas convocatorias”.

Una de las novedades del texto es que se incluye en la definición de alteración del orden público una referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas. Como ocurre actualmente, la pena se agrava cuando se porten armas, se exhiban simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas, así como los actos de pillaje.

Se regula como supuesto atenuado la entrada o invasión colectiva de oficina o establecimiento, cuando se altere indebidamente su normal actividad, aunque no lleguen a producirse actos de violencia o amenazas.

Por su parte, la falta de desobediencia desaparece del Código, pero se sancionará como infracción administrativa de la Ley de Seguridad Ciudadana, según explica el Gobierno. Además, se incluirán como sujetos protegidos los miembros de los equipos de asistencia o rescate.

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