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Francisco Correa, la llave para abrir la caja B del PP

Sus 13 horas de declaración en el juicio de Gürtel han servido a Anticorrupción para pedir que se reabra la pieza separada sobre la financiación irregular del partido

El cabecilla de la trama explicó que los empresarios pedían que se amañasen a su favor obras del Estado a cambio de pagar comisiones del 3% al PP

Durante sus tres días ante el tribunal no lo contó todo: no ha dicho quién del Ministerio se ocupaba de manipular los contratos

La Fiscalía pide reabrir el caso de la caja B del PP tras revelaciones de Correa

Francisco Correa, a la entrada de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. EFE

Toda las miradas apuntaban a la silla situada frente al tribunal que juzga el caso Gürtel. El pasado 13 de octubre, Francisco Correa iniciaba el primero de sus tres días de declaración en el juicio sobre el mayor caso de corrupción de la historia del PP. No lo contó todo, pero sus revelaciones han sido suficientes para que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido reabrir el caso de la caja B. Una declaración de 13 horas en las que detalló que el Gobierno de José María Aznar amañaba grandes adjudicaciones a cambio de mordidas que iban a parar a la contabilidad en negro del partido.

Correa es el gran protagonista de este juicio. La trama a la que su apellido da nombre le tiene a él como principal imputado en un proceso que juzga a casi 40 personas. La petición de cárcel más alta de la Fiscalía recae sobre sus hombros: 125 años y un mes de prisión. La expectación sobre su declaración creció a medida que se acercaba la fecha, cuando se empezó a sugerir que había alcanzado un pacto con el Ministerio Público para tirar de la manta a cambio de pasar menos años a la sombra.

El hombre que durante muchos años estuvo en la cúspide del conglomerado empresarial que se nutría del dinero público de las administraciones del PP, comenzó diciendo que quería aclarar los hechos de los que se le acusaba. Lo que siguió fue una sucesión de detalles sobre cómo funciona la corrupción, sobre cómo se compra a los cargos públicos –aunque él no lo llamase cohecho–, y por encima de todo, sobre cómo hubo una época en la que se utilizaba el Estado para financiar irregularmente a un partido político.

Esta parte, la que más interesaba, tardó en llegar. En la mañana del jueves 13, Correa se refirió a la grabación más célebre del caso, en la decía que había llevado 1.000 millones de pesetas a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP, "a Génova y a su casa". Primero dio una explicación exculpatoria. "Era una expresión", dijo, y a lo que se refería era al ahorro que había conseguido para la formación con la organización de actos electorales.

El relato sonó inverosímil para todos, también para la fiscal Concepción Sabadell, que le volvió a preguntar por la tarde. La respuesta en este segundo asalto fue muy distinta. Correa se desdijo de lo que había afirmado unas horas antes y admitió que hablaba de dinero procedente de obras públicas: "No niego lo que digo aquí, lo que no puedo precisar es si fuero 500, 1.000 o 2.000 (millones de pesetas). Lo que es cierto es la práctica".

La fiscal siguió por esa senda y consiguió que Correa contase que el dinero procedía del amaño de obras del Estado, "carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente". Llegó a resumir cómo funcionaba el proceso: "Un empresario nos daba la licitación para ver si la obra podía ser para nosotros, yo se lo pasaba a Luis Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si el empresario conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova".

No contó con quién se gestionaban los amaños en el ministerio, pero sí dio el nombre de algunas de las empresas. OHL, ACS, Dragados estarían entre las compañías que agradecían con sobres de dinero las gestiones a su favor. Si finalmente declara como imputado en la caja B, el fiscal Antonio Romeral y las acusaciones tendrán ocasión de pedirle nombres, de que diga qué político era el que movía los hilos para manipular los concursos públicos.

Romeral quiere que también declare como imputado Plácido Vázquez, el supuesto comisionista que servía de enlace con las grandes empresas. Durante el segundo día de declaración, Correa dijo que él era quien "gestionaba con las grandes constructoras de este país los proyectos de obra". Era él quien recibía las mordidas que luego se repartían los implicados.

Correa ha implicado a Vázquez directamente en el sistema de amaños otorgándole el papel de intermediario, de quien trasladaba a la trama las peticiones de las empresas. Éstas le pedían que mediase a favor de las obras concretas que les interesaban. Luego pagaban una comisión que, según explicó Correa, a veces él llevaba personalmente a la sede del PP, en la que entraba por el parking gracias a una acreditación especial.

El resto de las revelaciones de Correa versaron sobre lo bien que trataba a los políticos amigos, sobre cómo fue ganando peso en el PP y luego esa relación se rompió, sobre Suiza, sobre sus chapuzas para ayuntamientos del PP. Detalles sobre la el día a día de la trama Gürtel, pero ninguno tan importante como el relato del amaño de la gran obra pública del Gobierno de Aznar.

Ahora, tres meses y medio después, ese relato que comprometió al PP en los titulares de prensa, podría hacerlo también frente a un tribunal, otro más, que juzga la corrupción que anidó durante años en el seno de la formación. Y si finalmente es así, será gracias a la persona con la que empezó todo, Francisco Correa.

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