Sánchez se limita a celebrar que “las personas involucradas” en el procés “sean juzgadas” tras la decisión de Alemania
El Gobierno evita valorar lo que significa que un tribunal alemán haya decidido extraditar a Carles Puigdemont por malversación dejando fuera los delitos de rebelión y sedición que le atribuye el juez Pablo Llarena. Pedro Sánchez se ha escudado en su “máxima” de no valorar las decisiones judiciales y se ha limitado a celebrar que “las personas involucradas” en el proceso de independencia de Catalunya en el último semestre de 2017 “sean juzgadas”.
Para Sánchez, la “lo único que espera la sociedad” del Gobierno no es que califique las resoluciones judiciales sino “respetarlas”. “Nuestro país es un estado social y democrático de derecho. A poder ejecutivo lo que es del Ejecutivo y al poder judicial lo que es del judicial”, ha expresado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas tras la cumbre de la OTAN.
“Aquellas personas involucradas en los hechos que ocurrieron en el último semestre de 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles”, se ha limitado a decir el presidente, que después ha enfatizado la necesidad de resolver desde la política un “problema político”.
“Dentro de la Constitución podemos encontrar muchos caminos que resuelvan desde el punto de vista político esta crisis política –ha continuado Sánchez–. Si empezamos a hablar de los problemas podremos abordar las cosas que nos separan de manera más constructiva”. El presidente ve en su encuentro con Quim Torra del pasado lunes el primer paso para entablar esa normalidad entre administraciones.
Tampoco la vicepresidenta, Carmen Calvo, había querido minutos antes comentar la decisión de Alemania, que impide al Supremo juzgar al expresidente catalán por delitos de rebelión y sedición que el tribunal español sí atribuye a otros miembros de su gabinete, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no va a pronunciarse sobre las decisiones judiciales, sean españolas o de otro país, aunque ha matizado: “No quita para que nosotros deseemos que la justicia española pueda trabajar con nuestro derechos, con el derecho interno de nuestro país, para sacar adelante una causa que todos conocemos y que es parte de la justicia española”.
La decisión del tribunal alemán se ha conocido cuando Calvo estaba reunida con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, pero en declaraciones a los periodistas ha asegurado que se han enterado después y que no han hablado de ese asunto.
La vicepresidencia del Gobierno ha restado importancia a ese encuentro que se produjo a petición de Aragonès, que también iba a tener una reunión en el Ministerio de Hacienda. “Forma parte de la normalidad y de lo que queremos que sea habitual con todas las comunidades autónomas y, en el caso de Catalunya, por razones que no se nos escapan por la crisis que hemos vivido y porque necesitamos llevar al diálogo y a la política lo que tiene que ser normal de los problemas de Catalunya en el contexto del Estado español”, ha aseverado Calvo.
En esa reunión han reiterado el compromiso de que la primera reunión de la comisión bilateral que pusieron en marcha Pedro Sánchez y Quim Torra sea antes de que acabe el mes de julio. “Hemos hablado durante un tiempo razonable de la situación que abordamos de manera conjunta el Gobierno de España y el de Catalunya”, ha expresado la vicepresidenta que ha enmarcado su reunión con Aragonés en la “imagen con contenido de normalidad” que supone “hablar con franqueza” entre administraciones.
