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La familia Franco pide al Tribunal Constitucional que paralice la exhumación

Francisco Franco Martinez-Bordiu (d), nieto del dictador Francisco Franco.

EFE

Madrid —

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La familia Franco presentará este jueves ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo en el que pide como medida cautelarísima que paralice la exhumación de los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el representante legal de los nietos de Franco ha elaborado un escrito de 120 páginas en el que solicita que se suspenda con carácter inmediato la sentencia del Tribunal Supremo que avala sacar los restos del dictador para llevarlos al cementerio madrileño de El Pardo Mingorrubio.

Este paso supone que el tribunal de garantías deberá pronunciarse la próxima semana sobre si acepta o no la cautelarísima, lo que implica que mientras se resuelve esta cuestión urgente, el Gobierno no puede exhumar aun los restos de Francisco Franco.

La cautelarísima es una medida muy excepcional que se aplica en supuestos muy extremos, de manera que suele ser poco probable que el Constitucional la acuerde, explican a Efe otras fuentes jurídicas.

Así, la intención del tribunal de garantías es resolver sobre esta petición urgente de los Franco la próxima semana y si no se adopta esta medida, el Ejecutivo tendrá ya vía libre para ejecutar la sentencia del Supremo y exhumar a Franco independientemente de si el Constitucional admite o no después el recurso de amparo.

A la espera de la presentación del recurso, los Franco alegan ante el tribunal de garantías que el Supremo ha vulnerado varios derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

En concreto, el artículo 14 que dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El 16 que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, y habla de que los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, que es precisamente uno de los problemas actuales tras la negativa del prior a autorizar al Gobierno el acceso a la basílica.

También consideran que se ha violado el artículo 18 sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar así como el 24 sobre el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales.

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