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Las Cortes de Castilla y León investigarán los contratos de su presidenta, Silvia Clemente, cuando era consejera

Silvia Clemente durante su etapa de consejera de Agricultura de Castilla y León presentando 'Tierra de Sabor'

Laura Cornejo

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, deberá dar salida a una petición de información efectuada por el Grupo Parlamentario Socialista que le afecta muy directamente. La investigación de eldiario.es sobre las obras en la casona de su familia política, tasadas en 1.165.390 euros y pagadas por su marido sin que se haya aclarado el origen de los fondos, ya ha provocado la primera reacción en el Parlamento regional.

El caso se había soslayado hasta el momento. En la Cámara que Silvia Clemente preside desde 2015 algunos parlamentarios se excusaban en que era un asunto “personal”. Además, el Reglamento de las Cortes prohíbe preguntas sobre subvenciones, contratos publicitarios o créditos del Itacyl (dependiente de la Consejería de Agricultura) referidos a una única empresa. El dinero recibido por la empresa patatera del marido de la presidenta Patatas Meléndez SL, era una información vetada políticamente.

Sin embargo, la última derivada del caso, el recurso del marido de Clemente cuando se le negó una subvención de Agricultura en la etapa en la que su mujer dirigía el departamento, llevó a que el PSOE pidiese los expedientes de esa subvención la pasada semana. Y la última información, acerca de los contratos menores que ha recibido el empresario al que se adjudicaron las obras de la casa tanto en el Itacyl en la etapa de Clemente como consejera como en las Cortes desde que ella las preside, han llevado al Grupo Parlamentario Socialista a tomar la iniciativa.

Los procuradores José Francisco Martín y Pedro González quieren que se les informe sobre “la relación de pagos, incluyendo fecha cuantía y concepto, realizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de los entes públicos vinculados o dependientes de la misma, desde 2000 hasta la actualidad” a Reparaciones Rada SL, su anterior denominación Mat obras Urbanas SL y su administrador único, Raúl David Rodríguez Ibáñez.

Según el Registro Mercantil, Reparaciones Rada SL se creó el 28 de enero de 2010 en Valladolid, poco antes de que el marido de Clemente, Javier Meléndez, encargase las obras de reforma en la casa de sus padres. Su capital social es de 3.010 euros, y tuvo una denominación anterior, Mat Obras Urbanas SL.

Fuentes del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), dependiente de la Consejería de Agricultura, aseguran que Reparaciones Rada recibió “muchos contratos menores” en la etapa en que Clemente estaba al frente de Agricultura en el Gobierno de Juan Vicente Herrera. La web de la propia empresa corrobora esa información  en el apartado de “trabajos realizados” donde recoge servicios destacados y dice literalmente: “Mantenimiento de las instalaciones, Jardines e infraestructuras del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, así como de las diversas reparaciones y reformas que allí se acometen”. Pero, además esa empresa, cuyo objeto social es la construcción nueva, obras de restauración y reparación con obras, rehabilitación de edificios y toda clase de inmuebles, así como instalación y acabados de los mismos, también ha obtenido contratos menores en el Parlamento regional.

En el Portal de Transparencia de las Cortes de Castilla y León, aparecen sucesivos encargos entre 2017 y 2018. Entre el 1 de enero al 31 de julio de 2017, Grupo Rada obtuvo tres contratos por un concepto distinto al de su denominación social (“servicio de traslado y colocación de mobiliario”). Dos de las contrataciones son por 1.299 euros y uno por 5.937,83 euros. En se segunda mitad del año 2017 figura un cuatro contrato para el “refuerzo de instalaciones de proyección audiovisual” por 2.973,96 euros. En el primer semestre de 2018, el único  de este año que figura hasta ahora en el Portal de Transparencia de Las Cortes de Castilla y León, Grupo Rada fue contratado otras dos veces: una para un nuevo traslado de mobiliario, por 5.937,83 euros (un importe exacto al del año anterior) y otra por el mismo concepto pero con menor cuantía, 865,09 euros.

Será la Mesa de las Cortes, compuesta por la presidenta, Silvia Clemente, dos vicepresidentes y tres secretarios, quien decida sobre la tramitación de los escritos y documentos. Tal y como explicaron fuentes del PSOE, la Junta de Castilla y León siempre ha sido reacia a dar explicaciones sobre las subvenciones de la Consejería de Agricultura, los créditos que concede el Itacyl a determinadas empresas o su inclusión en la marca creada por Clemente, Tierra de Sabor.

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