Europa insta a España a regular 'la puerta giratoria' de los parlamentarios hacia lo privado
“España se ha visto afectada por un importante número de casos de corrupción relacionados con destacadas figuras políticas, altos funcionarios y empresarios”. Así arranca un informe del Consejo de Europa relativo a la prevención de la corrupción en nuestro país elaborado por el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa). Los examinadores europeos se llevaron esa impresión tras su visita a España el mes de junio pasado, tan solo unos días antes de que el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas entrara en prisión y tan solo unos días después de que el juez Elpidio Silva enviara a Soto del Real por segunda vez en menos de un mes al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. El expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, llevaba por entonces medio año entre rejas.
“Los recientes escándalos de la vida política en el país están erosionando la credibilidad de las instituciones”, señala el informe publicado este lunes, en el que el Consejo de Europa aprecia las medidas en materia de corrupción tomadas durante las últimas dos décadas, como la creación de la Fiscalía Anticorrupción en 1995, aunque insta al Gobierno a dar pasos para frenar la desilusión ciudadana hacia las instituciones. También alaba la labor desempeñada por jueces y fiscales -“con un fuerte espíritu de servicio público”-, pero cuestiona la independencia de sus órganos de gobierno.
El Consejo de Europa analiza en este informe aspectos relativos a la credibilidad y la transparencia de los miembros del Parlamento y recomienda a España que refuerce la “cultura ética entre los parlamentarios e incluso adopte un código de conducta”. Ese texto debería imponer guías para que los diputados tengan claros cuáles son sus conflictos de interés y se abstengan de participar en ciertas votaciones.
El informe también recoge los comentarios sobre representantes que han pasado a trabajar en el sector privado tras su mandato y muestra su “preocupación” ante el hecho de que un “parlamentario pueda usar su posición para asegurarse el empleo en una empresa privada una vez que deja el cargo”. Por ello, insta a las autoridades a reforzar en ese código de conducta las incompatibilidades posteriores al mandato, es decir, a regular la conocida como 'puerta giratoria'.
Hace especial hincapié en la regulación de los regalos que reciben los diputados que hasta ahora no tenían que declarar los que recibían en el ejercicio de sus funciones y que, tras la aprobación de la ley de transparencia, estarán prohibidos salvo los que tengan una naturaleza “social, de costumbre o cortesía”. Los examinadores proponen que se prohíba la recepción de regalos por encima de una cantidad o que no se prohíban pero se obligue a declararlos públicamente.
También recomienda la introducción de normas sobre la relación entre los parlamentarios y los 'lobbies' o grupos de presión, aunque matiza que las autoridades españolas han confirmado su intención de regular esta materia y elaborar un registro de lobbistas.
Estrasburgo celebra que desde hace un tiempo los representantes públicos hagan públicas sus declaraciones de la renta, aunque echa en falta algunos aspectos importantes para sacar a la luz posibles conflictos de interés. Por ejemplo, señala que hagan referencias a las empresas en las que tienen acciones, los intereses que pagan por los créditos concedidos por los bancos o información sobre los regalos o viajes patrocinados de los que disfrutan, entre otros.
El informe enumera los ingresos que obtienen los diputados por su actividad parlamentaria: 2.813 euros de sueldo, compensación por vivienda (1.823 para los diputados que no son de Madrid y 870 para los elegidos en esta comunidad), ayudas para transporte (0,25 euros por kilómetro recorrido o 3.000 euros anuales en taxis) y ayudas económicas para los viajes oficiales. El GRECO sitúa estos ingresos por debajo de la media europea y no cree que se haga un “mal uso” de las dietas dado que “no son entregados a los diputados en efectivo, sino en crédito utilizable sólo por el gasto declarado”.
El Consejo de Europa carga contra el sistema de elección parlamentaria basado en las listas cerradas y bloqueadas diseñado en 1978 “para poner en marcha un sistema político cohesionado tras años de dictadura”. Para la institución europea, ese sistema ha provocado que “los partidos políticos se rijan por estructuras rígidas en las que los líderes se quedan con los poderes de decisión”. “Este sistema favorece la lealtad al partido por encima de la lealtad al electorado y provoca que los grupos parlamentarios tengan el control y se ejercite la disciplina interna por encima de la individual”, critica el informe, que llega a decir que la disciplina es “decisiva” a la hora de incluir a los diputados o senadores en las listas electorales.
En cuanto a las herramientas para que los diputados puedan seguir sus propias convicciones, el informe cita el voto secreto, pero lo considera insuficiente para “anular el escenario de dominación del partido”. Estas críticas se producen poco después de que diputados del PP hayan pedido libertad de voto para oponerse al proyecto de ley del aborto que ha impulsado Gallardón, entre ellas Celia Villalobos, que ya fue sancionada por ausentarse en la votación de la reforma del Gobierno de Zapatero. El partido de Rajoy ha negado que vaya a permitir que sus diputados vayan por libre.
