El abogado de Crespo llamará a declarar a personas vinculadas con la Xunta

El abogado José Ramón Sierra, que representa al presidente de la empresa Azetanet, Gerardo Crespo, ha explicado hoy que pedirá que declaren funcionarios de la Xunta y otras personas que “podrían ser asesores”, aunque no ha concretado sus nombres, en el marco de la Operación Zeta.

El juzgado de instrucción número seis de A Coruña investiga un posible fraude en el cobro de subvenciones por cursos de formación que no se ejecutaron el que ha imputado a treinta personas, entre ellas cargos públicos, organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales.

La Policía piensa que pudieron estafar, presuntamente, veinte millones de euros en una unión de los supuestos delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.

El letrado ha dicho que, como defensor de Gerardo Crespo, está pidiendo “numerosas pruebas documentales que acreditan que los cursos de formación han sido hechos, fiscalizados, autorizados y aprobados por la Xunta” y que todas “han sido admitidas”.

También solicitará que declaren ante la jueza “personas que curiosamente todavía no han declarado en esta causa y que salen en repetidas ocasiones en las diligencias y en la investigación judicial”.

“Creemos que es pertinente que declaren y expliquen cosas. Algunos son funcionarios y otros tienen una categoría un poco ambigua, difícil de definir, que podrían ser asesores”, ha comentado, si bien no ha aclarado quiénes son.

Sostiene que “la Xunta tenía conocimiento de todo este procedimiento” antes que el propio Crespo, un extremo que tendrá “que demostrar” en sede judicial.

“Las Administraciones manifiestan que desconocían la existencia de esta causa. En nuestra opinión eso no es cierto, se demostrará y se verá si hay connivencia o no hay connivencia en los hechos que se nos imputan o si, por el contrario, estamos mintiendo o no”, ha enfatizado.

Ahora esperará al “informe de la Agencia Tributaria, que es la base de la acusación”, puesto que en el sumario “se habla de delitos fiscales, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, todos delitos económicos”.

“Lo curioso es que quien puede acreditar la existencia de estos delitos es la Agencia Tributaria, que lleva tres años y medio para hacer un informe. Por eso queremos declarar pero no sabemos de qué vamos a declarar porque no sabemos cuál es el dinero que presuntamente nos hemos llevado”, ha señalado después de que su patrocinado se acogiera por esta razón a su derecho a no declarar.

Espera tener el informe en algún momento y ha ironizado con que “a lo mejor” llega “a los cinco años” y entonces podrá “empezar” la defensa, ya que, en cuanto llegue, Crespo “será llamado a declarar” y si no lo llaman, será Sierra el que lo pida “específicamente”.